Preguntas Frecuentes en Derecho Penal

En esta sección, elegimos las interrogantes que con más frecuencia nos realizan nuestros clientes. Sólo debe hacer clic en la pregunta y allí se desplegará la respuesta. Si al leer el contenido usted continua con la inquietud o tiene alguna otra consulta, solo debe ir a la ventana “Contáctenos” y hacer su pregunta; con gusto le responderemos dentro de un término razonable.

Al formular su pregunta solo debe tener presente los siguientes puntos:

La pregunta tiene que ser exclusivamente sobre derecho penal, es decir, sobre una investigación o proceso penal. La misma debe ser breve y sobre temas específicos y puntuales.

Si usted es detenido por un delito, lo primero que debe hacer es guardar silencio, exigir que le permitan hacer una llamada telefónica para contactar a sus familiares o su representación diplomática, si es extranjero, para que le envíen a un abogado de su confianza. No debe dar ninguna entrevista que no sea con la presencia de su abogado..

Por otro lado, usted tiene derecho a ser informado del motivo por el cual se le está deteniendo. Recuerde que su silencio no puede ser tomado como un indicio o grado de responsabilidad en su contra.

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1. Si usted es aprehendido en Panamá y la autoridad que ejecutó su detención le informa que la aprehensión obedece a un pedido de extradición, usted queda sometido al proceso de extradición establecido en la legislación panameña y dentro de las fases del proceso, usted tiene la oportunidad de hacer valer sus derechos.

2. Dentro de las 48 horas se le celebrará una audiencia de legalidad de la aprehensión ante los Magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. En esta audiencia usted tiene el derecho de ser asistido por un abogado particular o también puede aceptar una defensa estatal. El propósito de esta audiencia es revisar si durante el acto de la aprehensión y hasta la audiencia de legalidad se cumplió el término de 48 horas y si en el momento de la detención se respetó la exigencia constitucional, es decir, si existe un mandamiento escrito y expedido por autoridad competente, si se le informó los motivos de la detención, de sus derechos de contar con un abogado y que no estaba obligado a declarar en su contra ni en contra de sus parientes.

3. Abierta la sesión de la audiencia, usted tendrá que identificarse y a renglón seguido el magistrado ponente le preguntará si está o no de acuerdo con su extradición y si accede a ser entregado en un proceso de extradición simplificada.

4. Si usted accede a una entrega simplificada, significa que ha renunciado al proceso ordinario de extradición, se cierra la audiencia y usted será puesto a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores para los trámites de entrega. La entrega siguiendo los pasos de la forma simplificada puede tardar en promedio 60 días.

5. Si usted considera que probatoriamente puede demostrar la ilegalidad de la petición por parte del Estado requirente o que existe un error tanto en la persona solicitada como en los hechos incriminados, entonces rechazará la petición de entrega simplificada y se someterá al proceso ordinario de extradición. En este caso la Corte Suprema de Justicia, le concederá 60 días calendarios al Estado requirente para que dentro de este término formalice la extradición. Si el Estado requirente no formaliza la extradición en dicho término, la Corte Suprema a petición del abogado o de oficio ordenara su inmediata libertad.

6. Si el Estado requirente entrega la documentación de formalización dentro de los 60 días calendarios, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregará la documentación a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internacionales para que esta a su vez la presente ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia para que en audiencia dispongan o no la prisión formal por el tiempo que dure el procesa de extradición. Si los magistrados deciden aplicarle al extraditable una prisión formal por el tiempo de dure el proceso de extradición, le concederán un término razonable al Ministerio de Relaciones Exteriores para que dicte la resolución ministerial en la que el Ejecutivo decida si la extradición es procedente o no. Si niegan la aplicación de la prisión formal, le concederán al extraditable la inmediata libertad.

7. Si en la Resolución Ministerial el Ministerio de Relaciones Exteriores decide procedente el pedido de extradición, la defensa tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un recurso que se denomina Incidente de Objeción. En este recurso la defensa hará valer una o más de las cuatro (4) causales que establece la ley como requisito para presentar el recurso. Estas son: 1. Que la persona conducida ante la autoridad judicial no sea la persona cuya extradición se solicita. 2. Los defectos de forma de que adolezcan los documentos presentados. 3. La improcedencia de la solicitud de extradición por no estar debidamente fundado el derecho del Estado requirente. 4. Que la solicitud de extradición sea contraria a las disposiciones de la ley o de algún tratado en que sea parte la República de Panamá.

