Caso 1

Un ex funcionario de alto nivel del quinquenio de gobierno de Panamá 2009-2014, responsable de la custodia y manejo de más de mil millones de dólares de las arcas del Estado, fue involucrado y acusado de veintinueve (29) cargos penales, de Peculado y Corrupción de Servidor Público, en 14 procesos. Y un cargo por el delito de Blanqueo de capitales. A este funcionario, se le acusó de haber malversado en promedio trecientos (300) millones de dólares, de los cuales, se le aprehendieron más o menos 20 millones en cuentas bancarias y otros 5 millones en propiedades muebles e inmuebles.

La fiscalía sostenía que, el supuesto grupo criminal, al que pertenecía mi cliente, dentro de la institución mantenía el control y dominio de algunos servidores públicos de confianza que ayudaban en el proceso de favorecer a empresas con contratos millonarios, a cambio del pago de un porcentaje, y que estas personas jurídicas estaban integradas principalmente por tres grupos económicos, a quienes mi cliente les repartía los contratos o las órdenes de compra.

Como consecuencia de esta investigación, fueron aprehendidos y encarcelados, decenas de personas, entre ellos, ministros, políticos y empresarios.

DELITO: Peculado Agravado (art. 338), Corrupción de Servidores Públicos (art. 345), y Blanqueo de Capitales (art. 254 del Código Penal).

TEMA: Como ya se dijo, mi cliente, fue acusado por 29 cargos, en 15 expedientes, ya que en cada uno, le formularon dos cargos, peculado y corrupción, pero en un expediente le imputaron el delito de blanqueo de capitales; lo cierto es que, aunque por cada delito se le hubiese impuesto la pena mínima, esta superaría los cien (100) años de cárcel, pero entendiendo que la pena máxima de prisión en Panamá es de cincuenta años (50), entonces, esta sería la sanción que probablemente asumiría en la eventualidad de haber sido condenado por lo menos en tres o más procesos.

La particularidad de estas acusaciones era que, el deseo o la idea de cometer actos ilegales estaba controlado por la misma naturaleza u origen, es decir, era una fuente única generadora tanto de la idea como de las acciones posteriores que se materializaron con la firma de decenas de contratos públicos similares en los que se utilizaron fondos públicos para beneficiar a funcionarios públicos, así como a grupos económicos.

También se usaban los mismos instrumentos legales, y el mismo recurso humano de la institución, por lo que, desde la óptica o perspectiva de la defensa mi cliente no podía ser considerado infractor de 29 delitos, si no, sólo de 3, es decir, de Peculado, Corrupción, y blanqueo de capitales.

Esta es la figura jurídica mejor conocida en la doctrina y jurisprudencia, como “el delito Continuado”. La mejor forma de entender lo planteado, es pensar que, a mi cliente, le hubiesen abierto un proceso por cada contrato firmado, entonces, hubiera tenido que enfrentar más de 200 procesos, circunstancia abstracta esta, que sería rechazada por el más mínimo de los sentidos comunes, amén que, él repetidamente infringió las mismas disposiciones legales con el mismo modus operandis y en contra de una misma persona (la institución pública afectada).

RESULTADO: Logramos una condena histórica de sesenta meses de prisión o cinco años. Los invito a continuar leyendo para conocer cómo se obtienen los grandes éxitos en procesos penales de alta complejidad.

ANTECEDENTES DEL CASO

Todo comenzó, un lunes, en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, cuando el Ministerio Público, vio y escuchó una entrevista de un Diputado denunciar públicamente, que tenía información confirmada de malos manejos de fondos públicos en la institución que había sido dirigida por mi cliente, según las palabras del denunciante, en algunos casos, empresarios cobraban el dinero y simulaban la entrega de los productos o servicios, para luego repartirse el dinero entre estos grupos económicos y los servidores públicos. Esta denuncia pública generó una investigación por parte del periódico La Prensa, en la que por semanas publicó detalles de las empresas y de los procesos utilizados en la adjudicación de una gran cantidad de contratos.



A los pocos días, se conoció que uno de los funcionarios de confianza de mi cliente estaba colaborando con el Ministerio Público.



De pronto vimos en conferencia de prensa, al Secretario General de la Procuraduría, anunciar que la institución, había iniciado una compleja investigación por la presunta malversación millonaria de fondos públicos, y que ya se tenía a algunas personas identificadas.



