Caso 3

Un empresario perteneciente a uno de los grupos económicos más importantes del país fue vinculado a una investigación por los delitos de Peculado, Corrupción de Servidor Público y Estafa. La acusación se basaba, en que mi cliente como representante legal de una de sus empresas dedicadas a la aviación, le había cobrado al Estado panameño, cerca de cuatro (4) millones de dólares por un servicio de transporte aéreo que no había prestado. En uno de los hechos que integraba la acusación se decía que mi cliente en componenda con un ministro facturaba horas de vuelos y viajes no prestados.

En esta investigación también fueron acusados otros empresarios y ex funcionarios, entre estos, ministros y directores de entidades públicas, ya que la investigación se basó sobre la contratación del servicio de helicópteros como taxi aéreo para diferentes instituciones que regularmente realizaban asignaciones de emergencia y entrega de dinero de programas asistenciales, como era el caso, del ministerio al que mi cliente le había prestado el servicio para el pago de decenas de miles de personas que vivían en áreas de difícil acceso.

DELITO: Peculado Agravado (art. 338), Corrupción de Servidores Públicos (art. 345), y Estafa art. 220 del Código Penal).

TEMA: En este caso, el tema candente radicó en que la fiscalía para acreditar el principal delito se basó en un Informe de Auditoria elaborado por la Contraloría General de la República, en el que afirmaba que, mi cliente había cobrado por horas y vuelos de helicópteros no realizados. Esta afirmación la apoyaban en hechos, tales como; que ellos no pudieron corroborar todas las facturas de la empresa en las que registraban destinos, días y horas de vuelos, que algunas de las bitácoras de los pilotos y de la aeronave, tenían borrones, lo que indicaba que habían sido alteradas; que, con esas inconsistencias, la información que ellos mantenían de la Autoridad de Aeronáutica Civil, no cuadraba con la reportada por la empresa. El asunto fue que, además del contenido del informe de auditoría, la fiscalía afirmaba que, existía un testigo protegido que había denunciado que el funcionario encargado de contratar los servicios de helicópteros cobraba el 50% del pago por los vuelos no realizados, y el 10% por los realizados. De esta forma, y con algunas diligencias de inspección ocular, y declaraciones dentro del proceso, la fiscalía, se arriesgó y le imputó a mi cliente la presunta comisión de tres (3) conductas delictivas.

RESULTADO: Logramos Anular las tres acusaciones porque el derecho constitucional y convención de Presunción de Inocencia, tiene que respetarse desde antes, durante y después de cualquier acusación penal, lo que indica que, la creencia, la opinión ni la especulación de los fiscales no basta para encausar y encarcelar a una persona, sino, los hechos que se puedan demostrar con medios de pruebas obtenidos lícitamente, congruentes y vinculantes.

ANTECEDENTES DEL CASO

El inicio de esta investigación se ubica en el reportaje noticioso del 4 de septiembre de 2014, donde se mencionaron supuestos malos manejos de fondos públicos, entre otros medios, a través del sobrecosto en el alquiler de helicópteros para diversas actividades estatales del período 2010-2014.

Entre los altos funcionarios que se mencionaron en ese reportaje, estaba el ministro, responsable de los programas sociales del país, a quien la empresa de mi cliente le había brindado el servicio de taxi aéreo para llevar los pagos a los beneficiarios que vivían en lugares de difícil acceso.

Días después, observamos una entrevista, que este ministro concedió a uno de los noticieros matutinos más visto y escuchado en el país, dando explicaciones irracionales y siendo carnada del periodista, sin poder explicar los procesos de contratación, la forma de verificación de la prestación del servicio, su relación con la empresa contratada; lo único que hacía era intentar desviar la atención del periodista acusando al actual gobierno de persecución política.

Como era de esperarse, los medios de comunicación social dieron a conocer que el Ministerio Público, había girado orden de conducción en contra del ministro y otras personas, lo que dejaba fuera de dudas, la existencia de un proceso, que se había iniciado, para investigar las presuntas irregularidades, cometidas, en la contratación y pago a las compañías de transporte aéreo que le habían brindado ese servicio a diferentes ministerios y entidades estatales.

