Caso 11

En la madrugada del 19 de mayo de 2009, cinco pescadores que regresaban a tierra, después de varios días de pesca, fueron acribillados a balazos por miembros de la Policía Nacional, de la Unidad de Mantenimiento, Operaciones Fluviales y Costeras, (UMOFC), de los cuales, dos murieron instantáneamente y tres resultaron heridos.

DELITO: Homicidio Agravado (artículos 131 y 132) del Código Penal.

TEMA: No existe legítima defensa, cuando el cuerpo policial incumple el deber de cuidado.

RESULTADO: Logramos la pena más alta que se haya impuesto por Homicidio Culposo, 100 meses de prisión, al demostrar en juicio que el acusado podía disponer de otros recursos físicos y legales, antes de dispararles a las víctimas.

ANTECEDENTES DEL CASO

En la madrugada del día 19 de mayo de 2009, cinco pescadores que regresaban de su faena de pesca, después de varios días en el mar, fueron acribillados a balazos por miembros de la Policía Nacional, que pertenecían a la Unidad de Mantenimiento, Operaciones Fluviales y Costeras, (UMOFC), de los cuales, tres resultaron heridos y dos hermanos murieron en el acto.


Realizada la diligencia de reconocimiento y levantamiento de los cadáveres, la fiscalía con auxilio de peritos públicos, procedieron a inspeccionar la embarcación, en la que se corroboró la actividad de pesca y se levantaron indicios relacionados al trabajo del mar de las víctimas, entre ellas, 700 libras de camarones, el equipo de pesca, utensilios de cocina, tanque de gas, entre otros, elementos utilizados en el mar en esa actividad.


Como es de costumbre, la embarcación, el motor y cualquier indicio ya inspeccionado quedaron bajo la custodia de la Policía Nacional, que por cierto en el puerto de desembarque había un cuartel policía.


Al día siguiente se recibe una llamada anónima que alertó sobre la posible existencia de un arma de fuego dentro de la embarcación, por lo que la fiscalía con diferentes funcionarios realizaron una re inspección al bote de pesca, encontrando dentro de un baúl ubicado en la proa, un arma de guerra envuelta en un suéter con algunas municiones sin detonar. En esta diligencia, tanto al bote de pesca como a los occisos se les tomó muestras para ser analizas en la máquina de IONSCAN, que detecta presencia de sustancias ilícitas, las que salieron positivas a las sustancias de cocaína, metanfetamina, y explosivo. Cabe destacar que en esta ocasión, la lancha había sido movida del lugar donde se realizó la primera inspección.


El Fiscal Auxiliar de la República, dispuso la declaración indagatoria de las siete unidades que desde la lancha rápida de la Policía lanzaron más de cincuenta proyectiles de grueso calibre al bote de los pescadores, pero todos se acogieron a su derecho de no declarar, seguidamente, el fiscal les ordenó la detención provisional al considerar que existían pruebas contundentes que los vinculaban a la muerte y lesiones ocasionadas a las víctimas, entre ellas, se citó el hecho de haber plantado posteriormente un arma de fuego con la intención de inducir a error a la autoridad competente.


A partir que el fiscal ordenó la prisión provisional de estas personas, empezaron a cumplir la medida en la sede principal de la Policía Nacional, en lugar de ser trasladados al pabellón destinado para ex uniformados de la seguridad pública, ubicado en el centro penal La Joya en Pacora de la ciudad capital.


Posteriormente, todos decidieron brindar sus declaraciones indagatorias, pero como una lección bien memorizadas recitaron los hechos en que, dos días antes recibieron información que una lancha rápida proveniente de Colombia, ingresaría por ese sector a hacer entrega de 700 kilos de droga, y armamento de alto calibre, a unos narcotraficantes mexicanos, por lo que, salieron dos embarcaciones con seis unidades cada una.


Ese día 19 de mayo de 2009, alrededor de las once de la noche, se encontraban realizando el operativo antidrogas en la Bahía de Panamá (sector de Panamá Viejo), cuando observaron una lancha, le hicieron señal de alto, que eran policías, no obedecieron, trataron de acercarse, pero fueron encandilados con una luz fuerte que provenía del bote, repitieron varias veces la señal de alto, pero en lugar de parar, aceleraron la velocidad.


De pronto vieron que empiezan a dispararles, por lo que para proteger sus vidas, realizaron detonaciones hacia la embarcación, al abordarla, descubrieron a dos personas heridas tiradas en el fondo de la nave que no respondían preguntas, un tercero herido, y dos más, el motorista, y otro que estaba en la proa.