Para esos días, mi cliente había visitado mi Despacho, y luego de algunas asesorías, me explicó que su mayor temor radicaba en los efectos que las influencias políticas del gobierno de turno, pudieran tener en las investigaciones. Le dije que se quedara en un lugar neutral, mientras tuviéramos acceso a la investigación, para indicarle los pasos a seguir, pero se retiró y quedó en regresar en unas horas a firmar el contrato de honorarios.



Mi sorpresa fue que ese mismo día, en horas de la tarde, veo en las noticas, que la fiscalía había ordenado su detención provisional, y, además, observo cuando lo estaban conduciendo esposado hacia las instalaciones transitorias de cárcel de la Dirección de Investigación Judicial. (D.I.J).



Sucedió que, al salir de mi oficina, mi cliente se fue al Despacho jurídico de otro abogado, y éste le aconsejó que se presentara de inmediato a la fiscalía con la intención de aclararle al fiscal algunos puntos que éste quisiera saber, que esa posición le convendría, que no habría ningún problema, que de allí saldría para su casa.



A partir de ese día, fue el proceso de mayor publicidad noticiosa que jamás hayamos tenido en el país hasta ese momento, por semanas y meses estuvo en todos los estelares de las noticias televisivas, escrita y radial, ya que, en el proceso se mencionaban como presuntos investigados al ex presidente de la República, su secretario privado, ministros, directores de entidades estatales, y empresarios de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, lo que hacía que la investigación transcurriera a pasos acelerados, y por supuesto los hechos acaparaban la atención ciudadana.



La gran expectativa de los medios estaba concentrada en las declaraciones que mi cliente pudiera dar en el proceso, mientras tanto, seguían saliendo publicaciones sobre hallazgos en los bancos de sumas millonarias, relacionadas a mi cliente, y de suntuosas propiedades que había adquirido en el periodo de gobierno al que había pertenecido.



Tres meses después, mientras se encontraba en la cárcel de mayor seguridad en el país, me mando a buscar, su esposa se encargó de volver a hacer el contacto; fui a verlo, su aspecto físico me llamó la atención, había perdido en promedio 50 libras de peso, lo escuché atentamente, le preocupaba mucho, entre otras cosas, la cantidad de investigaciones que él presentía le iban a abrir, al final de nuestra entrevista, le dije que yo tenía un estilo muy propio con el que diseñaba mis estrategias de defensa, que si se sometía a ello, aceptaba defenderlo.



Yo estaba informado de lo difícil de su situación jurídica, empezando porque lo tenían en una cárcel de máxima seguridad, donde su vida podía correr peligro. También por todas las noticias de fuentes abiertas que publicaban constantemente sobre nuevos hallazgos y procesos abiertos; por ello, entendía que, a él sólo le quedaban dos decisiones, la primera era, enfrentar todos esos procesos, con el riesgo de ser condenado a 50 años de cárcel; y la segunda, buscar un mecanismo que le permitiera salir de prisión todavía con vida productiva laboralmente. De esta reunión salí satisfecho porque logré escuchar de su propia voz, que su situación jurídica era muy complicada y que ponía todo en mis manos, manifestándome una confianza absoluta en mi desarrollo como abogado penalista, al punto que como últimas palabras le dije, que no había nada escrito ni hablado pero algo extraño pasaba en los procesos que había manejado, cuando no se veía salida, de pronto aparecía una ventana por donde escapar, por lo que casi siempre salía victorioso en mis batallas legales.



La noticia de los días siguientes a asumir la defensa, fue la creación de 4 fiscalías superiores anticorrupción, respaldas por un equipo de inteligencia policial, para atender los procesos que se abrirían del gobierno anterior; así que, mientras estaba conversando con la fiscalía del primer caso, otras, me estaban notificando de la apertura de nuevos procesos, de tal suerte que, en menos de tres meses, me encontraba en el centro de un bosque lleno de procesos judiciales en los que mi cliente era el principal investigado, que al final llegaron a ser 15, de los cuales, en la mayoría se le aplicó la medida cautelar de detención preventiva.