Seguidamente, también conocimos los nombres de las personas a las que igualmente se les estaba investigando, entre los cuales, estaba el nombre de mi cliente. Recuerdo que nuestra primera reunión a la que fui convocado por un amigo en común, desde la tarde de ese día, terminó en horas de la madrugada, porque, entre otras cosas, esta noticia, había generado mucha alteración de ánimo, entre estos, la preocupación de la familia por la salud de los padres de mi cliente, la estabilidad de sus empresas, la relación con los bancos, y por supuesto, la oportunidad de venganza de la competencia y de los enemigos; en fin, fue un ambiente de mucha tensión, sobre todo, porque tuve que ser sincero al indicar que el restablecimiento a la normalidad de todos estos efectos, iba a tardar mucho tiempo.

La tarea comenzó de inmediato, era importante conocer la resolución o providencia de indagatoria para enterarnos de los fundamentos de hechos y de derecho, que había utilizado la fiscalía en la formulación de cargos, por lo que, la primera estrategia utilizada fue, presentar el poder de representación, e indicarle a la fiscalía la disposición de declarar, pero también solicitarle que nos entregara copia del expediente, y nos citara después de varios días para poder realizar una defensa efectiva. Esta decisión la tomamos porque de no haberlo hecho, la fiscalía hubiese girado una orden de conducción, que las unidades de la policía hubieran cumplido de inmediato, ya que mi cliente es una persona muy conocida, y, además, no queríamos dar la impresión de querer evadir las investigaciones.

El tema es que, la fiscalía, ya había realizado diligencias de investigación en algunas instituciones públicas para conocer la existencia de la relación contractual entre las empresas privadas y las distintas dependencias públicas, por lo que ese tema ya estaba demostrado ya que era una realidad que, entre otras empresas, la de mi cliente también había prestado el servicio de taxi aéreo.

El punto era que, además de la comprobación del vínculo contractual, la fiscalía había ido a la Autoridad de Aeronáutica Civil, que es la entidad gubernamental y autónoma responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil en Panamá, y entre otros tipos de documentación e información, solicitó que se le entregara los registros de los vuelos de cada uno de los helicópteros utilizados, también había realizado inspecciones en algunos puntos geográficos del país en busca de evidencia de la realización de los vuelos.

Previamente, los auditores de la Contraloría General de la República habían solicitado a la Autoridad de Aeronáutica Civil, la misma información, relacionada a los registros de vuelo de cada uno de los helicópteros, y esta autoridad entregó lo que tenían registrado en el sistema de radar, además de otra documentación, todo relacionado con las matrículas, licencias, permisos de operación, entre otras informaciones.

Así que, los fundamentos de hechos que tenía la fiscalía al momento de hacerle a mi cliente la formulación de cargos, eran que, la contraloría había establecido que mi cliente, estaba relacionado a lesión al patrimonio del Estado panameño en casi 4 millones de dólares, porque, al comparar las facturas entregadas por mi cliente, en cuanto a los días y horas de vuelo facturados, estas, eran diferentes a la información documental registradas en el sistema de radar que tenía la Autoridad de Aeronáutica Civil, es decir, que según la contraloría, mi cliente facturó horas de vuelos que no realizó.

También la contraloría estableció que, la información contenida en las facturas presentadas por la empresa no coincidía con el registro de días y horas voladas que los pilotos de los helicópteros habían registrado en sus bitácoras de vuelo, por lo tanto, la fiscalía repetía lo dicho por la contraloría en cuanto que, las bitácoras contenían inconsistencias, las que hacían que, ellos no tomaran como válida esa información, porque entre otros detalles, estas bitácoras presentaban tachones.

Por supuesto, la circunstancia que el ministro al que mi cliente le prestó el servicio de taxi aéreo estuviera investigado en otro proceso, por el delito de enriquecimiento injustificado, nublaba más la mente de la fiscalía para ver en mi cliente a una persona que se había aprovechado de la amistad del ministro, y de las circunstancias políticas, para lesionar el patrimonio del Estado. A este argumento también se sumaba el hecho que, el director de la institución encargada de hacer los pagos estaba preso, acusado del delito de Peculado por varios millones de dólares, y que un alto funcionario de esa misma institución, fuera el testigo protegido de la fiscalía, que había denunciado que su exjefe cobraba el 50% por los vuelos no realizados, y el 10% por los realizados.

Este era el escenario de hechos a los cuales mi cliente tenía que darle respuesta, sólo que estos habían generado tres cargos penales por la circunstancia de ser el representante legal de la empresa, ya que él no había participado en los procesos de selección de proveedor, ejecución de los vuelos, facturación, ni en el cobro de las facturas porque, en la estructura de gobierno de la empresa, cada departamento o gerencia cumplía funciones que eran diferentes a las del representante legal.