Los cuerpos sin signos vitales, fueron trasladados a la lancha de sus compañeros por ser más rápida, los heridos a su embarcación, y dos unidades permanecieron en el bote con los pescadores para custodiar la llegada a tierra firme.


Personal de la ambulancia del 911, diagnosticaron la muerte de las dos personas sin signos vitales, los heridos fueron trasladados al hospital, y al último le hicieron el trámite regular para ponerlo a órdenes de la autoridad competente.


Luego, se retiraron a la base para confeccionar los informes a sus superiores, que así terminó sus participaciones en los hechos, no tuvieron intención de causar daño, sólo aplicaron el procedimiento para proteger la vida de sus compañeros y la de ellos mismos.


Un año después de estar en curso la investigación, el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo, dictó Indulto Presidencial a favor de 47 unidades de la Policía Nacional que estaban procesados, y algunos privados de libertad, por diferentes delitos comunes, entre los cuales, se incluyó a los acusados por la muerte de dos personas en el conocido caso de “los pescadores de Playa Leona”.


Con fundamento en el anterior Decreto Ejecutivo, la autoridad competente, decretó sobreseimiento definitivo a favor de los imputados, ordenando igualmente, el cierre y archivo de la investigación.


Siete años después, la Corte Suprema de Justicia, consideró que el Decreto Ejecutivo otorgado por el Presidente, violó la Constitución Política, y se constituyó en una extralimitación de funciones del mandatario, por el cual, además de anularlo, ordenó que el término de investigación se retrotrajera al estado que estaba el proceso, al momento en que surtió sus efectos legales.


Con base en la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, le solicitamos al Tribunal competente, que ordenara la reapertura del proceso y regresará el expediente al Ministerio Público en dónde debía continuar la investigación. De esta manera se revivió una causa que a pesar de haber conmocionado al país por la forma brutal como fueron atacados estos humildes pescadores, el gobierno de turno, intentó burlarse del sufrimiento de una comunidad, cuya actividad principal es la pesca.


De nuevo en la sede de investigación, reforzamos nuestra teoría del caso, con la declaración jurada de los pescadores sobrevivientes, los familiares cercanos y personas que conocían directamente la naturaleza de la actividad laboral de las víctimas, y de los procesos aplicados durante toda la actividad de la pesca, desde el origen hasta el destino final del producto del mar, lo anterior con la finalidad de ilustrar al Tribunal, sobre las vivencias e incidencias comunes en la actividad de la pesca artesanal.


También cuestionamos a los agentes de investigación de la Fiscalía Auxiliar de la República, que habían participado en el levantamiento de los indicios, tanto en la primera inspección como en la segunda, con los que se esclarecieron algunos puntos oscuros en el proceso, especialmente, sobre la minuciosidad de la revisión del bote y las señales que presentaba de la agresión recibida, los detalles de los indicios, y la forma en que fueron levantados, la fijación de las fotografías, el lugar donde estaba la embarcación en ambas diligencias, las huellas o señales que presentaban las lanchas rápidas de la Policía, debido al intercambio de disparos, el comportamiento de las unidades de la Policía durante el desarrollo de las dos inspecciones oculares, la manipulación de la lancha y de los cuerpos, el proceso y la forma de la toma de la muestras de iones móviles de sustancias ilícitas para su análisis en la máquina de IONSCAN, entre otros temas, que fueron bien explicados por estos funcionarios.


Nuestros peritos, entre ellos, balístico, forense, trabajo social, psicología, psiquiatría y contable hicieron un excelente trabajo, desde el punto de vista de las explicaciones que dieron cada uno en su área de aplicación, con las que era fácil comprender la posición y distancia de los disparos, el impacto y daño mortífero ocasionado instantáneamente por los orificios de entrada y de salida, el efecto de pólvora en el cuerpo de los pescadores producto del supuesto intercambio de disparos, la vida social y económica de las víctimas, el daño moral y psicológicos ocasionado a los sobrevivientes y familiares, y el perjuicio económico.


El resto de las evidencias e indicios conforme a nuestra teoría del caso, estaban en el expediente, ya que habían sido obtenidos por la fiscalía mediante inspecciones oculares e informes girados a instituciones públicas, entre ellas, a la Policía Nacional; adicional, estaban los detalles que cada uno de los imputados dijeron en sus declaraciones indagatorias e informes que rindieron a sus superiores, en los que según ellos, explicaban la verdad de los hechos, pero cuando lo dicho por los acusados se confrontaba con la explicación que dieron los pescadores sobrevivientes, más cuando se analizaban las evidencias materiales encontradas, con la aplicación de la lógico y el sentido común, parecían que fueran dos hechos diferentes, ocurridos en diferente tiempo, modo y lugar.