La lectura de todos los procesos me permitió conocer la situación jurídica de mi cliente, en cuanto a sus fortalezas y debilidades. El tema es que, había principalmente tres grupos económicos, liderizados por tres (3) personas que, recurrentemente se ganaban los contratos, bajo el amparo del Decreto Ejecutivo 690 de 22 de julio de 2010, le permitía a mi cliente adjudicar compras de bienes y servicios directamente a proveedores, con el cumplimiento de requisitos mínimos, pero, con parámetros o características de urgencia.



Lo que ocurrió fue que, la aplicación de este decreto se convirtió en la regla, y dejó de ser la excepción, siendo así se evadía la aplicación de la ley 22 de 27 de junio de 2006 de contrataciones públicas. De esta manera, ministros, diputados, y directores, transferían sus fondos a esta institución para ejecutar sus compras de manera rápida, pero con un ingrediente adicional, y era que, de una u otra forma, también daban a conocer el nombre de las empresas o grupos económicos que eran sus proveedores. Es decir, como era dinero que estaba dentro del presupuesto de cada ministerio, estos, sólo utilizaban a la institución regentada por mi cliente como un puente expedito para ejecutar dichos presupuestos.



Como era obvio, el gobierno central, también utilizó a esta institución para ejecutar parte de su presupuesto. Lo anterior, generó un volumen insospechado de transacciones comerciales, y mi cliente se convirtió en ese momento, después del presidente de la República y sus ministros, en el funcionario más importante del gobierno, porque a través de él, en menos de 3 años, hubo un flujo o movimiento de efectivo de más de mil millones de dólares, sobre todo porque su último año de gestión correspondió al periodo electoral.



Lo anterior, explica el por qué, estos procesos acaparaban la atención del público en general, y que mi cliente en ese momento, era, el detenido más importante porque de lo que él pudiera declarar en todos o en algunos procesos, podrían resultar en la cárcel, ministros, diputados, candidatos, empresarios, funcionarios públicos del anterior y actual gobierno, incluso el ex presidente de la República.



Uno de los errores de cálculo, cometido por los empresarios proveedores de bienes y servicios, fue que, de sus cuentas bancarias giraron cheques a nombre de sociedades, en su mayoría recién creadas, pero estas sociedades estaban de una u otra forma conectadas a mi cliente, y en otros casos, giraron cheques a nombre de empresas promotoras de bienes y raíces en concepto de pago o abonos para la compra de propiedades inmuebles que también estaban relacionadas a mi cliente.



El asunto fue que, ni mi cliente ni los empresarios, pudieron prever que era muy fácil descubrir el ombligo umbilical entre las sociedades receptoras de dinero y mi defendido porque a pesar que algunas eran sociedades anónimas más antiguas, otras de más reciente creación, pero en todas desde su creación había participado algún familiar o pariente, incluso él mismo; así que en mi opinión, era un trabajo relativamente hecho a favor de los investigadores, ya que era muy fácil para la fiscalía descubrir esta asociación entre personas que a su vez los llevaría hacia el destinatario final, que era mi cliente.



Las sociedades nuevas fueron creadas por su hijo con la ayuda de varios amigos, quienes al declarar aceptaron haber participado en la creación de estas personas jurídicas, algunos como suscriptores, otros ejerciendo algún cargo en la Junta Directiva, y entre ellos, la mayoría firmó en la apertura de las cuentas bancarias.



La verdad era que, estas sociedades, de acuerdo al perfil de cada una, recibieron en conjunto más de treinta millones de dólares, en un periodo de 20 a 30 meses que resultaba irrazonable para la inteligencia promedio que sociedades tan nuevas y sin un perfil comercial conocido, tuvieran tantos movimientos bancarios de ingreso y salida de dinero, transferencias locales, entre cuentas propias, a terceros, e incluso transferencias a bancos internacionales.



Para mí, como abogado, era muy importante calibrar, el nivel de dificultad, que podría tener la fiscalía para llegar al origen de la procedencia y destino del dinero que se había registrado en los bancos, y de relacionar a mi cliente con las empresas que habían recibido algunos dineros en concepto de pago o abono de propiedades, entendiendo que, estas empresas, no tenían conocimiento de la procedencia de los fondos, pero sí habían documentado esas transacciones.