8. El incidente de Objeción es el único recurso dentro del proceso de extradición a través del cual se pueda revocar la extradición concedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con el resultado de este recurso se agota el proceso de extradición. Si el incidente es acogido por la mayoría de los Magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se declara la libertad del extraditable, sino es negado, el requerido es puesto nuevamente a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en 30 días calendarios el Estado requirente se haga cargo del traslado del detenido.

La persona detenida y sujeta a un proceso de extradición está sujeta a las leyes panameñas y en igual sentido lo cubre todas las garantías constitucionales y legales a las que tienen derecho las personas que están bajo la jurisdicción nacional. En tal sentido, el extraditable puede hacer uso de cualquier recurso y presentarlo ante la instancia judicial competente cuando considere que se le ha violado algún derecho fundamental.

Claro que sí, toda persona víctima de un delito tiene derecho a defenderse, haciéndose sentir desde el momento en que ponga en conocimiento a la autoridad el hecho delictivo del cual es víctima. También puede hacerse representar legalmente por un abogado, constituyéndose en querellante. La ley le da a la víctima la calidad de parte del proceso, esto significa que tiene los mismos derechos dentro del proceso que el acusado y el agente fiscal. El efecto legal de esta equiparación de igualdad en el proceso es que la víctima debe ser notificada de todas las resoluciones que se dicten dentro de la investigación y durante la vigencia del proceso, puede anunciar y sustentar apelación en contra de cualquier decisión contraria a sus intereses, igual puede anunciar y sustentar el recurso de casación penal y hacer valer los mismos derechos y garantías que tenga la defensa en el proceso.

Contrario a lo que se piensa que el agente fiscal es quien representa a la víctima, esta tiene su propia autonomía dentro de la causa, el fiscal representa a la sociedad en general y como tal tiene la responsabilidad de investigar los delitos y poner a los presuntos delincuentes ante los jueces para lo que en derecho corresponda, pero la víctima tiene el derecho de defenderse a sí misma y ese derecho es irrenunciable, salvo en aquellas conductas delictivas que la víctima pueda desistir por ser de menor impacto a la sociedad.

Tan pronto se tiene sospechas de una situación delictiva en contra de su empresa, debe acudir de inmediato por la asesoría de un abogado penalista, quien le orientará sobre las posibles conductas penales que se pueden estar suscitando, así como el o los posibles responsables de tales delitos. Es necesario investigar de forma preliminar y si es necesario, hasta valerse de un investigador privado u otros recursos de seguridad, hasta tener una compilación probatoria que permita identificar lo que ocurre y sus posibles responsables, a fin de llevarlo a conocimiento de las autoridades competentes. Es importante recordar que el abogado penalista es un gran experto en la recolección de pruebas, necesarias para una eficaz formulación de cargos contra un posible agresor patrimonial de su empresa.

El abogado es la persona idónea para examinar las pruebas preliminares, ubicar los hechos en determinada conducta penal, preparar los memoriales, poner el caso en manos de los funcionarios de instrucción y coadyuvar en la investigación como abogado querellante.

Sí se pueden prevenir los delitos en las empresas, ya que una empresa ordenada es menos propensa a ser víctima de un delito. Con la orientación jurídica adecuada, es posible minimizar los riesgos de situaciones delictivas dentro de su empresa. Los adecuados registros contables de cada transacción de su empresa contribuyen significativamente a impedir afectaciones económicas. Además, la constante supervisión de actividades, revisión de contratos laborales, funciones y cargos de los colaboradores de su empresa, por parte de abogados penalistas, reduce a un mínimo las posibilidades de actividades delictivas en ella. En materia penal se distinguen muchas conductas delictivas, algunas instantáneas, otras planificadas, unas dejan huellas, otras no. Pero siempre que una conducta penal que se cometa en contra de una empresa sea planificada o deje rastros, no solamente se pueden prevenir o detectar a tiempo, sino que también se puede llegar al culpable. La mejor forma de prevención siempre son los controles y la revisión previa de los actos y contratos emitidos por la empresa.

