Caso 25

Dos ciudadanos extranjeros, fueron detenidos y acusados de extorsionar a un empresario y político panameño por 1.2 millones de dólares.

DELITO: Contra la Libertad Individual (extorsión), artículo 151 del Código Penal.

TEMA: Sólo la autoridad judicial en casos específicos puede autorizar interceptar comunicaciones privadas.

RESULTADO: Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2007, no solamente mis clientes, sino todos los acusados fueron declarados inocentes, porque el Tribunal, entre otras consideraciones, reconoció la relación de amistad y comercial del denunciante con los acusados, la nulidad de la transcripción de la diligencia de escucha telefónica por ser emitida posterior al Acto Legislativo No. 1 de 2004, y que las otras circunstancias en el proceso serían accesorias a la omisión incurrida, por ello, estimó que lo procedente conforme al principio que dice que la duda favorece al reo, era absolver a los acusados.

ANTECEDENTES DEL CASO

El día 24 de febrero de 2005, un empresario y político panameño presentó en la Fiscalía Auxiliar de la República, una denuncia, en la que explicó que estaba siendo amenazado por dos sujetos desconocidos que se identificaron como miembros del grupo “auto defensa de Colombia”, y le solicitaron el pago de 1.2 millones que le debía a otros, también empresarios y políticos.


Entre los hechos relevantes que transcribió en la denuncia, señaló que, estaba siendo víctima de extorsión por dos sujetos que se identificaron como LEO y VEIRA, quienes lo amenazaron a asumir las consecuencias, si no pagaba la deuda, ya que conocían sus movimientos, al tener dos meses de estar dándole seguimiento, además que, sabían de su familia, incluyendo padres, esposa, e hijos.


Que los sujetos le indicaron que podía darle aviso a la policía, pero que de todas maneras tenía que pagar, hasta ese momento, sólo había tenido un contacto físico en su oficina, donde se presentaron informalmente, y sin ser autorizados, entraron a hacerle el requerimiento de pago.


El resto de la conversación, se había dado vía telefónica, justamente en el momento en que estaba presentando la denuncia, en la que le dijeron que sabían que él estaba hablando con otra persona, que era un asunto muy serio, que tenía que ser tratado de forma privada.


El denunciante, explicó que hacía aproximadamente un año, tuvo diferencias comerciales con tres personas, uno de ellos, que se ha dedicado a conversar con muchas amistades en común, e indicándoles que lo iban a perjudicar en la parte económica y hasta físicamente, además dijo que había recibido amenazas de muerte.


Describió a los presuntos extorsionadores, de acento colombiano, que de volverlos a ver los podría reconocer, y que uno de ellos, le había dado el nombre del supuesto acreedor, y también le explicó los negocios de donde se originó la deuda, por lo que entendió todo.


La Procuraduría General de la Nación, autorizó al Fiscal Auxiliar de la República, a llevar a cabo una operación encubierta con interceptación telefónica, de la que se obtuvo las transcripciones de presuntas conversaciones entre mis clientes y el denunciante, en las que se mencionaban términos relacionados al cobro de un dinero con la utilización de un vocabulario equivalente a una presión psicológica para que se realizara el pago, entre las más notables, algunas eran de la siguiente manera “si quieres a las buenas será a las buenas, pero si deseas a las malas, entonces, será a las malas”.


El denunciante citó a mis clientes a una reunión el día lunes a las 10 de la mañana, cuando llegaron fueron detenidos.


Luego de la captura, el denunciante amplió su denuncia para corroborar las supuestas conversaciones telefónicas e incorporar el nombre de las empresas de donde surgió la obligación de pagar comisiones, que lo acusaban de no repartirlas y quedarse con ellas.


En la declaración de indagatoria, mis clientes, negaron ser paramilitares, reconocieron trabajar para una empresa que brindaba servicios de cobros reales y existentes, fueron contratados por una persona para mediar en la recuperación de 1.2 millones de dólares que el denunciante no le había entregado a sus socios, en un negocio del que se pagó comisión por 3.6 millones, que por razones estratégicas, se le comisionó recibir todo el dinero.


Igual, reconocieron haber ido a las oficinas del denunciante donde hablaron pacíficamente, le enseñaron los documentos que validaban el compromiso, este lo reconoció y aceptó pagar en 15 días.


El fiscal auxiliar de la República fundamentó la imputación de cargo y la aplicación de la prisión preventiva, por el delito de extorsión, en razón a la denuncia presentada por la víctima, en la que puso en conocimiento los hechos, el acta de operación encubierta que describía las conversaciones telefónicas, y el testimonio de un sobrino del denunciante, que aseveró haber sido atacado por dos personas con las características similares a mis clientes.


Durante la investigación pudimos acreditar algunos hechos importantes en el expediente; como los que, entre los que reclaman la deuda y el denunciante hubo una profunda amistad, deteriorada por el negocio que había generado la disputa, entre ellos, existió relación comercial antes de los hechos en controversia, la acreditación de la empresa que entregó la comisión, y la aceptación del denunciante sobre el acuerdo económico con sus antiguos socios, con la excepción según sus palabras, que ellos, no habían tenido una participación significativa.


Además de los anteriores elementos de fondo, sabíamos que pondríamos para el debate un aspecto de forma que en ese momento se estaba discutiendo en el foro jurídico, sobre el alcance de la palabra “autoridad judicial” para ordenar interceptar comunicaciones privadas, ya que, el término utilizado en la constitución hasta la reforma del 2004, era “autoridad competente”.


La investigación terminó con la emisión de la vista fiscal, siendo un proceso voluminoso sobre todo con decenas de declaraciones juradas, donde se pidió el llamamiento a juicio de las cuatro personas detenidas preventivamente, mis dos clientes, y los políticos-empresarios que reclamaban el pago.