Otro tema que era parte de mi análisis, era que, los chicos, amigos del hijo de mi cliente, a los que éste les había pedido el favor de participar en la creación de las sociedades, apertura de cuentas bancarias, y firma de cheques, podrían ser muy vulnerables, a la hora de ser sentados frente a los fiscales; en igual circunstancia estaban los empresarios que habían recibido dinero en concepto de compra o abono de propiedades, lo que conforme a mi experiencia en defensas penales, todos los anteriores iban a describirle a la fiscalía la relación que los unía a mi cliente más cuando existía el temor reverencial de ir a prisión porque los medios de comunicación no soltaban de publicar detalles de los procesos, y recurrentemente publicaban videos y fotos de mi cliente.



Por otro lado, los proveedores de bienes y servicios, que habían girado estos cheques de sus cuentas personales y de empresas, a las distintas sociedades, no tendrían justificación legal para sustentar la entrega de tanto dinero a un funcionario público, amen que, la declaración patrimonial que mi cliente había hecho, no representaba ni el 10% de la suma de dinero que tenía en activos corrientes.



Finalmente, ya era un hecho público y notorio, que mi cliente estaba enfrentando acusaciones en varios procesos, y que, vendrían, otros, así que, tenía que tener claro en mi mente, una teoría que pudiera encajar en una figura jurídica para poder darle una solución procesal a un problema que, para muchos, no tendría solución, salvo que, asumir una condena por 50 años de prisión, que es la pena máxima que se aplica a una persona en la República de Panamá.



Con todo ese panorama resuelto en mi mente, programé con mi defendido una entrevista en el centro penal donde se encontraba; reconozco que fue difícil comenzar; romper el hielo, en un ambiente, por un lado, de tanta expectativa, y por otro, de temor, fue muy difícil, porque un privado de libertad, sin importar el tamaño del problema y de su complejidad, siempre espera de su abogado de confianza, una palabra de esperanza.


También reconozco que tenía a mi favor, el hecho de haber logrado, en la primera visita, que mi cliente reconociera que su situación jurídica estaba muy comprometida, y que la complicación de los casos, y el momento político del presente harían más complicado su situación jurídica.



Luego del saludo protocolar, y de algunos comentarios previos para ayudar a suavizar el ambiente, le dije: “mira la primera realidad que tenemos es que, no podemos desaparecer los rastros que van a conducir a la fiscalía a establecer que tú eres el núcleo y el destinatario de todas las transacciones financieras que los proveedores han hecho a las empresas y a las sociedades anónimas relacionadas a ti” “la segunda realidad es que, en el momento que los empresarios que recibieron pagos declaren, van a decir, todo lo que saben de esas actividades comerciales, igual efecto ocurrirá con los amigos de tu hijo, ellos dirán, todo cuanto saben de esas sociedades, de las cuentas bancarias y de las transferencias” “la tercera realidad es que, los bancos entregarán todos los registros y estados de movimientos bancarios, y darán información de las personas relacionadas a esas cuentas” “la cuarta realidad es que, el 90% del dinero fue recibido durante el periodo de tu gestión como funcionario público” “la quinta realidad es que, tu mano derecha en la institución, tu más cercano colaborador está colaborando con las fiscalías” “ y la sexta, y más dura realidad es que, la pena de prisión por el delito de peculado es de 8-15 años, por blanqueo de capitales de 5-12, y por corrupción de servidores público de 2-4 años. Aunque se haga una operación aritmética mágica, por la cantidad de expedientes, siempre la pena será superior a 50 años, y como esta es la pena máxima, entonces, nuestro escenario es, esperar una condena de 50 años de prisión”.



Yo estaba obligado a hablarle de estas realidades para ubicarlo en los peores escenarios, aunque dentro de mí el plan de defensa ya estaba visualizado, ya que, por el conocimiento en el litigio penal y por la naturaleza de cada uno de los procesos, sabía que emprendería una estrategia con grandes posibilidades de éxito, así que, en el momento que lo sentí aplomado, le dije: “pero esa realidad puede cambiar, si rendimos declaración, y en cada proceso establecemos los mismos móviles, los mismos procesos de ejecución, las mismas personas beneficiadas, y por ende, que la institución afectada es la misma; de esa manera, al momento de aplicar la pena, podemos convencer al Juez que la pena sea sólo una, que englobe la suma de las penas que resulte de la sanción de un delito de peculado, uno de corrupción, y uno por blanqueo de capitales; esto, no obstante, en la eventualidad que seamos vencidos en juicio, y que el Tribunal competente determine tu responsabilidad por los tres delitos, sin importar la cantidad de procesos. En otras palabras, es como que quedaras condenado en un solo proceso por 3 delitos, y el resto de los procesos quedarían sin condena, claro, primero tenemos que, de alguna manera, ganarnos la buena voluntad de los agentes acusadores, y solicitar en su momento, la acumulación de todos los procesos”.