Preguntas Frecuentes en el Sistema Penal Acusatorio (procesos a partir del 2 de septiembre de 2016)

Todos los procesos penales, no importa el delito o la persona implicada, tienen varias fases:

a) Etapa de Investigación informal y de Investigación formal. La investigación informal es la que realiza en Ministerio Público a través de sus diferentes agencias de investigación. En esta fase la persona investigada no participa en ningún acto porque se entiende, que esta es una actividad que realiza el fiscal de acuerdo a su facultad de ejercicio de la acción penal. La investigación formal es aquella que inicia a partir del momento en que la persona es llevada ante un juez de garantías, ante el cual, el fiscal le imputa uno o más cargos penales. A partir de ese momento se dice que comienza la etapa o fase de la investigación formal, toda vez que el imputado y su defensor además de participar de los actos de investigación, pueden hacer valer el derecho de defensa en cualquier momento del proceso. Es importante saber que la fase de investigación formal termina con la presentación por parte del fiscal del escrito de acusación. Regularmente esta investigación dura 6 meses.

b) Una vez concluido el tiempo de investigación y presentado el escrito de acusación, comienza la fase de audiencia intermedia o de preparación a juicio oral; en esta fase se realiza una depuración de los hechos que van a ser materia de comprobación en el juicio, depuración del derecho, es decir, que no hayan medios de convicción obtenidos ilegalmente, y de depuración de los medios de pruebas para que al llegar a juicio oral, las mismas no sean impertinentes, inconducentes, repetitivas, superfluas o ilícitas. En otras palabras, que sean medios de pruebas que tengan las características de demostrar o comprobar uno o más hechos.

c) Audiencia o Fase Oral: Es el momento de presentar la teoría del caso o explicar según la parte que le corresponda qué es lo que va a aprobar y cómo lo va a aprobar. Luego de ello, las partes hacen uso de las pruebas admitidas y finalmente se da el alegato de conclusión o de clausura en el que éstas argumentan y explican por qué han demostrado que los hechos ocurrieron tal como fueron presentados en la teoría del caso. Lo último que se da en la audiencia oral es el veredicto de inocencia o culpabilidad.

d) Audiencia o fase para individualizar la pena y establecer la reparación de daños y perjuicios. En esta audiencia los tres jueces de juicio oral le anunciaran a la persona condenada sobre cuánto es la pena de prisión que se le fijó por el delito cometido, y sobre la reparación o no de los daños y perjuicios; y obviamente, sobre el monto de la indemnización.

En el sistema acusatorio es casi imposible saber o conocer quién va a ser su juez de garantías, quien tendrá la responsabilidad de legalizar o no su aprehensión y de aplicarle alguna o algunas de las medidas cautelares contempladas en la ley. Del mismo modo tampoco se podrá conocer quiénes integrarán el Tribunal de Juicio, y por consiguiente también será muy difícil conocer los Magistrados que componen el Tribunal de Apelaciones. Lo anterior tiene su fundamento en que el Sistema Penal Acusatorio, entre otros principios, se basa en el principio de transparencia, por lo que para evitar que se pueda dar un contacto previo con los juzgadores, se ha diseñado una plataforma de turnos para jueces y magistrados, además de audiencias en tiempos muy reducidos.

Luego que el Juez de garantías le haya corrido traslado tanto al imputado como a la querella del escrito de acusación, fijará la audiencia dentro un plazo no menor de 10 días; ni mayor de 20 días, para debatir y decidir las cuestiones planteadas en la acusación.

Concluida la audiencia de juicio los jueces pasaran, de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión permanente.

Si es condenado tiene la posibilidad de presentar un Recurso de Anulación de la Sentencia o presentar, un Recurso Extraordinario de Casación Penal. Adicional podrá presentar un Recurso de Revisión. En este sistema no existe Recurso de Apelación.

Su proceso termina cuando se haya dictado una resolución que no admita ningún tipo de Recursos o cuando usted llegue a un acuerdo de pena o de colaboración con la fiscalía y éste se haya cumplido a satisfacción.