Llegó el momento del cierre de la investigación, se elaboró la vista fiscal, y en la audiencia preliminar el Tribunal dictó llamamiento a juicio en contra del acusado, así que, meses después estábamos en la audiencia ordinaria o el Juicio Oral, en el que se declararía la inocencia o la culpabilidad del único acusado en esta oportunidad, porque en la medida que la Corte Suprema de Justicia fue resolviendo la inconstitucionalidad de los Decretos Ejecutivos, en esa medida fuimos solicitando la reapertura del proceso, por lo que al momento de escribir sobre este caso, está pendiente la realización de otra audiencia en contra del resto de los policías involucrados. El tema fue que, el Presidente dictó los 47 indultos en varios Decretos Ejecutivos, y los acusados no fueron incluidos en un mismo decreto.


La teoría de la defensa del acusado, se orientó en demostrar que no había certeza del arma que disparó los proyectiles que ocasionaron la muerte de las personas, porque dos unidades más también habían disparado, los proyectiles no se encontraron, y los peritos balísticos no pudieron determinar de acuerdo a las evidencias y a los orificios de entrada y de salida, el tipo de arma utilizada, también enfatizó sobre los procedimientos policiales en el uso de armas letales, dando por sentado que el uso del arma encontrada en el bote de los pescadores, representaba un peligro para la vida e integridad física de su cliente, y para el resto de los policías; sostenía que a falta de ese dictamen pericial de comparación de los proyectiles asesinos con el arma que disparó su cliente, era imposible determinar que éste era responsable criminalmente.


Comparto con ustedes, los argumentos con los que sustenté mi teoría del caso, que sirvieron de soporte en la condena dictada contra la primera unidad de la Policía juzgada por este caso.


Honorable señora Juez, luego de estos respetuosos saludos, presentó ante este Tribunal la teoría del caso, que demostraré en el transcurso de mi oportunidad.


• Seis unidades de la Policía Nacional, incluyendo al acusado en el día de hoy, recibieron información de posible trasiego de droga por el área de Panamá Viejo, luego salieron en una lancha rápida a confirmar la información, en el área, observaron una lancha que se movilizaba hacía Playa Leona, le dieron la voz de alto, indicándoles ser policías, no usaron las luces de alto alcance que tenía la lancha, para poder ver con exactitud las características del bote de pesca y de sus ocupantes, y creyendo que era la lancha de los narcotraficantes, les dispararon; el acusado 50 detonaciones con el arma de guerra, (PKM); otro, 6 y el tercero, 3 detonaciones, en total 59 detonaciones hacia el bote pesquero, al darse cuenta del error, intentaron crear una justificación, inventando que primeramente habían sido atacados con disparos desde la lancha de los pescadores, y para inducir a error a la autoridad plantaron en dicha embarcación un arma de guerra, luego con asesoría legal, elaboraron informes gemelos, que fueron repetidos en sus declaraciones indagatorias con los cuales intentaron justificar sus acciones.


• La teoría del caso que hemos planteado, encuentra respaldo jurídico en los artículos 43, 44 y 133 del Código Penal, ya que, el acusado tuvo una participación indispensable desde la visualización del bote, la advertencia de parar que eran policías, el acuerdo previo de las acciones a realizar, la percusión de 50 disparos, el traslado de los cuerpos a tierra, el acuerdo en crear una falsa justificación, en plantar un arma, y en asociarse para alterar la realidad de los hechos, todo lo anterior, configura el tipo penal, por el cual, el procesado causó la muerte de los pescadores, y por ello, es merecedor de la pena máxima, con el agravante de las circunstancias desproporcionadas en relación a las limitadas condiciones de los tripulantes pescadores que no pudieron defenderse.


• Es un hecho acreditado con el informe de la Policía Nacional, incluso aceptado por el acusado, que el arma de reglamento que usó fue una ametralladora (PKM), con un cofre de 100 municiones, y con una correa adentro de 98 eslabones, de los cuales quedaron 48 municiones, es decir, que realizó 50 disparos, en dirección hacia donde estaba la embarcación de los pescadores. Este hecho es importante, porque de acuerdo al mismo informe de la Policía y la declaración de las dos unidades que también dispararon, el acusado ejecutó el 85% de las detonaciones.