Aproveché la pregunta esperada, para explicarle que, durante su administración, había celebrado acuerdos interinstitucionales con diferentes ministerios e instituciones públicas, que lo facultaron a firmar una serie de contratos, que afectaron el patrimonio de dichas instituciones y beneficiaron a los mismos empresarios, lo que generó la instrucción de más de catorce (14) procesos, en la que se observa que, se infringieron repetidamente una misma disposición penal, a través de un mismo designio criminal; es decir, la de malversar, apoderarse, beneficiarse en provecho suyo y de terceros, de los fondos de la institución, bajo la conducta de reiteración de actos de manera sistemática y continua, ese comportamiento, de acuerdo con nuestra legislación penal es considerado como un solo delito continuado, y se sanciona con la pena correspondiente para ese tipo penal.



Además, tanto en nuestra legislación penal como procesal penal, y en la jurisprudencia nacional e internacional, es reconocido y aplicado el delito continuado, estableciendo requisitos, como, las varias violaciones de la misma norma cometidas en momentos distintos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, es decir, que los requisitos son: 1. Los actos individuales deben dirigirse contra el mismo bien jurídico. 2. Que los diversos actos particulares lesionen el mismo precepto penal o semejante. Y 3. Identidad específica del comportamiento delictivo, así como el nexo tiempo espacial de los actos individuales.



El escenario que tendríamos de lograr demostrar la configuración de los hechos en delito continuado, seria pensar en una pena de prisión que podría estar entre 12 a 15 años, y no en 50 años. Luego de terminar con esta explicación, sentí a mi cliente como que estuviera en un escenario diferente, y de pronto, escuché cuando dijo: “vamos pa lante”.



El tema era que, había mucho que perder para ambos, por un lado, él tenía que mencionar en sus explicaciones a casi todos los ministros de su gobierno, diputados, políticos, empresarios y ex funcionarios, ya que tal como se dijo al inicio, mi cliente, por todo el dinero que manejó, en ese momento, después del Presidente y sus ministros era el funcionario más importante porque parte de la campaña electoral se financió con los recursos que salieron de esa institución, lo dicho previamente evidencia la cantidad de personas que tuvieron que tratar con él sobre temas de dinero. Por otro lado, esa decisión también para mí representaba pérdida económica, porque era obvio, que yo quedaba excluido como potencial defensa de todas aquellas personas que serían investigadas en razón al conflicto de intereses. El asunto era difícil para ambos, pero teníamos que tomar una decisión, y en mi caso, pesó más el orgullo de la profesión, que la parte monetaria, y creo que, en el caso de mi cliente, el deseo de salir, estar con su familia y seguir adelante como hombre de mediana edad, pesó más que cualquier otra consideración.



De esa forma, le anunciamos a las diferentes fiscalías el deseo de mi cliente en declarar en cada proceso, decisión esperada por todo el país, ya que desde hacía 4 meses se había postergado sus declaraciones como estrategia de su primer abogado.



A la par de todo lo que estaba aconteciendo, en esos momentos recibía invitaciones de todos los canales de televisión para que participara en entrevistas en los noticieros matutinos y vespertinos, y a programas de opinión, en los que coincidía con muchos profesionales de diferentes sectores de la vida pública, y uno de los temas obligados era descifrar si Panamá contaba con los instrumentos procesales necesarios para enfrentar la cantidad de investigaciones que se veían surgir producto de las acusaciones que diferentes medios sociales le hacían al gobierno anterior.



Con frecuencia usábamos como ejemplo la experiencia del Perú en la administración del ex presidente Alberto Fujimori, encarcelado hasta el día de hoy, y que gracias a leyes de colaboración y a unos funcionarios comprometidos, con el apoyo de un personaje como José Ugaz, lograron desmantelar una estructura criminal que se había encriptado desde lo más alto del poder político, que a la postre termino con el encarcelamiento del presidente de la República y su más cercano colaborador.