Preguntas Frecuentes en el Sistema Penal Inquisitivo (procesos antes del 2 de septiembre de 2016)

Todos los procesos penales, no importa el delito o la persona implicada, se dividen en tres (3) etapas o fases a saber;

a) Etapa de Instrucción Sumarial: Comprende desde la resolución en la que la fiscalía dispone iniciar la investigación, hasta la resolución donde el fiscal recomienda o sugiere al juez que decida ya sea, pasar a un juicio de inocencia o culpabilidad o liberar de los cargos a la persona acusada. En nuestra opinión, esta es la fase o etapa más importante de un proceso penal porque la defensa dispone del tiempo necesario para aducir, presentar y practicar todas las pruebas que estime conveniente con el fin de demostrar la inocencia de su cliente. Si la defensa deja cerrar esta fase sin que haya incorporado las pruebas a favor, tendrá otra oportunidad de aducir pruebas cuando se notifique del auto de llamamiento a juicio, pero este término es de 5 días para todas las partes. En este sentido, recomendamos que el abogado sea proactivo y desde la investigación prepare probatoriamente la condición de su cliente.

b) Etapa Intermedia o de Calificación Sumarial: Comprende desde la llegada del expediente al tribunal para que el juez mediante una breve audiencia decida, si se pasa a una etapa plenaria o si se libera de cargos a la persona acusada. En términos generales, los tribunales hacen una audiencia que se llama “audiencia preliminar” para decidir si sobreseen a la persona acusada o en su defecto la llaman a juicio. Si la persona es llamada a juicio, el Tribunal tiene que celebrar otra audiencia que se denomina “audiencia ordinaria o plenaria” en la cual el acusado será declarado inocente o culpable. Aunque los jueces pueden sobreseer a un imputado sin realizar la audiencia preliminar, son pocos los casos que esto ocurre. La costumbre de los jueces es llamar a juicio y decidir la responsabilidad en la audiencia plenaria. Por otro lado, creemos que, por economía procesal, una audiencia preliminar es de beneficio en los procesos en los que hay varios imputados porque los acusados pueden ponerse de acuerdo y pedir un “proceso abreviado” para evitar tener que esperar meses a que se realice la audiencia ordinaria. El proceso abreviado significa hacer dos audiencias en el mismo día, una seguida de la otra. Para los sindicados el proceso abreviado tiene dos ventajas. Se ahorra tiempo y en la eventualidad de una condena, se puede lograr una rebaja de la pena hasta en un tercio (1/3) de la condena.

c) Etapa plenaria: Es la que comprende desde el momento en que el juez dicta el llamamiento a juicio hasta la decisión de inocencia o condena. Después del llamamiento a juicio, el abogado de la defensa puede aducir o presentar pruebas. Las pruebas testimoniales serán practicadas el día de la audiencia. En la decisión que adopte el juez, examinará todas las pruebas y sobre ellas tomará la decisión de inocencia o de culpabilidad. El abogado defensor puede apelar la sentencia que dictó el juez. La apelación se sustenta en el juzgado y este remite el expediente al superior. El Segundo Tribunal Superior de Justicia, en este caso, puede confirmar, revocar o modificar la decisión que tomó el juez. Los acusados que hayan sido declarados inocentes, se mantendrán libre mientras se surte todo el trámite de apelación.

d) Otras etapas. Interposición del Recurso Extraordinario de Casación Penal y de Revisión Penal. La persona que haya sido afectada con la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia puede anunciar y sustentar el recurso de casación penal. El propósito de este recurso es que mediante causales preestablecidas los Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, examinen los errores cometidos por el Tribunal intermedio a efecto de mantener la decisión o en su defecto revocarla. Esta vía requiere el cumplimiento de unos requisitos bastante rigurosos por lo que se recomienda que para ello se contrate a un abogado especialista en casaciones penales. En muchas ocasiones, aunque el afectado tenga la razón, pierde la oportunidad ya que el recurso es rechazado por defecto de forma.

