Caso 30

Un empresario panameño, dedicado al negocio de la pesca, y compra venta de barcos pesqueros, fue detenido y acusado por la fiscalía de pertenecer a una organización criminal, dedicada al narcotráfico, Blanqueo de Capitales, y Asociación Ilícita para Delinquir.

DELITO: Contra La Economía Nacional (Blanqueo de Capitales), en Delitos Relacionados con Drogas, (art. 254) y Asociación Ilícita para Delinquir (art. 329) del Código Penal.

TEMA: Las declaraciones juradas vengan de donde vengan, no pueden acreditar la titularidad legal de un bien inmueble, igual ocurre, con la existencia de las sociedades y empresas; solamente la institución competente puede certificar a la persona natural o jurídica, si es o no, titular de un bien o sociedad.

RESULTADO: Logramos la inocencia de nuestro cliente, por ambas acusaciones, porque el fiscal, con las acciones de mi cliente, acreditadas en el expediente, fue incapaz de configurar el delito de Blanqueo de Capitales, y en cuanto al delito de Asociación Ilícita para Delinquir, el fiscal no pudo demostrar este delito, porque lo único que tenía eran informes policiales, que no fueron confirmados.

ANTECEDENTES DEL CASO

Este proceso comenzó en el año 2002, con la captura de varias personas en el área este del país, con cientos de paquetes de droga, y armas de fuego de grueso calibre.


En el curso de la investigación, salieron a relucir nombres de extranjeros que actuaban en grupos separados, y que a su vez, respondían a una jerarquía de poder, cuyo jefe, vivía en el extranjero, pero que en Panamá tenía, negocios y propiedades.


La fiscalía en coordinación con sus homólogos de otros Estados, programó capturas por etapas; es así que, después del hallazgo de la droga, y las armas en el área este de la ciudad de Panamá, siguieron otras capturas, en los años 2003 y 2006. Nuestro cliente, su esposa, y otros parientes, fueron detenidos en el año 2006.


Los fundamentos de hecho para estas detenciones, según la fiscalía, fueron que dos medios hermanos de mi cliente, eran socios del líder de la organización, que en ese momento se encontraba residiendo en Brasil.


El tema era que, como la investigación era multilateral, cuando estos parientes de mi cliente, venían a Panamá, se les veía, en reuniones familiares y en lugares públicos.


De estas reuniones, surgieron los informes, que decían que mi cliente, su esposa e hijos, incluso, parientes más lejanos, colaboraban con la organización criminal dedicándose, al blanqueo de capitales, a través de la compra de propiedades.


La fórmula para cometer los delitos acusados, era que, usaban como fachada actividades de la pesca, venta de barcos pesqueros, y mueblería, para dar la apariencia que generaban ingresos lícitos, no obstante, el dinero provenía del narcotráfico.


Entre tantos informes policiales, había uno que decía que, mi cliente era dueño de un apartamento, ubicado en el Corregimiento de San Francisco, donde se incautó, la suma de seiscientos mil dólares en efectivo.


Esta era la realidad procesal de mi cliente, hasta ese momento; en cuanto al poder adquisitivo, era una familia de clase media, con una residencia en el sector de Diablo, Corregimiento de Ancón, autos 4x4, y sus hijos en escuela privada, nada exorbitante en su estilo de vida, y tampoco había evidencia que lo vinculara a una organización criminal, dedicada al trasiego de droga.


En la diligencia de allanamiento que se realizó en su residencia, se encontró evidencias que lo relacionaban con, barcos de pesca, empresas, y algunas propiedades inmuebles, además de veinte y ocho mil dólares en efectivo, ubicados en su recamara.


En otros allanamientos a inmuebles de parientes, se encontró la suma de seiscientos mil dólares en efectivo, ubicados dentro de una caja fuerte. Este hallazgo generó otro informe policial que decía que, mi cliente era el propietario de este allanamiento.


El resultado fue la captura de mi cliente, su esposa, hijos, hermanas, hermanos, sobrinos; más de 10 miembros de una misma familia, que me correspondió defender.


La providencia de indagatoria y la resolución de la detención provisional, básicamente decían que, mi cliente y sus parientes colaboraban con la organización criminal, en la que dos de los hermanos, eran señalados por la D.E.A., como miembros importantes; el resto de los familiares colaboran en la compra de combustible, en las empresas, depósito de dinero en los bancos, y en la adquisición de bienes muebles e inmuebles producto del dinero que provenía del narcotráfico.


Terminada la imputación, se decretó la detención provisional, con los oficios de filiación en los respectivos centros carcelarios, todos fueron encarcelados; y así comenzó una dura batalla legal con el fiscal, y con el sistema judicial, para revocar o modificar la detención de todas estas personas, ya que para mí era un claro abuso de poder del fiscal.