• Un punto relevante y vinculante es que, todos los investigados convencidos que capturarían a la embarcación con la droga decidieron disparar, este hecho se acredita con lo que ellos mismos declararon, porque, el acusado dijo que dos de sus compañeros manifestaron que en el momento del ataque no dispararon porque sus armas presentaron fallas, que el operador tampoco disparó porque no podía, esta información fue corroborada por los tres que no dispararon. Lo anterior es muy importante porque si todos habían decidido disparar, es porque, entre ellos, hubo identidad de pensamientos y de acciones, ya que estaban seguros que tenían la embarcación de los narcotraficantes.


• Es importante que se entienda, señora Juez, que los dos hermanos muertos y los heridos, no son el efecto, de una acción producida por una persona, sino de varias acciones humanas que se cooperaron y ayudaron entre sí, con división de tareas o funciones, donde todos consintieron y participaron, uno daba cobertura, otro alumbraba hacia la lancha de los pescadores, el que manejaba la lancha, y tres disparaban. Es decir, ninguno de los investigados individualmente podía causar el efecto producido, ya que no hubiera podido dividirse en tantas acciones. Es por ello que, esta acción típica, antijurídica y culpable tiene que ser atribuida a todos los participantes, porque todos con la misma justificación aceptaron los hechos, y ninguno declaró haber intentado por lo menos, persuadir a sus compañeros de no atacar a las víctimas.


• Con la petición que hace la defensa, que su cliente sea declarado inocente del cargo de homicidio culposo, porque no existe en el expediente un dictamen pericial que haya comparado el proyectil con el arma que uso su cliente, desconoce que este hecho punible se comete por acción u omisión. Es decir, la situación del acusado se complica porque él incurrió en ambas fuentes productoras del delito, ya que, por un lado, participó conscientemente, luego disparó el 85% de los proyectiles, y por otro lado, omitió aplicar su deber de cuidado con la misma diligencia de un buen padre de familiar para evitar los hechos que hoy se le acusan. En otras palabras, el acusado como unidad policial tenía el deber jurídico de evitar este resultado, y no lo evitó pudiendo hacerlo (art. 25 del C.P.).


• El hecho que, tanto el fiscal en todas las resoluciones que emitió durante la investigación, así como, este Tribunal en el auto de llamamiento a juicio, hayan desestimado la presencia de arma en el bote de los pescadores, evidencia un tsunami probatorio de responsabilidad hacia el acusado, porque, no solamente todos los partícipes se pusieron de acuerdo para ocultar la verdad de los hechos, sino que, ejecutaron acciones ilícitas para incriminar a personas inocentes, cuando dijeron que las víctimas habían disparado e implantaron un arma en el bote de pesca, obviamente, la autoridad competente tiene razón en desechar esa posibilidad, porque en la madrugada del 20 de mayo de 2009, a las 3:25, funcionarios de la Fiscalía Auxiliar, inspeccionaron la embarcación en la que encontraron mariscos, elementos de pesca y utensilios de cocina, pero no un arma de guerra, en un lugar que, de haber estado allí, la hubieran encontrado, según la declaración jurada rendida por estos funcionarios en la fiscalía.


• El criterio de este Tribunal y de la fiscalía en su momento, se engorda, con el hecho que estas unidades no solamente inventaron hechos no ocurridos, sino que conscientemente con sus manos contaminadas con pólvora de los más de 50 disparos, manipularon los cuerpos de los occisos en sus pies y manos, primeramente cuando abordaron el bote para corroborar si tenían o no signos vitales, y después cuando cargaron los cuerpos de la lancha hacía tierra firme, contacto este suficiente para que uno de los occisos resultara con residuo de pólvora, resultado este explicado por el perito, ya que el occiso fue tomado de manos, pies y tronco por estas unidades.


• Cuando el Tribunal en el momento de delibrar, aplique la sana critica que consiste en la utilización de la lógica, la experiencia y el sentido común, encontrará que los investigados declararon que no recordaban cuantos disparos escucharon provenientes del bote de pesca, pero todos dijeron que fueron muchos, el punto es que, la lancha rápida de las unidades de la Policía, ni los motores presentaron señales de haber sido impactados por disparos, por otro lado, el bote de los pescadores tenía un motor 40 caballos de fuerza, estaba cargado con 700 libras de camarones, 5 personas, con un machete e instrumentos de pesca, mientras que la lancha rápida de la Policía, tenía dos (2) motores de 200 caballos de fuerza, con 6 unidades entrenadas militarmente, y con tanta diferencia de fuerza en todos los aspectos, no solamente les lanzaron más de 50 proyectiles, sino que fueron incapaces para acordonar y darse seguimiento al bote de pesca hasta el punto ser identificados como Policía Nacional, más cuando eran dos lanchas rápidas encargadas del operativo.


