Caso 6

Empresario panameño, pionero de la industria de electrificación rural a nivel nacional, fue involucrado a un complejo y escandaloso proceso por la presunta comisión de los delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, posesión de armas de fuego, y asociación ilícita para delinquir.
Por su perfil económico y desarrollo intelectual por el que era conocido en su comunidad, y debido a la sofisticada logística que utilizó el presunto grupo criminal, en la ejecución de los hechos investigados, la fiscalía con base a informaciones anónimas, lo consideró el cerebro de la organización. Un elemento que ayudó a la especulación de la fiscalía, fue que, los otros capturados, aunque eran ganaderos, dueño de fincas de miles de hectáreas de terreno, eran campesinos que no mostraban tener la habilidad o capacidad intelectual para idear la forma de cómo desarrollar los hechos investigados. El supuesto grupo criminal, utilizó una finca a la que se le construyó una pista clandestina para hacer aterrizar avionetas desde y hacia otros países, que en palabras de la fiscalía, transportaban, drogas, dinero, armas y personas indocumentadas.
En cuanto a las incautaciones de bienes producto de la investigación, entre fincas y cuentas bancarias, sólo a mi cliente, la fiscalía le aprehendió en promedio diez millones de dólares. Lo que tomando en consideración las aprehensiones de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias de todos los imputados, la suma incautada pudo superar los veinte millones de dólares.

DELITO: Tráfico de Drogas, Asociación Ilícita para Delinquir, Blanqueo de Capitales, y Posesión y Tráfico de Armas de Fuego.

TEMA: En lo medular, en relación al delito de asociación ilícita para delinquir, los informes de la policía, sin corroborar, no constituyen prueba para demostrar la existencia de una asociación ilícita para delinquir, y mucho menos, para sustentar una sentencia condenatoria, lo que es igual, que estos informes, no constituyen un factor determinante para configurar este delito, y como efecto natural, con base sólo en informes, no se puede, probar la responsabilidad penal de ninguna persona, amén que, el fiscal, debe probar que la conducta de los acusados va más allá de una simple participación criminal para la ejecución de uno o más delitos.
Respecto al cargo por el delito de destinar un bien inmueble para la custodia, transporte, tráfico o elaboración de drogas”, este debe acreditarse con pruebas directas o indicios que demuestren, más allá de toda duda razonable, que el acusado posee la tenencia, dominio o disposición sobre el bien inmueble utilizado para cometer el delito.

RESULTADO: Logramos la declaratoria de inocencia de nuestro cliente por los delitos de “destinar un bien inmueble para la custodia, transporte, tráfico o elaboración de drogas” y “asociación ilícita para delinquir” y sobreseimiento por los delitos de blanqueo de capitales, y posesión y tráfico de armas de fuego.

ANTECEDENTES DEL CASO

Esta historia comenzó en agosto de 2010, cuando un agente de la Policía Nacional, recibió una información sobre la supuesta existencia de un grupo criminal, conformado por varias personas, entre ellas, los propietarios de una finca y mi cliente, que aparentemente se habían asociado para dedicarse al tráfico de armas, drogas y de personas, especialmente chinos, en la Provincia de Herrera y Los Santos, comunidad de Santa Ana.

Según la fuente, éste grupo había preparado una pista de aterrizaje en la finca para el arribo de avionetas, cada 15 días, en horas de la tarde, en las que, supuestamente, transportaban dinero, drogas, armas de fuego y personas extranjeras.

Al día siguiente, se realizó una diligencia de allanamiento y registro, en la mencionada finca, donde se observó una plancha de cemento, en el pasto se mantenían marcas de cal, y al final del terreno había una avioneta. Durante esta diligencia se presentaron al lugar, los dueños, quienes, además de aceptar que eran los propietarios, reconocieron que actualmente eran los responsables de la finca.

Entre los hallazgos que se encontraron, se describe, que, la avioneta estaba alterada en su estructura física y técnica, una serie de banderas de otros países, entre las cuales estaba la de Panamá, tanques de combustibles vacíos, tres largos cartones, donde estaban anotadas varias coordenadas, y una de ellas, daba con el lugar del hallazgo de la avioneta, y estaba identificada con el prefijo del primer apellido de mi cliente.