También nos referíamos, a los países que estaban llevando los procesos generados por la relación comercial de la constructora Norberto Odebrecht con varios países del continente. El punto era que, muchos de los panelistas o entrevistados coincidíamos que Panamá necesitaba con carácter de urgencia de una ley de colaboración efectiva para poder desentramar grandes estructuras criminales formadas desde cualquier sector, político o no político, ya que hasta ese momento sólo existía la posibilidad de aplicar el método alterno de solución de conflicto de acuerdo de pena y de colaboración para investigaciones de hechos ocurridos a partir de la aplicación del Sistema Penal Acusatorio, que para el Primer Distrito Judicial de Panamá comenzó en el año 2016, pero los hechos investigados a mi cliente eran de los años 2011-2014.


A partir de esos momentos, empezamos a impulsar desde los medios, la presentación de una propuesta legislativa que trajera la figura de los acuerdos de pena y colaboración, aplicable a todos los procesos originados en hechos ocurridos bajo la vigencia del Sistema Procesal Mixto, anterior, lo que trajo como consecuencia, la aprobación de la ley 04 de 17 de febrero de 2017 (acuerdos de pena y de colaboración eficaz).



Una vez publicada la presente ley en gaceta oficial, presentamos a cada fiscalía nuestra propuesta de acuerdo de pena y de colaboración, en la que sustentamos la viabilidad legal de terminar con todos los procesos; además de fundamentar, el peso de la colaboración brindada por mi cliente, la decisión de entregar aproximadamente 20 millones de dólares, y una minuciosa explicación del por qué jurídicamente mi cliente debía ser sancionado en un solo proceso, con el compromiso de la fiscalía de retirar los demás cargos en el resto de los procesos, teníamos el fuerte argumento de los beneficios que podría recibir el Ministerio Público con la colaboración eficaz que brindaría mi cliente, y el fundamento legal de la recién aprobada ley 04 del 17 de febrero de 2017 que fue producto de la presión hecha por muchos sectores al Ejecutivo y al sistema judicial. Posterior de la explicación del delito continuado y a las corridas numéricas, propusimos para mi cliente una condena de 50 meses de prisión.



En la primera reunión, en la que participó el pleno de los fiscales, entendí que tenía que prepararme para una larga batalla, porque el grueso de las intervenciones de cada uno, compuesto, por damas y caballeros, era que, ellos analizarían caso por caso, pero en lo que habían adelantado producto del memorial presentado, veían muy complicado que yo aceptara la propuesta de la fiscalía, ya que aplicando el máximo de rebaja, a ellos les daba un mínimo de 5 años por proceso, los que al multiplicarlo por la cantidad de expedientes, incluso sobrepasaba los 50 años de condena.



Espere con paciencia mi oportunidad para decirles que, la única manera de llegar a una negociación era que, elevaran al Despacho superior mi propuesta, ya que sólo mediante una discusión interna a ese nivel se podría lograr la aceptación de la existencia, reconocimiento y configuración del delito continuado.




El éxito en mi opinión de esa primera reunión fue que al final acordamos que los fiscales consultarían mi propuesta con la Procuradora General de la Nación, y que presentara otro escrito profundizando sobre el tema del delito continuado con los argumentos legales. Por supuesto que salí con la mente controlada por los pensamientos que me decían que tenía que convencer a los fiscales porque estaba seguro que era la única respuesta procesal que merecían los hechos en los que mi cliente estaba involucrado.



De acuerdo a lo conversado, días posteriores, presenté una ampliación a la primera propuesta, en la que ahondamos en que las acciones ejecutadas por mi cliente, configuraban el delito continuado, aquí expongo algunos aportes sobre los requisitos que permiten se configure esta modalidad delictiva.



• Los actos individuales deben dirigirse contra el mismo bien jurídico. El bien jurídico es el delito y los actos o las acciones de mi cliente, se dirigieron en contra de los mismos delitos, prueba de ello, es que en cada expediente le formularon los mismos delitos, por lo tanto, el primer requisito estaba satisfecho.