El Recurso de Revisión Penal, como su nombre lo indica, no es un medio por el cual la autoridad judicial pueda volver a valorar las mismas pruebas que los tribunales anteriores analizaron para llegar a la conclusión a la que arribaron. Se trata de una oportunidad sin término fuera del proceso. Es decir, para solicitarle a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la revisión del proceso, la parte afectada tiene que presentar pruebas nuevas que no están dentro del proceso. Estas nuevas pruebas tienen que tener la suficiente fuerza como para entender que, si hubiesen estado en el momento que el juez tomó la primera decisión, hubiera decidido lo contrario. Por eso no es cualquiera prueba la que sirve para pedir y mucho menos ordenar la revisión de un proceso penal. Este recurso a pesar de que no es tan formal como el de casación penal, si requiere que quien lo presente cumpla con los requisitos que establece la ley.

En términos generales no se puede saber qué juez o magistrado decidirá un caso determinado, ya que por regla general los procesos se reparten al azar o mediante sorteo electrónico; sin embargo, existen acuerdos judiciales que le permiten a la defensa tener la posibilidad de saber, antes que el expediente llegue ante un juez para decisión, quién conocerá del asunto. Ello a través de solicitudes que hacen los abogados defensores ante el juez, mientras el expediente está en fiscalía en la etapa de investigación; como, por ejemplo, la solicitud de fianza de excarcelación. Cualquier juez que durante la investigación resuelva cualquier recurso o incidencia a favor o en contra de cualquier imputado dentro del mismo proceso, será el mismo juez que tendrá que hacer la audiencia y decidir sobre la inocencia o culpabilidad. Este mecanismo es bastante usado sobre todo por los abogados experimentados, los cuales por medio de sus fallos aprenden a conocer la forma de pensar de determinados jueces en materias específicas. La ventaja de saber de antemano que juez conocerá del proceso le permite al abogado, bien, reforzar el material probatorio o recurrir a alguna causal de impedimento para que el proceso sea decidido por otro juez.

El tiempo que usted permanecerá en prisión antes del juicio dependerá de muchas circunstancias. La ley establece que el funcionario de instrucción tiene 4 meses para terminar la investigación y remitir el proceso al juzgado para que este realice el juicio. Pero este término puede ser ampliado hasta por dos meses más cuando la investigación es compleja. Una de las circunstancias que experimentamos a diario es que los fiscales de drogas incumplen los términos que la ley establece como techo para realizar una investigación. Los fiscales de circuito que investigan cualquier tipo de delitos, excepto los delitos relacionados con drogas son más respetuosos en el cumplimiento de estos términos. Pero, aun así, cuando el proceso es complejo, solicitan al juez una prórroga para seguir con la investigación.

En fin, el tiempo que usted permanecerá en prisión antes del juicio puede durar en promedio de cuatro (4) a doce (12) meses. La diferencia entre el mínimo y el máximo dependerá entre otros factores de la constante actividad de la defensa, del volumen del expediente, el nivel de dificultad en la obtención de algunos medios de pruebas, la debida diligencia del funcionario a cargo de la investigación, la toma o no de vacaciones del tramitante o del fiscal. En fin, son varios los factores que pueden incidir favorable o desfavorablemente en el tiempo que tome una investigación en el despacho del funcionario de instrucción.

Desde el momento en que el juzgado recibe el expediente procedente de la fiscalía y le da entrada, la ley establece que en un término de 5 días se debe fijar la audiencia preliminar. La ley no señala en cuanto tiempo se tiene que celebrar la audiencia preliminar. Pero en promedio esta fecha se fija para treinta (30) días. Lo que sí dice la ley es que el juzgado puede establecer fecha alterna para el evento de que la audiencia no se realice en la primera fecha. Y para esta fecha si se establece un término no menor de 15 días ni mayor de 30 días. Es decir, el cliente debe programarse que desde que llega el expediente al juzgado tendrá audiencia más o menos en 45 días. Si esta no se realiza, podrá tener la audiencia alterna entre 15 y 30 días después. Para aprovechar la primera fecha, el abogado debe revisar el expediente para constatar que todas las partes estén notificadas de la fecha de la audiencia que es la causa más común por el cual se pierde la primera fecha.