En el curso de la investigación, logramos la libertad de la esposa, sus parientes, excepto, los medios hermanos, que fueron extraditados a Estados Unidos de Norte América; incluso, mi cliente principal salió libre, por razones humanitarias, y de salud, porque padecía de una extraña enfermedad (Guillain-Barré), un trastorno en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca a parte del sistema nervioso periférico. Es decir, todos nuestros clientes, salieron de la cárcel provisionalmente, durante el proceso, con recursos legales diferentes, pero teníamos que enfrentar la acusación del fiscal en el Juicio Oral.


La postura del fiscal en el Juicio Oral, se orientó en que mi cliente, hermano de dos socios importantes de la comprobada organización transnacional, extraditados a Estados Unidos de Norte América, era clave en Panamá para mantener el orden y el equilibrio de las actividades ilegales, porque por éste país pasaba la droga al mercado internacional, que necesitaba de la logística que mi cliente les brindaba al dedicarse a la construcción de barcos pesqueros, e invertir sus ganancias en bienes muebles e inmuebles, además de acumular fuertes sumas de dinero en efectivo, al servicio de la estructura criminal, en la que también participaban su esposa y demás parientes, hechos comprobado con los hallazgos de propiedades, empresas, vehículos costosos, y dinero en efectivo; además por los recurrentes encuentros con los hermanos que procedían de otros países; por lo que, al no poder demostrar, la fuente de sus ingresos, pedía la condena de todos, por los delitos de Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita para Delinquir.


Nuestros argumentos, los enfocamos en la siguiente dirección:


• Honorable y respetado señor Juez, usted ha sido el principal testigo, en ver y escuchar al fiscal, pedirle condena para mis clientes por los delitos de Blanqueo de Capitales, y Asociación Ilícita para Delinquir, por ser pariente de dos personas extraditadas a los Estados Unidos de Norte América, y por una imaginaria colaboración traducida en sus actividades comerciales de la familia, pero el fiscal no ilustró al Tribunal sobre las conductas determinadas y especificas realizadas por cada uno de mis clientes que sirven para configurar cada uno de los delitos acusados.


• El delito de Blanqueo de Capitales, es la conclusión de una serie de acciones personales, que con el tiempo se van concatenando y relacionando entre sí, hasta que un Tribunal, más allá de toda duda razonable, considere que esas acciones configura o estructura, el hecho punible; pero el fiscal, no ha explicado, cuáles son esas acciones personales, ejecutadas por mis clientes, en la dirección de producir el delito; por el contrario, se ha referido a una consideración abstracta, de la estructura de una organización criminal, en la que, según sus palabras, participan mis clientes, pero esa consideración personal no aparece como verbo rector, ni como la exigencia posterior, para que el Tribunal observe la existencia del delito en referencia.


• El fiscal nos da a entender, porque tampoco ha sido claro, que una de esas acciones hacia el camino a consumar el delito de legitimación de capitales, es que mis clientes son parientes con dos personas, que a su vez, son miembros importantes, de la presunta organización criminal transnacional, que en sus visitas a Panamá se les veía con mis clientes en reuniones sociales y familiares, pero este hecho, que de verdad está acreditado, no aparece como uno de los verbos rectores exigidos en el tipo penal (art. 254 del Código Penal), porque a través de esas reuniones familiares, no se pudo determinar que mis clientes recibieron dinero, esto no lo dicen los informes, ni tampoco los testigos de la fiscalía, por lo que, solamente que el fiscal tenga la facultad de legislar en estos momentos, para modificar el artículo 254 del Código Penal, podría el Tribunal acoger la tesis, que ser hermano de una persona y compartir con él, es una de las conductas previas exigidas para concretar este delito.


• Lo cierto es que, el fiscal trata de establecer una conducta precedente, de donde surge el dinero que usa mi cliente para sostener su nivel de vida, establecer sus empresas, y adquirir propiedades, cuando señala que, por éste país pasaba la droga al mercado internacional, recibiendo ayuda de mi cliente, por la logística que se necesitaba, dando a entender que, mi representado usaba los barcos pesqueros para cooperar en el trasiego de la droga, pero el fiscal está suponiendo, está creando mentalmente una posibilidad de algo que pudo pasar, pero este hecho es imaginario, no real, porque el fiscal no le ha indicado al Tribunal con que pruebas demuestra ese hecho, por lo tanto, no existe delito precedente, lo que sí está probado es que mis clientes, reciben ingresos, de diversas actividades, de comprar y vender barcos pesqueros, de la actividad de la pesca, y de empresas dedicadas a la mueblería