Mientras se llevaba a cabo la diligencia de allanamiento, otro agente policial, suscribió un informe, de una aparente conversación que había sostenido con un morador del área, en la que éste supuestamente le informó que, el día anterior al hallazgo de la avioneta, en horas de la tarde, había visto a mi cliente, desde el lugar de la avioneta, cargar unos tanques en un auto Pick- Up de color azul y verde de su propiedad, hacia la residencia de los propietarios de la finca.

A la aeronave en mención se le tomó muestras de ion scan, las que resultaron positivas al contagio de las sustancias (AMPHET), (THC marihuana) y (HEROÍNA).

Con base en las evidencias e indicios recabados hasta ese momento, la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Droga de Herrera y los Santos, le imputó a mi cliente, los cargos de “destinar un bien inmueble para la custodia, transporte o elaboración de drogas” “blanqueo de capitales”, “asociación ilícita para delinquir” y “posesión y tráfico de armas”.

Posterior a la imputación, se agregó a la investigación, las declaraciones de las dos personas responsables de la finca, en las que dijeron que, eran amigos de mi cliente, desde hacía muchos años, su relación con él era de amistad, y que en el pasado se habían asociado para desarrollar proyectos en la industria de la ganadería. También incorporamos a la investigación, un Informe Patrimonial y Financiero, a través del cual, pudimos demostrarle a la fiscalía, que mi cliente en los últimos 20 años, había tenido movimientos bancarios superiores a los 40 millones, y que poseía propiedades o activos que superaban los 10 millones de dólares.

Terminada la investigación, la fiscalía le recomendó al juez de la causa, que dictara un llamamiento a juicio, por los delitos imputados; prosperando su pedido, sólo en relación con los delitos de droga y asociación ilícita, ya que logramos que en la primera audiencia intermedia o preliminar, mi cliente fuera sobreseído por los delitos de posesión de armas y blanqueo de capitales.

En la fase plenaria o juicio oral, la fiscalía pretendía que mi cliente fuera condenado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y destinar un bien inmueble para almacenar y traficar con drogas, por los cuales pidió una condena de 24 años de presión.

La fiscalía aspiraba demostrar los delitos acusados, con los únicos indicios recogidos desde la diligencia de allanamiento, es decir, el documento que estaba dentro de la avioneta, y que tenía marcada la coordenada de la finca, señalada o identificada con letras relacionadas al primer apellido de mi cliente, las muestras de ion scan, tomadas de la aeronave, con resultados positivos para la determinación de amphet, heroína y marihuana, los informes suscrito por los agentes de la policía, en los que señalaban por un lado, que mi cliente había cargado unos tanques desde la posición de la avioneta hacia la casa de los propietarios de la finca, que mi cliente tenía una asociación ilícita con estas personas para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales, y por otro lado, las declaraciones indagatorias de estos, en las que habían dicho que eran amigos de mi cliente, y que lo conocían desde que éste era un adolescente.

El tema importante es que, desde nuestra primera intervención, le indicamos al Juez, que los delitos de “destinar un bien inmueble para la custodia, transporte o elaboración de drogas” y “asociación ilícita para delinquir” respecto a mi cliente, no podían configurarse o acreditarse, solamente con los informes de novedad suscrito por los agentes de la policía, los indicios de la prueba de ion scan realizada a la aeronave, la prueba pericial que acreditaba la alteración de la aeronave, y con el documento que tenía marcada la coordenada de la finca, con letras del primer apellido de mi cliente.

Decíamos lo anterior, porque para acreditarle a mi cliente, el delito de destinar un bien inmueble para almacenar o traficar sustancias ilícitas, regulado en el artículo 319 del Código Penal, no sólo se debía demostrar la existencia del espacio físico, donde se supone se había ejecutado el delito, sino que además, era necesario, establecer la presencia física de la sustancia ilícita o demostrar más allá de toda duda razonable, que el bien inmueble fue utilizado para custodiar, traspasar o traficar con drogas. En este proceso, no se tenía certeza de este extremo, ya que lo único que había en el expediente, era el indicio de la prueba de ion scan, pero a través de este indicio, no se podía demostrar qué cantidad de droga se custodió o se estaba almacenando, de quién era, de dónde venía y hacia dónde iba.