Si la audiencia se realiza en la primera fecha, el abogado y su cliente tienen la oportunidad de solicitar un proceso abreviado que, si es aceptado, el mismo día el Tribunal dicta el auto de llamamiento a juicio y se procede con la audiencia plenaria para decidir la inocencia o la culpabilidad del acusado. Terminado ambos actos, si el juez no dicta sentencia en el acto lo hará dentro de un término máximo de 30 días. Entonces el cliente tiene que tener presente que en detención preventiva tendrá que esperar tres (3) angustiosos tiempos. El primero es desde el momento de su detención hasta la conclusión de la investigación y esta espera es de 4 a 12 meses, dependiendo el menor o mayor grado de incidencias que se presenten durante la fase de investigación. El segundo tiempo es desde la llegada del expediente al juzgado hasta la celebración de la audiencia que en el mejor de los casos será en 45 días, y de dos meses y medio si ocurre alguna interferencia. Y finalmente desde el día que se celebra la audiencia hasta que el juzgador dicta la sentencia absolutoria o condenatoria. Este tiempo de espera puede ser entre 10 a 30 días.

La sentencia puede ser dictada una vez se termine la audiencia ordinaria. Sería entonces una sentencia dictada en el acto. Si el juzgador decide acogerse a un término, éste puede ser de una o dos semanas después y hasta 30 días. En la ley encontramos dos menciones en las cuales los usuarios del sistema judicial podemos inferir que los juzgadores se sujeten a estos términos para dictar sus respectivas sentencias. Estos son 10 y 30 días. Inclusive la constitución dice que las personas tenemos el derecho de hacer respetuosas solicitudes y obtener respuesta dentro de los 30 días siguientes. Lo cierto es que no existe un término fatal de obligatorio cumplimiento para los administradores de justicia en los que rígidamente dentro de ese término dicten sus sentencias.

Creemos que la costumbre y la práctica nos puede dar un parámetro más o menos cerrado del tiempo que toman los jueces para fallar los casos a partir del día en que se celebró la audiencia. y ese parámetro puede ser entre 10 y 30 días.

Si lo condenan, usted y su abogado defensor pueden anunciar y sustentar el recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria.

Todas las sentencias condenatorias tienen que ser notificadas personalmente. Una vez que haya leído el fallo, el funcionario estampa un sello, regularmente en la última página de la sentencia o en la parte de atrás de la página donde está la firma del juez y del secretario. Al llenar los datos con su nombre, cédula y fecha, seguidamente o cerca del su nombre debe escribir la palabra “APELO”. A partir de ese momento, tanto usted como su abogado tienen 5 días hábiles para presentar un escrito ante el secretario del juzgado en el cual presenten los argumentos por el cual no están de acuerdo con la sentencia. El término de 5 días es fatal, quiere decir que, si dentro de los cinco días no se presenta el recurso, el anuncio de apelación queda desierto y la conclusión es que la sentencia condenatoria quedará en firme y usted no tendrá otro recurso para revocar el fallo en su contra.

Recomiendo primero conseguir una copia de la sentencia condenatoria antes de notificarse para que dispongan de más tiempo para preparar un escrito con fuertes argumentos de defensa.

Por otro lado, aunque el condenado puede anunciar y sustentar la apelación en contra de la sentencia, ese trámite debe ser realizado por el abogado defensor. La razón es obvia, el abogado sabe la forma en la que organiza mejor los argumentos de defensa y la enumeración de las pruebas para convencer al superior del error cometido por el juzgador primario.

Su caso termina cuando exista una resolución del Tribunal que ya no permita impugnación de ninguna de las partes; es decir, contra la cual ya no quepa ningún recurso legal; ya sea porque ninguna de las partes involucradas en el caso haya anunciado apelación o casación contra la decisión adoptada o por el hecho que el recurso anunciado y sustentado haya sido confirmado o revocado por la autoridad en la que su decisión no admite más recurso. Es lo que se conoce como cosa juzgada. Cuando su caso llega al punto en donde se ha agotado los recursos que por ley podían haberse presentado, lo que sigue es el trámite de archivo del proceso. Sólo en esta circunstancia podrá decirse que su caso ha terminado. Recuerde que todo proceso penal admite dos instancias, es decir, la decisión del juez y la apelación al superior. En aquellos delitos que tienen pena mínima de 4 años de prisión las partes pueden anunciar y sustentar el recurso de casación. El fallo que resuelve el recurso de casación es de última instancia.













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