• La explicación está en la declaración que rindió el operador y mecánico de la embarcación, cuando dijo que, dispararon porque no se detuvieron, ya que se les prendió unas luces químicas para que ellos vieran la luz, que era la Policía, que al darle la voz de alto a una embarcación y no se detiene es porque anda en algo, ya que de lo contrario se hubieran detenido, no obstante, el Comisionado asignado jefe de la unidad de Mantenimiento de Operaciones Fluviales, declaró que, las lanchas, tienen cada una, lámparas reflectoras de 12 voltios de corriente directa de batería recargable de alto alcance, lo que indica que, a pesar de tener el instrumento para ver a distancia, no lo utilizaron, y se conformaron con encender luces químicas, de haber alumbrado con las luces de alto alcance, se hubiesen percatado de la presencia de un bote de pesca, con un motor de 40 caballos, instrumentos de pesca y la presencia de 5 pescadores.


• El punto es honorable señora Juez, que estas unidades tenían una confianza extrema en que capturarían la lacha con la droga o andaban en pesquisas personales, porque es muy extraño que en este tipo de actividades no se le ponga en conocimiento a los fiscales superiores en delitos relacionados con droga, y en este caso, los dos únicos fiscales certificaron que no fueron informados de este operativo.


• Como quiera que, el arma en el bote de los pescadores no existió, los impactos de bala le quitaron la vida a dos personas e hirieron a dos más, el acusado pudiendo evitar los hechos, culposamente brindó una contribución esencial, en la muerte de los pescadores, adicionalmente incumplió el mandato del artículo 17 de la Constitución Política que obliga a nuestras autoridades a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y la ley, N°18 de 03 de junio 1997 (Orgánica de la Policía Nacional), que establece como principio general en sus artículos 3 y 7 que la función de los miembros de la Policía Nacional, es la de proteger la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de quienes se encuentran bajo la jurisdicción del Estado, por lo anterior, pido al Tribunal que el acusado sea condenado a la pena máxima con sus agravantes por el delito de Homicidio Culposo ejecutado en contra de los dos hermanos pescadores de 17 y 19 años.


El Tribunal de la causa, mediante sentencia condenatoria # 23 del 31 de mayo de 2019, declaró culpable al acusado y lo condenó a la pena de cien meses de prisión, y a la inhabilitación para ejercer funciones públicas por tres años, una vez cumplida la pena principal; entre los hechos relevantes que el Tribunal dio por probados, están:


- Que el acusado y sus compañeros confundieron el bote de pesca con las lanchas rápidas provenientes de Colombia que traerían la cantidad de 700 kilos de droga para unos mexicanos, para lo cual los agentes policiales trataron de abordar la embarcación pesquera, dando voz de alto que no escucharon claramente los jóvenes tripulantes de dicha embarcación, ya que no utilizaron megáfonos, ni lámparas de alto alcance, por lo que los tripulantes del bote de pesca pensaban que eran piratas que atacan en el área para quedarse con la mercancía pescada, por eso, uno de los occisos le dijo al maquinista que no se detuviera, fue cuando recibieron los disparos par parte de los miembros de la Policía Nacional, en este caso, por parte del acusado, excepcionando que actuó de esa forma para proteger su vida y la de sus compañeros; ya que según la versión del acusado los tripulantes de la lancha pesquera dispararon e intentaron darse a la fuga.


- Que en la lancha de los pescadores no había arma de fuego, ya que el propio justiciable en su descargo manifestó que no escuchó hablar de la existencia de arma de fuego, ni observó ninguna, siendo contestes sus compañeros de misión que tampoco encontraron arma de fuego en dicha embarcación.


- Que el bote de pesca no podía escapar por la velocidad que generaba el motor de 40 caballos, que hubo exceso de fuerza y violencia desplegada por el acusado que trajo como consecuencia la muerte de los hermanos pescadores.


- Que la prueba de IONSCAN motivo de la segunda diligencia de inspección ocular que salió positiva a cocaína, metanfetaminas, y explosivos carece de valor porque fue realizada a las nueve y veinticinco de la mañana (9: 25 am), del día siguiente, pero antes de realizarse se dieron ciertas irregularidades como que se llevó a cabo después que cambiaron la embarcación de lugar, por orden de un Mayor de la Policía, sin autorización del Ministerio Publico.

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