• Que los diversos actos particulares lesionen el mismo precepto penal o semejante. Este requisito igual se cumplía porque las diversas ocasiones en las que él firmó los contratos a sabiendas que era para beneficiar a terceros y sacar provecho, estaba lesionando iguales preceptos penales, es decir, los delitos de peculado y corrupción. Y cuando el dinero ingresaba al banco, se hacían triangulaciones y compra de bienes, se infringía la misma disposición legal que tipifica, el delito de blanqueo de capitales.



• Identidad específica del comportamiento delictivo, así como el nexo tiempo espacial de los actos individuales. No había ninguna duda que las acciones de mi cliente iban encaminadas a cometer los mismos delitos por lo que existía un comportamiento delictivo específico, y obviamente, también, existía el nexo entre el tiempo y los lugares, porque todos los contratos fueron firmados en diferentes momentos, pero en el mismo lugar, es decir, en la misma institución.



En otro orden de ideas, el delito continuado exige que el sujeto realice varias acciones pero que cada una de ellas viole la misma norma penal, por ejemplo, que la persona al conocer la clave de una caja fuerte que no le pertenece la abra varias veces para hurtarse el dinero que está adentro, pero lo hace en distintos días, cuando se descubre el delito, la cámara de vigilancia registra que el sujeto activo en un mes ingresó diez veces y sacó dinero, en este ejemplo, la fiscalía sólo puede abrir un expediente para investigar los hechos porque esa persona repetidamente cometió el mismo delito contra la misma víctima y bajo el mismo modus operandis, lo que al final el delincuente será juzgado y condenado a la pena que establece la ley para un delito cometido en la modalidad de delito continuado pero no por diez delitos diferentes.



Es el mismo caso de mi cliente, él adjudicó y firmó una cantidad de contratos para la compra de bienes y servicios, benefició a los mismos grupos económicos, y de ellos recibió dinero utilizando la misma modalidad, y afectando los bienes del Estado. En otros términos, si todos los contratos que firmó hubiesen resultado en un acto penalmente relevante, habría sido investigado y juzgado por mucho más de 100 procesos, lo que no tendría ninguna explicación razonable.



Incluso, a manera de ilustración le presenté a los fiscales un caso ocurrido en la República de Argentina, en el que, el Ministerio Público había llevado a cabo una investigación a el ex vicegobernador Héctor Alanís; a su sobrino Maximiliano Alanís; al exvicepresidente primero del Senado Humberto Re; y a José Maximiliano Cretton Pereyra, ex director administrativo, por haberse apropiado de fondos públicos del Estado provincial de Paraná, durante los años 1998 y 1999.



En la audiencia el Fiscal a cargo de la investigación resaltó que “si bien las conductas se reiteraron mes a mes o, en algunos casos hasta varias veces en un mes, los hechos se subsumen en peculado en modalidad de delito continuado, porque en su conjunto los actos constituyeron una maniobra, como unidad de acción -unidad de decisión- en relación al plan específico de los imputados, ya que cada uno de los actos atribuidos en la imputación -cometidos respecto a cada uno de los libramientos que allí se indican-, se evidenciaron como expresiones segmentadas de aquella unidad de decisión y de propósito contra la norma” (http://www.revistaanalisis.com.ar/).



En la siguiente reunión, empecé a ver la luz de la esperanza, en esta ocasión, los fiscales hablan de la posibilidad de llegar a un entendimiento, pero que les parecía que mi propuesta era muy baja, que estaban viendo como cuadrar los números para beneficio de ambas partes.



Lo placentero para mí fue que ninguno volvió a hablar de fijar penas aisladas por expediente. Esa actitud era la prueba que por lo menos, los estaba convenciendo de la aplicación en la negociación, de la figura del delito continuado, internamente, obviamente, sin demostrarles estaba muy feliz, y de esa reunión salí, sintiendo haber ganado la mitad de la batalla.



No recuerdo bien, pero creo que, en la mañana del siguiente día, visité a mi cliente, en otra prisión, ya que, a los días de asumir su defensa, logré trasladarlo a la mejor cárcel del país. Cuando le platiqué sobre la reunión, y le dije que uno de los fiscales, en un momento, había soltado, la cifra de 15 años, que había sido el tiempo promedio que le había anunciado, en nuestra primera reunión, ambos sentimos que íbamos por buen camino. El punto sobresaliente es que las próximas reuniones se enfocarían en encontrar los años de condena, porque la forma de solución parecía un tema superado.