Abonando a lo dicho previamente, el hecho que la Fiscalía contara con una prueba presuntiva, de ion scan, cuyo resultado decía que, la aeronave se había contagiado con sustancias ilícitas, esta presunción no sustituía, la realidad incuestionable, que en el allanamiento no se había encontrado droga, lo cual era necesario, para poder determinar el peso, clase y pureza de la misma, amén que, la fiscalía tampoco había podido demostrar, dónde y cómo se contagió la aeronave con sustancias ilícitas; si tal contagio fue ofensivo o inofensivo, es decir, si en la contaminación de la avioneta con sustancias ilícitas, intervino, dolo o intención en la comisión de un delito o simplemente el resultado era producto de un falso positivo o efecto de haber consumido estas sustancias dentro de la aeronave. Tampoco la fiscalía, había podido incorporar algún medio de prueba que demostrara la procedencia, custodia y destino de la droga, que supuestamente se había manipulado a través de la finca allanada.

Con relación a los informes elaborados por los agentes de la policía, existe un criterio uniforme entre los abogados litigantes en materia penal, en cierta medida, formado por el pensamiento coincidente de la mayoría de los jueces y magistrados, en cuanto que, los informes suscritos por las unidades de la policía, por sí solos, no revisten de la contundencia única para acreditar un hecho más allá de toda duda razonable, ya que lo plasmado en dichos informes tiene que ser corroborado, verificado o confirmado; exigencia, que no ocurrió en este caso, porque, por un lado, en ninguna fase de la investigación, a mi cliente se le encontró ni un gramo de droga, nadie declaró haberlo visto en la finca manipulando o teniendo contacto físico con la avioneta, y por otro lado, los mismos agentes que suscribieron los informes, declararon que no habían confirmado lo que supuestamente les había dicho sus fuentes de colaboración.

La verdad es que, desde el primer instante en que mi cliente y sus familiares me dijeron que desde niños conocían al fiscal, y que éste también los conocía a ellos, presentí que mi dura batalla sería derrotar las suposiciones, especulaciones y conjeturas que respecto a mi cliente, se había creado el fiscal, por ser oriundo del mismo sector, conocer a mi cliente desde hace años, verlo crecer en su evolución económica, escuchar los comentarios diseminados en un pueblo chico en relación a la compra de grandes fincas ganaderas, y en los lujos que disfrutaba, considerados por muchos moradores, desproporcionados en relación al estilo de vida y costumbre del pueblo.

Al conocer esta información, le pregunté, que cuánta gente en su pueblo conocía de su actividad comercial, que era la fuente principal de sus ingresos; me contestó, que tal vez, su familia. Entonces, le dije que: “su propia vecindad seria su principal acusador” y es que, recorrer las calles de un tradicional y humilde pueblo, en un auto Porsche Cayenne del año, comprar en el área costosas fincas, y llevar una vida exorbitante, es la sopa que alimenta a las suposiciones y especulaciones, y que genera películas mentales de terror que terminan satanizando a cualquier persona.

Y es que, en realidad, mucha gente en el pueblo pensaba que mi cliente andaba en malos pasos, lo sé porque me lo dijeron cuando fui a las concurridas primeras audiencias, por ello, entiendo que, cuando el fiscal envió a sus agentes auxiliares a investigar el hecho de la aparición de la avioneta, es comprensible que alguna persona, bajo el anonimato, señalara que mi cliente era amigo de los dueños de la finca, que ellos se frecuentaban, y que probablemente tenía que ver en el asunto, porque los dueños eran personas tranquilas; lo que valió para que los agentes y el fiscal, bautizaran a mi cliente, como el cerebro de la organización.

El asunto era que, la operación comercial de mi cliente estaba en la ciudad capital, de donde dirigía todos sus proyectos, electrificando y llevando luz a todos los lugares remotos del país. Su relación de trabajo era con los gobiernos de turno, a través de decenas de contratos por sumas millonarias. El Informe Financiero elaborado por contables idóneos y experimentados, arrojó que el 98% de sus ingresos provenían de pagos recibidos de las arcas del Estado panameño. El 2% restante provenían de empresas particulares con las que tenía relación comercial. Con el anterior estudio contable, al fiscal se le cayó la tesis, que mi cliente se dedicara al delito de blanqueo de capitales, pero mantuvo la tozudez de continuar la acusación por el delito de droga y asociación, ya que también el delito de posesión y tráfico de armas se le había caído porque mi cliente tenía los permisos para portar las armas de fuego que encontraron en los allanamientos a sus propiedades.