En cuanto a las consideraciones jurídicas, decía la fiscalía que mi cliente era participe del delito de Peculado por extensión, ya que había ayudado, en particular, al ministro de Estado y al director de la institución que realizó los pagos, a malversar bienes públicos, ayuda sin la cual no se habría podido cometer el hecho punible, y que había cobrado un monto superior al de las cotizaciones realizadas a otras compañías áreas.

El delito de estafa lo sustentaba en que mi cliente había prestado su empresa, razón social, matricula e información de las aeronaves para facturar y cobrar vuelos, no realizados.

Y el de Corrupción de Servidores Público, por el simple hecho que todos los procesos inherentes a la prestación del servicio de taxi aéreo se hicieron con la participación de servidores públicos, pero sin tener ningún señalamiento de estas personas en contra de mi cliente.

Para mí como abogado y defensor en esta causa, era obvio que la fiscalía había iniciado un proyecto muy riesgoso, porque de la lectura global del expediente descubrimos que, por la naturaleza de los delitos imputados, la sostenibilidad de los mismos dependería del Informe de Auditoria de la Contraloría, y por otro lado, la fiscalía no se había dado cuenta de los errores cometidos por los auditores, que eran tan grandes que, con ellos, era imposible sostener las acusaciones.

Para ello aplicamos el remedio idóneo para corregir este error procesal, y presentamos ante la autoridad competente un Incidente de Controversia en contra de la Providencia en la que la fiscalía había dispuesto la declaración indagatoria en contra de mi cliente por los delitos ya conocidos en líneas anteriores, esto con base en el artículo 1993 del Código Judicial, y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Yo creo que hubo dos errores que se tragan a todos los demás, uno, cometido por la fiscalía, y otro, por los auditores de la contraloría. En el primer caso, la fiscalía al solicitar el Informe de Auditoria no advirtió que debían hacerse asistir por peritos, ya que la aviación nacional e internacional requiere de conocimiento especializado o de personas expertas en la materia que les ayudaran a entender, no solamente la parte técnica y el vocabulario en esta especialidad, sino, el mapa completo de la actividad aérea. En el segundo caso, los auditores de la Contraloría, cuando solicitaron la información del registro del radar, no le consultaron al personal idóneo de la Autoridad de Aeronáutica Civil, si esa información les serviría para compararla con las facturas de la empresa, lo que, de haberlo hecho, hubieran cometido otros errores, pero de menores envergadura.

Entonces, nosotros tuvimos un escenario perfecto para exponer en el memorial de Incidente de Controversia, argumentos sólidos, respaldados por pruebas testimoniales y documentales, con las que demostrábamos que, el delito de Peculado no estaba comprobado, porque la documentación que los auditores habían utilizado para determinar la lesión al Estado, no servía para ese trabajo, y además que, los auditores habían arribado a conclusiones, luego de interpretar y analizar un trabajo contable, pero con una información aeronáutica, para lo cual no tenían competencia.

Al inicio de la investigación pudimos obtener respuesta del Director de la Autoridad de Aeronáutica Civil en la que dijo y también lo ratificó en declaración jurada rendida ante la fiscalía que, la información del sistema de radar que habían utilizado los auditores de la Contraloría, presentaba fallas, ya que, por la falta de cobertura, no se computaba lógicamente los datos de vuelos, o no los leía, o interpretaba, aunque la aeronave hubiera volado, que en las áreas remotas, la Autoridad de Aeronáutica Civil, no tenía cobertura de radar, de estaciones de radio; expresó que, algunos signos en los documentos indicaban que las aeronaves aterrizaban en puntos donde no había cobertura; dejó constancia de las incongruencias, errores y falta de vuelos en el reporte que Aeronáutica Civil le aportó a la Contraloría, inclusive, manifestó que en los documentos habían muchos datos que no reconocía, y que no podía dar explicación, porque no tenían sentido, ya que observaba errores de tiempo, destinos y millas. Finalmente, ratificó que la información que reposaba en el informe no era de uso de navegación aérea, ni de información de vuelo; sino más bien era de extracción automática y también manual del sistema RADAR para el cobro de las tasas de sobrevuelo y aterrizaje. Concluyó diciendo, que, él no se basaría en esa información tomada por la Contraloría General de La República para el análisis del informe de auditoría, debido a las fallas del propio sistema, y que el sistema no estaba diseñado para brindar el tipo de información que necesitaban los auditores.