Posterior a la intervención de la fiscalía en sustentar la vista fiscal, fui el segundo en el orden de la defensa, en recibir de parte del Juez, la oportunidad para exponer mis argumentos, los cuales, presenté de la siguiente manera:


• Honorable señor Juez, me complace que el fiscal, haya reconocido delante de usted, que existió una relación de amistad, y de negocio entre los acusados y acusadores, pero también me satisface, que haya aceptado el hecho especifico, que la controversia surgió por una relación de negocio supuestamente no honrada.


• En menor medida, pero también me es grato que el fiscal, presente al Tribunal la configuración del delito de extorsión basado únicamente en las palabras sacadas de una transcripción de acta producto de la interceptación de comunicación privada supuestamente entre mis clientes y el denunciante, en la que se dice que, “si quieres a las buenas será a las buenas, pero si quieres a las malas será a las malas”, y que, “a mí me pueden echar 20 o 30 años de cárcel, pero tú tienes una deuda real y tienes que pagarla” “conocemos tus pasos y a tu familia”, entre otras expresiones de menor calibraje, las que según el fiscal, establecen una amenaza real.


• A todas luces el delito de extorsión, existe o se configura producto de una serie de acciones humanas que unidas unas con otras en el tiempo transgreden el bien jurídico de la libertad de acción o de pensamiento denominado por la ley penal como Delito Contra la Libertad.


• Lo que esta defensa observa, y creo que el Tribunal lo ha visto antes que yo, es que el fiscal está basando la vida del delito en una sola acción, y es que él mismo lo ha ratificado al decir que, mis clientes con esas expresiones previamente dichas, amenazaron a la víctima, no obstante, también reconoce que las otras acciones no existen porque son licitas, cuando se refiere a que, entre los acusados y el denunciante hubo amistad, negocios, y obligación de pagar.


• Es importante que el fiscal recuerde, porque el Tribunal si lo sabe, que el lucro que se propone el extorsionador en el delito acusado, tiene que ser indebido, es decir, ilícito, porque la idea de atrás del victimario es crear una obligación inexistente que a través de la amenaza o violencia obligue a que la víctima le entregue dinero, pero ese lucro indebido no existe en este expediente, por cuanto es un hecho acreditado que lo que persiguen los acusados en este proceso, es recuperar lo que lícitamente les corresponde.


• Otra acción muy cuestionada en esta investigación, es la existencia de una amenaza, que según el fiscal, se consumó con las expresiones que ya hemos expresado en los argumentos precedentes, pero según el artículo 151 del Código Penal, que describe este delito, esa amenaza tiene que ser grave, pero esta tiene que producirse con acciones y no simplemente con palabras comunes utilizadas por cualquier cobrador a su deudor, es decir, la amenaza grave, tiene que involucrar acciones que atemoricen a la víctima como vigilancia, estacionaria o seguimiento en su contra o de un familiar cercano, o de palabras concretas que generen el sentimiento de peligro a la vida, la integridad física o moral de la víctima, estos efectos no se logran ver, en las siguientes palabras: “si quieres a las buenas será a las buenas o si quieres a las malas, pues, entonces, será a las malas”, porque estas son expresiones abstractas, no concretas, muy comunes para el que cobra un dinero dentro de las relaciones cotidianas, más en el mercado informal.


• Con la ausencia de esas acciones puntuales que exige la norma penal, no se puede configurar el delito acusado, pero existe otra circunstancia que forma parte de uno de los elementos esenciales para que surja a la vida el delito en este proceso, y es que, el único indició acreditado que nos tiene en este debate, sobre la amenaza a la víctima, existe en la transcripción de la grabación telefónica que el procurador autorizó, el 25 de febrero de 2005, pero con la reforma a la Constitución Nacional, que entró en vigencia en noviembre de 2004, se estableció en el artículo 29 que sólo la autoridad judicial tiene competencia para interceptar las conversaciones privadas de los particulares con fines específicos, contrario al texto anterior, que utilizaba la expresión, “autoridad competente”.


• En efecto, antes de entrar en vigencia las reformas constitucionales del año 2004, la privacidad de las conversaciones telefónicas, podían ser interrumpida por el Procurador General de la República, quien es la autoridad competente encargado de las acciones penales en toda la República, pero al tomar vigencia la reforma, esa facultad paso a la autoridad judicial, y el señor procurador no es, autoridad judicial, por lo tanto, la resolución que autorizó interceptar las conversaciones de mis clientes, y todo el contenido producido posteriormente, es nulo por violar el debido proceso, siendo así, desaparece el único indicio de donde el fiscal sostenía que hubo una amenaza grave, por lo que en sumatoria de mis argumentos, le solicito al Tribunal con el respeto por delante que, declare la inocencia de mis clientes, y se les ordene su inmediata libertad.

RECOMENDACIONES

• La experiencia que me quedó de este proceso, que comparto con el lector, es que, el denunciante muy bien asesorado por cierto, llevó a un sobrino de sangre a declarar que había sido atacado por mis clientes, este hecho nunca ocurrió, pero me sirvió para darme cuenta que tanto la fiscalía como el denunciante estaban conscientes que necesitaban acreditar una amenaza grave, obviamente, en repreguntas en la fiscalía deshilachamos al testigo, al punto que no se atrevió a comparecer al juicio.


• Un tema que siempre recomendaré es que el abogado tiene que empezar por entender bien la descripción del tipo penal acusado porque ese conocimiento es su punto de partida para hacer excelente uso de los indicios y pruebas que se han acumulado en el proceso, para comprender mejor cómo se configura el hecho punible descrito en la norma, vale la pena revisar suficiente jurisprudencia.

 












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