Caso 29

Un empresario extranjero, dedicado al negocio de la pesca, fue encarcelado por la fiscalía de droga de Panamá, acusado de abastecer de combustible a lanchas rápidas, y a barcos con droga, que pasaban por aguas panameñas, con dirección a México, y a los Estados Unidos de Norte América.

La acusación decía que esta persona, considerada por la D.E.A., como el encargado de la logística en el transporte de la droga, había establecido empresas en Panamá relacionadas con la pesca, como pantalla para ejecutar sus acciones delictivas, y trabajar con uno de los carteles más grandes de la época.

DELITO: Contra La Seguridad Colectiva (drogas) (art. 313), Blanqueo de Capitales (art. 254), Posesión y Comercio de Armas Prohibidas (art. 333), y Asociación Ilícita para Delinquir en Delitos Relacionados con Drogas (art. 329) del Código Penal.

TEMA: Solamente con informes de diferentes fuentes, aunque algunos procedan de la D.E.A., no se puede comprobar que una persona entregó drogas o abasteció de combustible a naves que transportaban sustancias ilícitas.

En cuanto al delito de Blanqueo de Capitales, el hecho de constituir empresas de diversas actividades, y comprar y vender propiedades, no configura por sí solo, el delito de Blanqueo de Capitales.
Con relación al delito de Posesión y Comercio de Armas Prohibidas, una persona no puede ser condenada, simplemente, por ser legalmente el responsable del apartamento donde vive la persona vinculada al delito.

Finalmente, en referencia al delito de Asociación Ilícita para Delinquir, comprobar que el acusado participó en dos reuniones con personas también sometidas a la misma investigación, no es suficiente prueba para dar por acreditado la vinculación al delito, amén que, previamente la fiscalía tuvo que haber demostrado la existencia de la organización criminal con carácter de permanencia.

RESULTADO: En este caso, obtuvimos la declaratoria de inocencia de nuestro cliente, por todos los delitos acusados, ya que la fiscalía no pudo probar su teoría del caso, en cada uno de ellos.

ANTECEDENTES DEL CASO

En noviembre de 2002, se dio un intercambio de disparos en el sector de Chepo, Distrito Capital, entre unidades de la Policía Nacional, y ciudadanos extranjeros, que estaban introduciendo drogas ilícitas al territorio nacional. Como consecuencia de este hecho, dos de estos ciudadanos murieron de forma inmediata.


Seguidamente, los agentes de la Policía dieron con el hallazgo de más de 700 kilos de droga. Casi de manera simultánea, también detienen un auto sedan, que había sido abandonado, en un sitio cercano de donde se habían dado los disparos, y en el interior de este vehículo, había un cargamento de armas de guerra.


Posteriormente, en un retén policial en la misma comunidad, en dirección hacia donde se había encontrado las armas, se detuvo a un joven, acompañado de una dama, y éste le dijo a las unidades de la Policía que, iba a recoger a un amigo, pero dentro del auto estaba el contrato de alquiler del vehículo que fue encontrado con las armas, lo que ligaba a este joven con ambos hallazgos.


En la diligencia de allanamiento al apartamento donde vivía esta pareja se descubrió, que el contrato de arrendamiento estaba a nombre de mi cliente.


La persona que alquiló el auto donde estaban las armas, dijo que, era uno de los que había llegado en la lancha que introdujo la droga, y aceptó desde la fiscalía la responsabilidad de los hechos.


El joven que fue capturado junto a la dama, dijo que él era el responsable del apartamento, que la única relación con mi cliente era que, el contrato de arrendamiento quedó a su nombre, porque él no cumplía con el perfil que exigía la empresa de bienes y raíces, a través de un amigo en común, lo conoció, por esa razón le pidió el favor.


Cuando la fiscalía investigó al amigo en común entre mi cliente y el joven del apartamento, descubrió que esa persona estaba mencionada en informes de la D.E.A., como pieza importante en el tráfico de drogas.


También al revisar los registros de las empresas, se descubrió que, esa persona, era socio de mi cliente, en dos empresas; una dedicada a la importación y venta de pinturas, y otra, al negocio de la pesca.


Para esa misma época, se estaban desarrollando investigaciones simultáneas en los Estados Unidos de Norte América, Colombia, Costa Rica y Panamá, y el punto de conexión, era que los principales investigados eran mencionados en los informes de inteligencia elaborados en cada país.