Finalmente creo que después de no menos de 10 reuniones, finalmente logramos el número mágico de sesenta meses de prisión por 14 procesos, por delitos graves que, uno a uno sumaba más de 100 años de prisión, pero para ser más real 50 años, que es la pena máxima en Panamá. De esta forma hicimos historia y quedara en mis memorias y experiencia profesional, el haber logrado una pena jamás vista en la historia del país, es decir, desvanecer 14 procesos en uno y lograr mucho menos de la mitad de la pena que le correspondía por ese sólo proceso.



Algunas personas que recuerdan el caso, aún me preguntan, que cómo lo hice, mi respuesta es, competencia y resistencia; competencia porque para lograr el éxito tienes que estar preparado, resistencia porque el éxito exige que primero haya muchos fracasos, pero tienes que perseverar. Los primeros meses fueron muy complicados, presiones políticas, amenazas, abogados que querían sustituirme, discusiones con el cliente, presiones familiares, insatisfacciones por decisiones de los fiscales y también del poder judicial, en fin, pero al final prevaleció mi inteligencia emocional, e hicimos real un caso que todos lo daban por perdido, aunque facturé bien, creo que la mayor satisfacción, es haberme probado una vez más, que estamos preparados para grandes proyectos de vida.

RECOMENDACIONES

• Asuma grandes retos, es la mejor manera de valorar la profesión de abogado, y también de probarse a sí mismo, si estás o no preparado para grandes cosas.



• No existe ningún caso o proceso perfecto, todos por muy bien llevado por la fiscalía, siempre dejan una ventanita de solución por donde pueda entrar un buen abogado. Les recomiendo, leer incansablemente, y luego mucha concentración en el proceso, para que puedan descubrir la ventana de solución que le ha dejado el mismo proceso.



• En este caso, mi ventana de solución, fue que los fiscales se enfocaron a abrir expedientes, y al principio no se dieron cuenta que estaban trabajando en volumen, pero no en calidad. Cuando les presenté y les exhibí el escenario que tenían, hubo resistencia, precisamente porque no lo habían visto bajo esa perspectiva. Pero posteriormente, tuvieron que aceptarlo.



• Defiende tu innovación o tu descubrimiento. Escucha al cliente, pero tú eres el capitán. Lleva tu barco hacia el puerto que has visualizado. Yo tuve muchas discusiones con mi cliente, él escuchaba a muchos leguleyos que lo alteraban, pero al final lo importante fue que yo resolví el problema.



• Factura bien, porque contar con suficiente recurso económico te dará concentración y dedicación al caso, y así evitas asumir muchas defensas que te limitarán el tiempo para ser más efectivo en tu defensa.



• Debemos combinar el ganar dinero con el orgullo de la profesión, esa es la combinación perfecta para sentirte un abogado realizado. En este caso, pude haber facturado mejor, si hubiera defendido al bando contrario, pero no hubiera tenido la ganancia de haber quedado como el abogado que logra solucionar casos considerados perdidos.



• Te recomiendo que, lo primero que debes hacer en todo proceso, es hacer un listado de las fortalezas de tu acusador, en este caso la fiscalía, y de sus debilidades. Lo anterior te permite trabajar con más claridad en tus fortalezas. Desde el comienzo de esta investigación sabía que la fortaleza de la fiscalía estaba en que estos proveedores del Estado y mi cliente habían registrado todas sus transacciones, lo cual, humanamente era casi imposible que los bancos, y las empresas no conservaran la información, pero también me di cuenta en que, mi fortaleza era que, al final podía reducir de 29 cargos a sólo 3.



• Cuando vayas a negociar con la fiscalía acuerdos de pena o de colaboración, te recomiendo que lo hagas por escrito, tómate el tiempo para que puedas enumerar en ese memorial todas las debilidades que tiene la fiscalía, y tus fortalezas, esta estrategia me ha funcionado porque puedes convencer a los fiscales de los porcentajes de proporcionalidad de éxito o de fracaso que están frente a la situación jurídica de tu cliente, si logras esto, tendrás un buen acuerdo, sino, los fiscales controlaran la negociación.

 












marketing digital en panama OROBIO OROBIO OROBIO OROBIO
OROBIO