Caso 14

Veinticuatro (24) personas son detenidas como consecuencia de la incautación de un arsenal de armas de guerra, en las Provincias de Panamá Oeste, Panamá y Colón.

DELITO: Posesión y Comercio de Armas Prohibidas (art. 333), y Asociación Ilícita para Delinquir (art. 329) del Código Penal.

TEMA: La posesión de armas de fuego, no se extiende necesariamente, al dueño del auto donde se encontraron parte de las armas, ya que la fiscalía debe acreditar el conocimiento del hecho, de donde se deriva, la tenencia, dominio o disponibilidad de la posesión y tráfico de armas ilícitas.

RESULTADO: Logramos la libertad de siete (7) miembros de una misma familia, detenidas y acusadas de ser los transportistas de las armas de guerra, que supuestamente iban para las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia).

ANTECEDENTES DEL CASO

El 6 de septiembre del año 2000, en diversos allanamientos realizados en las Provincias de Panamá Oeste, Panamá, y Colón, se incautó el cargamento de armas de guerra más grande ocurrido hasta ese momento en el país. Estas armas supuestamente estaban destinadas para la guerrilla colombiana de las FARC. Entre el arsenal habían: fusiles AK-47, cargadores para AK-47, silenciadores, granadas, barra de TNT, y cantidad de explosivos, así como sus compuestos.


La investigación estuvo bajo la responsabilidad de la Fiscalía Superior Especial de la época, que realizó varios allanamientos, y aprehendió más de 24 personas. A todos los capturados, se les formularon, los cargos de Posesión y Comercio de Armas Prohibidas, y Asociación Ilícita para Delinquir.


A nosotros, nos correspondió la defensa de siete (7) personas, miembros de una misma familia, quienes fueron acusados de ser los transportistas, vía marítima, de las armas hacía zonas colombianas controladas por la guerrilla.


La vinculación de mis clientes, surgió a raíz que, el supuesto cabecilla de la organización, se movilizaba en un auto de lujo, que estaba a nombre de uno de los miembros de esta familia, y en el allanamiento realizado a su residencia, encontraron documentos, instrumentos y evidencias de la propiedad de dos lanchas rápidas, y de varios botes de pesca, además que todos vivían en la misma residencia allanada.


Con las anteriores evidencias, el fiscal supuso que, esta familia era la responsable del transporte del alijo de armas, que se pretendía enviar a Colombia, y con base en esa suposición, les imputó los cargos de Posesión y Comercio de Armas Prohibidas, y Asociación Ilícita para Delinquir. A todos les ordenó la detención preventiva.


El fiscal fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:


• El auto que conducía el encargado de la operación, era de su propiedad, pero que uno de mis clientes, había prestado su nombre para esconder el origen del dinero utilizado en la compra del carro, y para colaborar con la organización, brindándole el medio de transporte con el cual coordinaba los detalles del trasiego del armamento.


• Que el perfil de mis clientes, al ser todos de una misma familia, y dedicarse a la misma actividad de la pesca, y la madera, les daba el conocimiento del mar y las costas, por donde se iba a enviar las armas.


• Que cumplían con la logística completa, conocimiento, el medio de transporte, y el contacto para el transporte del armamento.


Uno de nuestros clientes, el que era señalado como presta nombre, declaró que, sólo hizo un favor, sin interés económico, ya que conocía a esa persona, y él no podía comprar el auto porque su permiso de estadía en el país, lo tenía vencido, no pensó que ese favor le podía traer consecuencias jurídicas, y que desconocía que esa persona estuviera relacionada a actividades ilícitas.


El propietario real del vehículo declaró que, mi cliente desconocía de la existencia de las armas, que lo del carro fue un favor, porque cuando fue a comprarlo, no se lo vendieron porque en ese momento estaba ilegal en el país, por esa única razón, le pidió el favor, de registrar el auto a su nombre. Dijo además, no conocer al resto de los familiares de mi cliente.


Decidí escribir sobre este proceso, porque a pesar que fue un caso fácil para mí, es hasta este momento el mayor descaro de conjetura y especulación que he experimentado en todos los proceso en los que he participado como abogado.