Transcurridos algunos meses desde la captura de la droga y las armas en el sector de Chepo, detonó a nivel de todos los países involucrados la captura de los investigados, hubo capturas, en Colombia, Brasil, y Panamá, donde fueron más de 100, las personas investigadas.


El proceso en Panamá se conoció publicitariamente como el caso “Rayo Montaño” porque según las investigaciones e informes de la D.E.A., todas las células desmanteladas en los diferentes países, respondían a esta persona que había sido capturada en Brasil. Este proceso aún se mantiene como la más grande investigación llevada en Panamá por delitos contra el crimen organizado, relacionado con drogas, ya que el expediente superó las ciento cincuenta mil páginas, se incautó cientos de kilos de droga, millones de dólares, entre bienes muebles e inmuebles, locales comerciales, comercios, y dinero en efectivo.


A nuestro cliente se le formuló los cargos de delito contra la Salud Pública, relacionado con drogas ilícitas, Posesión y Comercio de Armas Prohibidas, Blanqueo de Capitales, y Asociación Ilícita para Delinquir, en delitos relacionados con drogas.


En las resoluciones de declaración indagatoria y detención provisional, la fiscalía sostenía que, mi cliente estaba vinculado a cada uno de los delitos porque, una de las personas capturadas cerca del lugar donde se encontró el cargamento de droga, vivía en un apartamento alquilado a su nombre.


Que los informes policiales, nacionales y provenientes de la D.E.A., lo ubicaban como el encargado de la logística en el abastecimiento de combustible a las lanchas rápidas, y a los barcos que pasaban por Panamá, transportando la droga.


Que era socio comercialmente con una persona investigada en los Estados Unidos por narcotráfico, y que el alijo de armas encontrado en el auto abandonado en el mismo sector donde se dio el hallazgo de la droga, tenía relación con él porque era el jefe o encargado de esa operación.


Finalmente que tenía bienes como lanchas, barcos, residencias, producto del narcotráfico, que no podía justificar.


En el curso de la investigación, descubrí que, una nota enviada por la embajada de los Estados Unidos de Norte América, a la Procuraduría General de la Nación, había sido la causa de la investigación conjunta, y de la unión de varias investigaciones internas, sin la intervención de la autoridad judicial.


Por otro lado, el tratado de Asistencia Legal Mutua, firmado entre ambos países, dice que, el órgano de poder panameño, para el intercambio de documentación, e información, es el Ministerio de Gobierno y Justicia, y no la procuraduría.


Al descubrir una violación al debido proceso, en unir varias investigaciones que podían ser llevadas por separadas, por tener cada una distintos orígenes, atacamos la resolución de la fiscalía, mediante el recurso de Incidente de Controversia, con base, en el artículo 1993 del Código Judicial, porque tanto la resolución de indagatoria, como la detención provisional, estaban en la parte de los procesos que se habían unido, y no en el proceso que inició con el hallazgo de la droga, y las armas, en el sector de Chepo.


El Juez de la causa, consideró infundada la pretensión porque se basó más en los hechos punibles comprobados, y en los medios de pruebas que habían en el expediente para acreditar la vinculación, que en reconocer una intromisión de otro Estado, que afectó la soberanía nacional, porque dio órdenes directas, y presentó solicitudes, sin pasar por los conductos aprobados por ambas partes, que a todas luces, sin importar el tamaño de la investigación, y su importancia, se había cometido un error procesal que tenía que ser debatido procesalmente.

En la apelación, la suerte fue diferente, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá, ordenó la nulidad de todo el proceso, a partir de la foja que se había producido, producto de la nota de la embajada de los Estados Unidos de Norte América, al considerar que, el debido proceso, es una garantía de derechos humanos, que busca evitar las arbitrariedades de las autoridades, en perseguir judicialmente a personas, sin respetar los acuerdos internacionales y nacionales, que en este caso era evidente que, la unión de varias investigaciones se había producido a solicitud de una autoridad extranjera, sin cumplir con la intervención de los órganos de poder del Tratado de Asistencia Legal Mutua.


Esta decisión tuvo como efecto que, más de 20 personas detenidas en las cárceles del país, producto de estas investigaciones, salieran en libertad, pero mi cliente, cuando estaba en los trámites administrativos, en la judicial del centro penal, donde cumplía la detención provisional, le llegó otra captura dictada por la misma fiscalía, utilizando como fundamento, que dentro de las páginas que no se habían anulado, habían suficientes elementos de prueba que demostraban los hechos punibles, y su vinculación, por lo que, el Director del penal, le comunicó que, no podía otorgarle la libertad.