• El único argumento sustentado en pruebas que ha dicho el fiscal, es que, en el apartamento ubicado en San Francisco, donde vivía uno de los sobrinos de mi cliente, se encontró dentro de una caja fuerte, la suma de seiscientos mil dólares, pero este argumento lo contaminó cuando dice, que mi cliente es el dueño de ese inmueble, y por lo tanto el responsable del dinero, que es ilícito según sus palabras, por que salió positivo a contagio con la prueba del IONSCAN. La segunda parte de su argumento, es especulativo porque las declaraciones juradas vengan de donde vengan, ni los informes de la Policía, no pueden acreditar la titularidad legal de un bien inmueble, solamente la institución competente puede certificar a la persona natural o jurídica, si es, o no, titular de un bien, siendo lo anterior una exigencia legal, mi cliente no es de titular, ni responsable de ese apartamento porque los testigos del fiscal, no declararon nada al respecto, y la titularidad legal le corresponde a otra persona.


• Con relación al Delito de Asociación Ilícita para Delinquir, dice el fiscal que mi cliente, su esposa y demás parientes, cometieron este delito porque colaboraron con la organización criminal, a través de sus actividades y empresas de fachadas, invirtiendo el dinero del pago que recibían de la organización. Esta afirmación del fiscal, es confusa y ambigua, porque pareciera que, es la misma base de hechos con los que imputó el delito de Blanqueo de Capitales, y no es clara, con relación a la conducta especifica realizada por cada uno de mis clientes, para considerarlos jurídicamente que se incorporaron a una asociación ilícita para delinquir; pareciera que el fiscal está confundiendo, la condición de participación criminal con el delito acusado, porque incluso, en su argumento dice que mis clientes colaboraron con la organización, lo que indica que, el fiscal no ha podido explicar en qué consiste la asociación ilícita para delinquir, quienes la integran, con qué jerarquía opera, el tiempo que lleva, y los delitos que cometen; por lo que, si no ha podido configurar el delito, muchos menos, podrá demostrar que cada uno de mis clientes pertenece a esa asociación.


• Finalmente, es muy importante que, aunque el fiscal haya sido incapaz para acreditar los delitos acusados, es mi deber, informarle al Tribunal que, nosotros ejercimos una defensa efectiva, y activa, en la que pudimos demostrar con los informes contables que aparecen en el expediente que mis clientes justificaban sus posesiones; contrainterrogamos a los testigos de la fiscalía, y ninguno pudo ver en ellos, acciones delictivas; presentamos documentos públicos que los desvinculaban de la titularidad de propiedades sospechosas; acreditamos que sus empresas tenían actividades, y presentamos pruebas documentales relativas a la venta de ocho barcos pesqueros. Todos estos medios probatorios demuestran un hecho, y es que, detrás de la vida de mis clientes hay fuentes de ingresos, que aunque no estén organizados contablemente al mismo nivel de empresas tradicionales, esta circunstancia, no fue considerado por legislador a la hora de establecer los presupuestos para configurar el delito de Blanqueo de Capitales.


Con base en los anteriores argumentos y consideraciones, solicitamos una declaratoria de inocencia a favor de todos mis presentados.


Mediante sentencia mixta, el Tribunal, declaró que todos mis clientes eran inocentes de los delitos acusados, y ordenó la devolución de sus bienes.

RECOMENDACIONES

• En cuanto a las investigaciones por el delito de Blanqueo de Capitales, se ha creado una peligrosa confusión, de poner en manos del investigado el deber de probar el origen licito de los bienes; pero esto no es así, el fiscal está obligado a demostrar el origen ilícito, porque de lo contrario, los desórdenes contables de la mayoría de las personas en el manejo de sus finanzas sería castigado con pena de prisión por Blanqueo de Capitales, lo cual sería contrario al derecho constitucional de presunción de inocencia.


• Otro punto importante es que, aunque la fiscalía argumente que el acusado no ha podido demostrar el origen lícito de sus bienes, habría que voltearle el argumento, en la dirección, si el fiscal ha demostrado el verbo rector y su propósito que exige el tipo penal, porque dígase lo que se diga, es al Tribunal, a quien le corresponde, hacer el proceso de configuración de la conducta en la norma penal.


• De todas maneras, siempre recomiendo que, aunque el abogado conozca la debilidad de la fiscalía en demostrar los hechos, siempre será mejor que la defensa demuestre la inocencia de su cliente; en este sentido, es recomendable que nombre a peritos contables privados para que presenten sus conclusiones sobre la pericia realizada.


• En este caso, sobre todo mi cliente principal, tenía un enredo en su contabilidad, había creado sociedades, algunas sin operación, la fuente de sus ingresos estaba en desorden, pero el perito contable, hizo un buen trabajo investigativo, y logró documentarse para sustentar su trabajo; de allí la importancia de nombrar peritos que ayuden a la defensa a crear sólidos argumentos.

 












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