El fiscal, una persona joven, tenía en sus manos, una investigación grande, los medios de comunicación social le habían dado relevancia por tratarse de un cargamento de armas que no encajaba con la realidad delictiva de nuestro país, por lo que el pensamiento colectivo, podía coincidir que, esas armas eran para grupos armados que operaban en el vecino país, así que, tenía las armas, se podía deducir que procedían de Centro América y se dirigían a Sur América, pero le faltaba saber quiénes las transportarían; y lo único que tenía era que, mis clientes eran personas que trabajaban en el mar, y tenían lanchas que podían ser utilizadas; allí le nació la imaginación para suponer, que ellos, serían los transportistas.


Le presentamos al fiscal una solicitud de modificación de medida cautelar, y le explicamos que, ninguno de los verbos rectores que configuran el delito de Posesión y Tráfico de Armas de Fuego, y Asociación Ilícita para Delinquir, pudieron ser ejecutados por mis clientes, ya que, la posesión de armas, no se extiende necesariamente, al dueño del auto donde se encontró parte del delito, se tiene que acreditar el conocimiento del hecho, de donde se deriva la responsabilidad a través de la tenencia, el dominio o la disponibilidad del ilícito.


En el escrito también le explicamos que, la actividad laboral de mis clientes, no podía ser considerada como fundamento para generar vinculación a ese delito, porque el derecho al trabajo está protegido por la Constitución Política, y que de los hallazgos recogidos en todas las diligencias de allanamientos e inspecciones oculares, no había ninguno que apuntara hacia la dirección de vinculación de mis clientes con las armas.


En la única entrevista que sostuve con el fiscal, salí convencido que este funcionario tenía un trastorno de personalidad, obviamente, para mí de difícil de determinación, pero me di cuenta que tenía problema de asimilación y de acoplamiento de los hechos de la investigación, fue una reunión frustrante porque el fiscal daba por acreditado hechos que no lo estaban en el expediente, así que, aproveché, una interrupción de la secretaria para despedirme y salir.


Entonces, preparé un memorial dirigido al Tribunal competente, solicitando la aplicación a favor de todos mis representados de medidas cautelares diferentes a la detención preventiva, sobre la base que, en el expediente no habían pruebas que ofrecieran serios motivos de credibilidad para vincular a mis clientes, con el delito de Posesión y Tráfico de Armas de Fuego, y que, era imposible configurar el delito de Asociación Ilícita para Delinquir porque faltaba el principal presupuesto, que es, confirmar la temporalidad del grupo, en cometer delitos indeterminados, por lo que era evidente que el delito acreditado se había cometido bajo la figura de la participación criminal, que es un concepto opuesto al de asociación.


El Tribunal que le correspondió resolver la solicitud, la acogió con los mismos fundamentos planteados, y modificó la detención provisional de nuestros clientes, por lo que salieron en libertad, después de dos meses de haberse iniciado el proceso.


Aproximadamente un año después, nos volvíamos a encontrar con el fiscal en la audiencia preliminar, la situación jurídica de mis clientes no había cambiado, porque el fiscal no encontró indicios adicionales contra ellos, pero aún con esa realidad, el fiscal le solicitó al Juez que dictara un auto de llamamiento a juicio para que mis clientes respondieran criminalmente en audiencia pública por los cargos que imputó.


Recuerdo sus palabras; repetitivas, pausadas y aburridoras, con las que sostenía que, había desmantelado una estructura criminal con ramificaciones internacionales, a través de los contactos, que de otros países introducían las armas, y utilizaban nuestro país, como tránsito para perfeccionar el tráfico, porque el arsenal tenía que llegar a su destino, y para ello, la organización contaba con una familia entera que camuflaba el transporte de las armas, en una aparente actividad de pesca y de corte de madera, pero que el nexo entre esta familia y la organización criminal, se había comprobado porque incluso prestaban sus nombres para que miembros de la banda, compraran autos que eran usados en la actividad ilícita.