A través de un Amparo de Garantías Constitucionales promovido por la fiscalía, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, revocó el auto de segunda instancia, que había declarado la nulidad parcial del proceso, por lo que el fiscal retomó el control sobre todo el proceso, y continuo con la investigación.


La postura de la corte fue en darle más valor al derecho de la sociedad en investigar los delitos, y sancionar a los transgresores de la ley, que en darle valor a la intromisión de una embajada extranjera en el país, incluso, esta decisión sirvió de fundamento para abrirles procesos administrativos a los dos magistrados que tomaron la decisión. Posteriormente se conoció sobre la remoción de estos magistrados de sus cargos, pero también se corría en los pasillos los comentarios, que el Fiscal General de Drogas, y personal de la embajada, visitaban los Despachos de los magistrados presionando la revocatoria del fallo, lo que para justificar la decisión, tuvieron que atribuirles conductas antiprocesales a estos magistrados, porque, además, era la primera vez, en la historia procesal y jurisprudencial panameña, que se daba un fallo, donde a través de un Amparo de Garantías Constitucionales, se revocaba, un auto, dictado en segunda instancia, en materia penal.


Terminada la investigación, llego el día del juicio, el salón más grande de todo el palacio de justicia, estaba repleto de personas, más de 50 acusados presentes, cantidad igual de abogados, personal de la fiscalía, la prensa escrita, radial y televisiva de los medios de comunicación social, las unidades que custodiaban a los detenidos, el público, y por supuesto el Juez y su personal. Todos esperando, el momento para que el Fiscal General de Drogas, probara cada uno de los cargos.


Se presentó con varios fiscales adjuntos para dividirse la presentación en PowerPoint, un mapa que parecía que iba a describir las neuronas del cerebro y sus funciones, porque se veía una estructura con muchas ramificaciones, la que empezó a explicar, indicando, entre otros detalles, que la investigación les permitió conocer, y desmantelar una de las más grandes estructuras criminales, con ramificaciones internacionales, liderada por una persona, a través de muchos brazos ejecutores, entre los cuales, mencionó a mi cliente, y además, señaló que mi cliente era un miembro importante de la organización, porque su función era indispensable para la ejecución de los delitos, ya que sin combustible las lanchas rápidas y los barcos no podían llevar la droga al mercado internacional, luego, mencionó los mismos indicios que señaló en la vista fiscal, por el cual solicitó que mi cliente fuera condenado por todos los delitos acusados.


Al estar autorizado por el Presidente de la audiencia para tomar la palabra, expuse mis argumentos de la siguiente manera:


• Honorable señor Juez, el fiscal le ha pedido que condene a mi cliente por varios delitos, con las pruebas que él virtualmente ha creado en su presentación de PowerPoint, porque las que existen en el expediente, le indicaran a usted que en lugar de semejante petición, lo que procede es absolver a mi cliente de cada una de las acusaciones del fiscal, y será así, porque, a continuación exhibiremos cada indicio o medio probatorio que según la fiscalía comprometen a mi cliente con los hechos punibles acusados.


• En el sector de Chepo, en medio de las primeras pesquisas, dentro de un auto abandonado, se encontraron unas armas de guerra; la persona que alquiló el vehículo aceptó la tenencia de este armamento, y dijo no conocer a mi cliente; el fiscal pretende estirar la tenencia, el dominio o la disponibilidad de este delito a mi cliente, porque el carro donde se encontró el contrato de arrendamiento de este vehículo, era manejado por una persona que vive en un apartamento, que estaba a nombre de mi cliente, pero este hecho, no trasciende al conocimiento de las armas, porque incluso, esta persona dijo que no sabía de las armas; por lo tanto, si eliminamos, la presentación virtual del fiscal, quedamos sin nada para pedir responsabilidad de mi cliente, por un delito que se escapa de su radio de acción y conocimiento.


• El mismo día que se dio con el hallazgo de las armas, las unidades de la Policía, incautaron más de 700 kilos de droga, en los Esteros de Chepo, por lo que, algunas personas, fueron detenidas; estas personas declararon que no conocían a mi cliente, incluso que tampoco conocían a la persona por la que mi cliente es ligado a esta investigación; entonces, si la fiscalía no tiene una contraprueba para demostrar lo contrario, no existe manera de relacionar a mi cliente con ese cargamento de droga.


• Usted ya observó señor Juez, que, solamente las palabras del fiscal mencionaron que mi cliente abastecía de combustible a las lanchas rápidas, y a los barcos que pasaban con droga por Panamá, pero no indicó donde estaban, los testigos, fotografías, grabaciones que demostraban ese hecho, inclusive, ni siquiera, dijo que en el expediente, habían muestras positivas de IONSCAN a las embarcaciones de pesca de mi cliente.


