Caso 15

Una de las empresas constructoras más importantes del país querella penalmente a dos de sus ingenieros de confianza y los acusa de crear empresas a nombre de parientes con el fin de facturar sumas millonarias por trabajos no realizados.

DELITO: Estafa Calificada (artículos. 220 y 221 del Código Penal).

TEMA: El derecho penal no puede ser utilizado para resolver conflictos que pertenecen a otra jurisdicción.

RESULTADO: Logramos el archivo de la investigación, al demostrar que los hechos pertenecían al derecho privado (incumplimiento de contrato), y no al delito de estafa.

ANTECEDENTES DEL CASO

El día 8 de agosto de 2013, una empresa dedicada a desarrollar proyectos inmobiliarios, promovió ante el Ministerio Público, una querella criminal en contra de dos ingenieros, por el delito de estafa agravada. Uno, era el gerente, y jefe de construcción, y el otro, el supervisor de la obra.

La empresa explicó a las autoridades, que desarrollaban un proyecto inmobiliario de varios edificios de apartamentos campestres en la Provincia de Coclé, que contrataron a un gestor de proyectos, quien sería un trabajador de confianza; y a otra persona, con el cargo de superintendente; al revisarse el presupuesto del proyecto, las cantidades no cuadraban, por lo que había un exceso en gasto de la cuantía presupuestada. La querellante también afirmó que las empresas proveedoras de productos y servicios, eran dirigidas por familiares de los querellados.

La conducta penal planteada por la querella fue que, entre los ingenieros, hubo un acuerdo, con pleno conocimiento del daño patrimonial de la empresa, ya que, una de las formas en que operaban, era que, el uno le reportaba al otro para facturar, y éste, no decía nada porque los proveedores eran ellos mismos, a través de sus familiares.

En el desarrollo de la investigación compareció a la fiscalía el representante legal de la empresa, también algunos accionistas, y todos coincidieron que, a través de auditoria, había determinado pagos excesivos que no eran proporcional con el avance de la obra, y que, producto de una investigación interna, descubrieron que las empresas contratadas para la excavación de tierra, y relleno, eran de los dos querellados.

Al ser notificados, y examinar el expediente de la querella, presentamos ante el ente investigador, un escrito que denominamos “Oposición a la Admisión de la Querella Penal”, en el que, establecimos, las razones por las cuales, la querella debía archivarse por error de enfoque de los querellantes. A continuación los argumentos:


• No existe legitimidad del querellante para actuar judicialmente en contra de mis clientes, porque, entre ellos, no hay relación contractual, ya que la empresa que otorgó poder para presentar la acción penal, es diferente a la que tiene relación contractual con mis clientes, y la querella no ha demostrado la relación legal entre ellas, además que, fuimos nosotros los querellados, los que presentamos la certificación del Registro Público que acredita la condición de independencia de cada una de las sociedades, es decir, que mis clientes han sido querellados por una empresa que no ha sufrido ningún perjuicio.


• En el contrato suscrito entre la empresa y mis clientes, se regula los hechos establecidos en la querella, entre ellos, el tema de la ejecución de obra, pero la empresa no presentó el informe rendido por ellos, al inicio de la relación, en que detallaban que, había un desorden administrativo, que impactaba, el control de las horas –máquina de los subcontratistas de movimiento de tierra que no permitía que el proceso de ejecución de obra avanzara con normalidad, y la fiscalía se ha enterado de este hecho, porque ha sido presentado por los querellantes.


• La obligación de contratar nuevas empresas para la ejecución de la obra, quedó regulado en el contrato principal, y no existe cláusula que excluya a alguna empresa porque sus directivos tengan algún grado de familiaridad con mis clientes, pero esta circunstancia pudiera interesarle al derecho privado por el conflicto de intereses, que podría surgir en esa relación, pero no, al derecho penal, ya que la empresa denunciada cumplió con el movimiento y relleno de tierra en la obra, si existe diferencia de precio o desproporcionalidad entre lo pagado y el volumen del trabajo, lastimosamente, ese hecho no es relevante para configurar el delito de estafa.


• Al menos que los querellantes tengan otro interés, no lo sabemos, pero lo que sí estamos seguros es que, en esta querella han cometido un error de derecho porque un provecho ilícito por medio del engaño se configura cuando el agente utilizando cualquier maniobra física o psicológica convence a la víctima para que entregue un recurso a cambio de una contraprestación que nunca llega, pero mis clientes no se encuadran en esta descripción, porque la empresa proveedora del servicio existe legalmente, el servicio de brindó y se facturó, cualquier otra consideración, se queda en esa relación, y debe resolverse en la ley aplicable al derecho privado.


• Un error cometido por los querellantes, que dudo pase desapercibido por la fiscalía, es que, la auditoria en la que se determinó la diferencia de precio basado en una medición de la cantidad de tierra removida y rellenado, respecto al precio pagado, fue elaborada por contadores públicos de la empresa, que además de tener interés en el resultado, no son idóneos para este tipo de auditoria, por ello, no pudieron establecer el método científico que utilizaron para hacer las mediciones con las cuales arribaron a esas conclusiones, además de omitir información importante sobre los precios que habían cotizado las otras empresas para el mismo trabajo.


• La forma como fue descrito por mis clientes en el informe que elaboraron al inicio de la relación de trabajo como “desorden administrativo”, no permite ver en qué área estaba el desbalance, si es que lo había, porque este es un mega proyecto familiar, subdivido en proyectos familiares con fondos individuales, donde cualquiera de los subproyectos podían pedirle relleno a los contratistas, pero la facturación era para el mega proyecto, esto ocurría porque el conocimiento que tenían los contratistas era que el proyecto era familiar, pero poco a poco se pudo crear un hueco grande para la empresa que pagaba los rellenos.


• Siendo que los querellantes se equivocaron de jurisdicción, solicitamos al señor fiscal que le pida a la autoridad jurisdiccional el archivo del presente proceso.


El fiscal envío el expediente con vista fiscal, solicitando el archivo del proceso por falta de acreditación del hecho punible, petición que fue acogida por el Tribunal competente.

RECOMENDACIONES

• Existe una marcada tendencia de los empresarios, de intentar resolver sus conflictos privados que corresponden a la jurisdicción civil, en lo penal. El abogado por ética profesional no debe patrocinar el uso de una jurisdicción incorrecta, aunque facture menos honorarios profesionales.


• Es importante que el abogado ejerza una defensa efectiva desde el inicio de la investigación, ya que su intervención, con medios de convicción o aclaración de los hechos, puede evitar, incluso una imputación. En este caso, nuestra defensa efectiva, fue fundamental ya que le entregamos al fiscal, no solamente medios de convicción, sino argumentos con los cuales era imposible seguir viendo estos hechos como una presunta estafa.

 












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