Le preguntamos a los cuatro (4) auditores encargados de la creación del Informe de Auditoria, si ellos, tenían conocimiento en aviación civil nacional e internacional; todos contestaron que no, también les pregunté si habían contratado a peritos expertos en esa materia para que los ilustraran; respondieron que no, adicional, les pregunté si habían pedido asesoría a los servidores públicos de Aeronáutica Civil, para que les aclararan algunas dudas respecto al documento; dijeron que no, pero en esta respuesta, explicaron que no era necesario, ya que ellos leían la información de los vuelos en el documento, y lo comparaban con la información de las facturas de la empresa, que sólo tomaban en cuenta las horas y días de vuelos que aparecían en los documentos oficiales de aeronáutica civil, y no de las facturas entregadas por la empresa.

Nosotros ya teníamos todo en nuestras manos, es decir, habíamos llegado hasta el corazón del árbol, quedaba sólo darle un par de hachazos más para derribarlo, pero también queríamos demostrarle a la fiscalía, y a los Tribunales de justicia, que mi cliente había cumplido con su obligación de prestar un servicio conforme a la ética y moral de la empresa.

El cien por ciento de los vuelos, se hicieron para llevar dinero en efectivo a distintos lugares de difícil acceso dentro de la geografía nacional. Como se trataba de pagos de planilla de programas sociales, que eran públicos y notorios, los ancianos mayores de 70 años, las familias con hijos discapacitados, y los padres de los niños pobres, conocían las fechas en las que les llegaba el dinero, entiéndase entonces que, si alguien no recibía, esa información era pública, porque todos tenían que aparecer con recibido conforme, amen que el beneficiario que no recibiera podía presentar el reclamo, pero también en el ministerio se llevaba un control estricto de la panilla, y del recibido conforme de cada pago. Es más, como se trataba de varios millones de dólares en efectivo, obligatoriamente los agentes de la policía tenían que ser unos de los acompañantes como custodios de los fondos.

Así que, nos adentramos en ese panorama, y pudimos incorporar a la investigación, los comprobantes de las planillas, declaraciones de algunos agentes de la policía que custodiaron el dinero desde el banco, durante los vuelos hasta la entrega a cada beneficiario, las declaraciones de todos los pilotos de los helicópteros utilizados, del personal del ministerio encargados de ejecutar los programas. Todos estos declarantes, dieron detalles de la logística desarrollada, de los procesos para entregar el dinero, y confirmaron que las personas, habían recibido los pagos, en las áreas donde sólo por agua y aire se podía llegar. Pero, sobre todo, cada declarante confirmó que los helicópteros que los había llevado a los puntos de pago, eran de la empresa representada por mi cliente.

También se incorporaron al proceso, diligencias realizadas por la fiscalía en las que, se constató que no había archivos de los planes de vuelos nacionales de los meses anteriores a agosto de 2013, debido a que los registros de los años anteriores se habían roto y desechados por normas internacionales (OACI); que los archivos de fajas de progreso de vuelos debían archivarse hasta por 30 días, si era necesario por investigación podrían mantenerse por más tiempo; que el departamento de operaciones, no mantenía un archivo de registro mensual de horas vuelo, ni de operaciones de los helicópteros de ninguna empresa, ya que el reglamento no lo contemplaba, y que los registros escritos se retendrían por un período de un año, y de voz por un período de 30 días, y en caso de necesitarse por más tiempo, sea por averiguación o investigación, se podrían conservar por el tiempo que fuera necesario. La información anterior era muy importante porque la fiscalía no podía demostrar que mi cliente no había realizado los vuelos por falta de registros, pero nosotros si podíamos demostrar que los pagos en los distintos programas sociales se habían realizado con recibido conforme y que no había reclamo por pagos no recibidos.

En realidad, la forma como descuadernamos la acusación de la fiscalía por el delito de Peculado, valió también para el delito de Corrupción, y Estafa, porque si los vuelos se realizaron y se cobró conforme a ellos, entonces, mi cliente no tuvo que pagarle u ofrecerle dádivas a servidores públicos para que tomaran algún tipo de disposición a favor de él, aunque, es importante saber que, esta y cualquier acusación penal, tiene que ser probada por la fiscalía, no se puede presumir o suponer; lo mismo en cuanto al delito de estafa, ya que se acreditó en la investigación, que la empresa de mi cliente tenía más de 38 años de estar en el mercado, siendo la tercera fuerza en aviación nacional.