• El fiscal, se contradice, porque, para cumplir con su alegato, dice que mi cliente utiliza sus embarcaciones para abastecer de combustible a las lanchas, y a los barcos que llevaban la droga, pero todas sus lanchas fueron devueltas, y cada uno de los tripulantes liberados, él tenía las licencias al día de cada una de sus embarcaciones, y para este argumento también vale el hecho que, cuando se dio el hallazgo de la droga, mi cliente, seis días después salió del país, y lo hizo porque tenía que renovar su carnet de migración, lo que es contrario, a lo pretendido por la fiscalía que salió huyendo, porque de ser así, no hubiese esperado tanto tiempo, y tampoco hubiera regresado al país semanas después.


• El único indicio que tiene la fiscalía para acusar a mi cliente del delito de Asociación Ilícita para Delinquir, es que mediante diligencia de seguimiento y vigilancia, mi cliente es fotografiado en dos fines de semanas distintos, en un resort de la localidad, con amigos, entre ellos, uno que está siendo procesado en los Estados Unidos de América, pero esas dos reuniones no configuran el delito de Asociación porque además que la fiscalía no aportó pruebas que determinen lo que se habló en esos dos encuentros, el delito acusado no es conspiración, sino asociación, lo que le impone al fiscal, la obligación de demostrar la existencia de una estructura previa, jerarquizada y con carácter de permanencia para cometer delitos; como quiera que lo anterior, no se prueba con esos dos hechos, entonces, en este proceso no se puede configurar este delito.


• Con relación a lo planteado anteriormente, hay un hecho que surge de la declaración indagatoria que mi cliente le rindió a la fiscalía, y es que, todas las preguntas que mi representado respondió, giraban en torno a los delitos de droga, posesión de armas, y blanqueo de capitales, pero el delito de Asociación Ilícita para Delinquir, es un delito autónomo, diferente a los anteriores, por lo tanto, el fiscal tenía que hacerle preguntas sobre la investigación de ese hecho punible para que mi cliente se defendiera, y no considerarlo como un hecho abstracto, englobado en las otras imputaciones, por lo que se acreditó una violación al derecho de defensa, ya que mi cliente no tuvo la oportunidad de defenderse.


• Finalmente, en cuanto al delito de Blanqueo de Capitales, el hecho que mi cliente tuvo empresas en Panamá, no es un elemento configurativo del delito, porque, tener empresas no aparece como uno de los verbos rectores encaminado a acreditar este tipo de delito, siendo así, la fiscalía a través de ninguna de sus presentaciones, ni siquiera ha dicho que mi cliente, haya recibido, depositado, negociado, transferido o convertido dinero que proceda de algún delito relacionado con droga, sino lo plateo de esa manera, mucho menos, va explicarle al Juez, donde están las pruebas para demostrar esos hechos, entonces, esta acusación, no tiene sustento, y lo que procede es desestimarla.


Mediante sentencia mixta, el Juez Noveno Especial de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, declaró inocente a mi cliente de cada uno de los delitos acusados.

RECOMENDACIONES

• El abogado no debe dejarse achicopalar por la complejidad de una investigación, no es la investigación o el tamaño de los expedientes los que deciden si su cliente es culpable o inocente, sino las pruebas que la fiscalía logre obtener para demostrar su teoría del caso.


• Dedíquese desde el inicio a defender a su cliente de los hechos que le atribuye la fiscalía, tenga presente la siguiente palabra “configuración” ese término es clave porque si usted sabe cómo se configura el delito acusado, estará más preparado para hacer una mejor defensa.


• Si su cliente tiene varias imputaciones, haga la defensa de cada una por separado, tenga presente que cada delito tiene sus propios elementos que lo integran, pero si hace una defensa general, confundirá al Tribunal, y obviamente, eso no le conviene.


• Lo bueno de las investigaciones complejas, con decenas de carpetas, es que por tener tanta información, y a veces, varias imputaciones, los fiscales, cometen muchos errores, que si usted, está preparado, los utiliza a su favor.


• Cuando se trate de investigaciones, en las que intervienen varios Estados, usted está obligado a leer, estudiar y analizar los convenios bilaterales o multilaterales, que sobre la materia, hayan firmado estos países; esto es importante, porque respetar el debido proceso, es una obligación de los Estados soberanos.

 












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