Al escuchar la imaginaria película que el fiscal había contado en la audiencia, en mi oportunidad, en menos de 15 minutos, expuse mis argumentos, en los siguientes términos:


• Yo esperaba que el fiscal cumpliera con el requisito básico en toda audiencia preliminar, de indicarle al juez que existe un delito acreditado, e informarle, qué tipo de medios probatorios utilizó para comprobar el delito, y en qué folio del expediente se encuentran; y a renglón seguido, realizar el mismo ejercicio, respecto a la vinculación de cada persona, para evidenciar que cumplió con demostrar, el binomio factico jurídico para cada investigado.


• El fiscal comete muchas imprecisiones porque la descripción del tipo penal, artículo 333, que describe la conducta de Posesión y Tráfico de Armas, empieza con la palabra “quien” y no con la palabra “familia” por lo tanto, el delito de marras se le debe achacar a una o más personas determinadas, pero no a los 7 miembros de una familia, por el simple hecho de ser parientes, y vivir en la misma residencia allanada.


• Incluso, el fiscal, sólo mencionó el nombre de cada uno de mis clientes, cuando pidió que fueran llamados a juicio, pero incumplió con la obligación, no solamente de individualizarlos, sino de indicar los medios probatorios con los cuales los vincula al delito.


• El único hecho que tiene comprobado el fiscal, es que el auto en que se movilizaba uno de los imputados confeso, y donde se encontraron parte de las armas, está a nombre de uno de mis clientes, pero este indicio se desvaneció con las declaraciones de ambos, en las que le explicaron al fiscal que, ese fue un acto de buena fe, y sin interés económico, y que mi cliente no tenía conocimiento de la actividad delictiva.


• El otro hecho que también es cierto es que, otro de mis clientes es propietario de dos lanchas rápidas que las usa para turismo, y de varios botes de pesca, porque es una de las actividades de comercio a la que se dedica, además, de cortar madera con sus debidos permisos, pero es inconstitucional, ilegal e ilógico que el fiscal utilice la realización de una actividad lícita para especular que a través de ella, se pensaba cometer un ilícito.


• Como quiera que, el artículo 2219 del Código Judicial, exige la existencia de medios probatorios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, conforme a la reglas de la sana critica o graves indicios contra mis clientes para proceder con un llamamiento a juicio, le solicito al Tribunal dicte un auto de sobreseimiento a favor, porque, además de la debilidad probatoria que tiene el fiscal, ninguno de los otros imputados conocen a mis clientes.


Mediante audiencia pública celebrada, el 26 de octubre de 2001, con una decisión en el acto, nuestros clientes fueron sobreseídos de los cargos de Comercio de Armas Prohibidas, y Asociación para Delinquir.

RECOMENDACIONES

• Si usted como abogado entiende que el fiscal tiene una investigación de transcendencia, muy publicitada, y que la está utilizando para lograr méritos personales, no pierda su tiempo pidiéndole que cambie de parecer, respecto a su cliente. Si lo que usted desea es la libertad de su cliente, recurra ante el juez o Tribunal competente, para que revise la medida adoptada por el fiscal.


• Le recomiendo, crear sus argumentos de defensa sin apartarse de los indicios o pruebas que relacionan a su cliente con la investigación, entiendo que esto, se logra con el tiempo, pero es bueno que empiece a platicar, cree argumentos que los pueda plantear en público en 15 minutos. Los alegatos cortos pero sustanciales han demostrado ser más efectivos, que aquellos muy largos, porque estos, pierden el enfoque del problema.


• Evite al máximo enfocarse en muchos antecedentes, doctrina y la mención de leyes nacionales e internacionales, plantee el problema, y encuentre la solución delante del Tribunal, tenga presente que los jueces, a pesar que se entiende que ellos, conocen las leyes, recurrentemente también están escuchando a muchos abogados, que a diario les leen los códigos y convenios internacionales, así que, saque provecho de eso, y mejor dedíquese a explicar por qué usted cree que la solución al problema, es la libertad de su cliente.

 












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