El Juez al decidir el Recurso de Incidente de Controversia, lo acogió y resolvió revocar la Providencia de Indagatoria, eliminando la imputación por los tres (3) cargos penales, e indicó entre otras consideraciones, que no se podía acreditar un delito a través de un Informe de Auditoria que había sido hecho con una fuente de información incompleta e inexacta que innegablemente hacía que las conclusiones del informe fueran equivocadas.

El fallo del Juez fue confirmado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y también por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ya que la fiscalía como última opción, presentó un Amparo de Garantías Constitucional con la intención de anular lo decidido por el Juez.

Así termino una acusación de la fiscalía, que hizo mucho daño, en todos los ambientes que rodeaban a mi cliente, y que tal como le advertí, era un tema que no sería resuelto mágicamente, ni con influencias políticas, sino, más bien, con competencia y resistencia. Al fin y al cabo, estas acusaciones infundadas hacen un daño que perduran para siempre, más con la impotencia y frustración, que no hay en nuestra legislación un mecanismo directo que proteja a los ciudadanos de estos groseros errores que cometen algunos fiscales.

RECOMENDACIONES



• Lo primero que debo recomendarle al abogado litigante y a su cliente, es que, no se deje intimidar por el volumen del expediente, ni por la cantidad de información que haya en el mismo. Seleccione los delitos acusados, y saque el tiempo suficiente para descubrir el hecho o hechos acusados por la fiscalía, luego busque las pruebas que han sido utilizadas por la fiscalía para demostrar la presunta comisión de cada hecho. De esa forma vera que, el volumen de la investigación no es lo más importante, sino el tiempo y la capacidad del litigante para que en 5 o 10 páginas encuentre la explicación del caso. Este proceso tenía más de 35 mil páginas, pero en menos de 20 páginas le explicamos al Juez y a los tribunales superiores que mi cliente era inocente.


• Por favor, estimado colega, no haga uso de recursos de forma indiscriminada, recuerde que usted es defensor, y si no discrimina cada acción para darse cuenta previamente la viabilidad a favor de su cliente, entonces, inconscientemente podrá convertirse en su acusador, porque en la medida que la autoridad competente le niegue acciones o recursos, en esa misma medida, su teoría del caso, perderá fuerza. En este caso, cuando recibimos la información de la autoridad regente de la aviación en el país, y también al leer la que la fiscalía había obtenido con sus propias diligencias, entendí desde ese momento que el Incidente de Controversia era el remedio idóneo, porque es el recurso con el que se atacaba en el sistema anterior de juzgamiento penal las actuaciones del fiscal, entre ellas, las imputaciones. Debo admitir que demoré un poco en presentarlo, pero fue porque mi cliente como gran empresario tenía otros asesores legales a quienes también escuchaba, y entre ellos, me pedían posponer la presentación.


• Prepare a su cliente sobre los futuros escenarios que tendrá que enfrentar, esto para el cliente representa que el abogado tiene conocimiento de la materia, y del camino a recorrer, además, ayuda a la credibilidad y firmeza del abogado que pueda servir para permanecer en la relación de cliente-abogado. Es muy común escuchar a los abogados dar soluciones inmediatas y divinas, esto, si bien le puede servir para capturar a algunos peces frágiles, la profesión hay que visualizarla como un gran proyecto que permanece en el tiempo. Yo me mantuve hasta el final en la defensa de mi cliente, y aunque tenía detractores, en no pocas reuniones escuchaba palabras como “tú me lo dijiste” eso me hacía sentir bien porque con la experiencia en cualquier rama, el profesional sin darse cuenta se va acercando a ser un profeta en su área.


• Yo recomiendo que, aunque el abogado pueda revisar el Código Penal, y la descripción de la conducta parezca clara, investigue el trato que la corte en la Sala Penal le ha dado a esa conducta, porque muchas veces por jurisprudencia se establecen criterios que sirven para acreditar o descartar la configuración de determinados tipos penales. En este caso, por ejemplo, la corte ha dicho que, en los delitos contra los bienes del Estado, es necesario contar con el Informe de Auditoria elaborado por la Contraloría General de la República.


• Siempre es importante que, el abogado identifique la naturaleza del delito imputado, es decir, el tipo de delito que es, y la forma o manera que se acredita esa conducta, porque así tiene el panorama claro para enfocarse en descubrir las falencias de las pruebas que podrían acreditar la conducta punible. Yo sabía que en este caso era el Informe de la Contraloría, así que, el equipo se dedicó a encontrarle los defectos a dicho informe.

 












marketing digital en panama OROBIO OROBIO OROBIO OROBIO
OROBIO