En la audiencia ordinaria, el fiscal, intentó hacer prosperar la tesis, que mi cliente pertenecía a una asociación ilícita para delinquir. La fuerza de su argumentación, estuvo en el hecho que, el Tribunal Superior en una apelación de la fiscalía, había revocado el sobreseimiento definitivo que el Juez en la audiencia preliminar había dictado a favor de mi cliente. Entonces, sostenía que, el delito de asociación estaba acreditado porque así lo había decidido el Superior, y que el Juez, sólo tenía que determinar el grado de responsabilidad porque, según su discurso, los hechos no eran circunstanciales, sino que, eran producto de un mapa bien ejecutado con prolongada planificación, ya que a la finca se le había construido una pista clandestina, la misma se había señalizado con marcas de cal para facilitar el aterrizaje, y lonas con las cuales se cubría la avioneta para no ser detectada.

Pero esta tesis, no fue comprada por el Juez, ya que, argumentamos que había una circunstancia importante que faltaba en el planteamiento del fiscal, y era que, existe una marcada diferencia entre la acreditación de un delito versus comprobar quien cometió, ejecutó o está vinculado a ese delito. Sin bien es cierto que, el Tribunal Superior había considerado que de acuerdo a los diferentes escenarios con los cuales se descubrió la avioneta dentro de la finca, y en las condiciones físicas como la misma fue encontraba, alterada en su normal sistema de funcionamiento, sumado al resultado positivo de la prueba de ion scan, había detrás de estos eventos, un grupo delictivo organizado con permanencia para ejecutar actos delictivos, también era cierto que, la fiscalía tenía que probar quienes eran las personas naturales que formaban parte de ese grupo organizado para que el Juez pudiera dictar una sentencia condenatoria.

Pero esa no era la realidad de mi cliente, porque, él no había sido capturado en la investigación, es decir, no fue encontrado cerca del radio de acción, donde se descubrió la avioneta y el resto de los indicios, no tenía antecedentes penales, no hubo un agente encubierto que durante determinado tiempo haya actuado como testigo de las conductas ilícitas desarrolladas a través de la avioneta, los dueños de la finca no le atribuyeron conocimiento de lo ocurrido, los agentes de policía que, suscribieron los informes, declararon que no confirmaron la información, se demostró la procedencia lícita de sus bienes, y el cartón con las coordenadas que había sido identificada con un prefijo de su primer apellido, es un prefijo que tienen muchas personas, circunstancia que hace imposible determinar a qué persona pertenece. Es importante destacar que, la misma valoración probatoria y argumentación, fue válida para desacreditar la acusación por el delito de destinar un bien inmueble para la custodia, transporte o elaboración de drogas, ya que, no hubo medios probatorios que relacionaran a mi cliente con la finca, amén que, en ese lugar no se encontró droga.

En conclusión, el Juez, declaró inocente a mi cliente de cada uno de los delitos acusados, ya que no se logró acreditar la existencia de la asociación de personas con la finalidad de llevar a cabo, con carácter permanente, una pluralidad de conductas relacionadas con el trasiego de drogas ilícitas, sustancias psicotrópicas o delitos conexos; lo único, que se había demostrado a lo largo del proceso era que entre los señores dueños de la finca y mi cliente, existía una relación de amistad muy estrecha, de la cual no se podía deducir la existencia de una asociación ilícita, destinada a la ejecución de un numero plural de actividades ilícitas.

Si bien la fiscalía afirmaba que la pluralidad de delitos que exige la asociación, se comprobaba con el hecho de haberles imputado varios delitos, lo cierto es que, por el solo hecho que varias personas se reúnan para cometer uno o dos delitos; difiere mucho de aquellos que se agrupan de manera prolongada con el propósito de cometer delitos indeterminados, ya que con esta acción, se acredita, el carácter permanente y la concreta finalidad delictiva de los miembros (dolo específico), es decir, que la conducta punible se prolonga en tanto exista la asociación con ánimo delincuencial; por ello, es necesario que los delitos sean indeterminados, de lo contrario se trataría de casos de participación criminal.

RECOMENDACIONES



• Este fue y aún es, un proceso muy difícil porque desde el inicio no hubo cohesión entre la defensa, mi cliente no fue capturado en las diligencias realizadas por la fiscalía con el apoyo de las unidades de la policía, así que, se mantuvo en la clandestinidad hasta que terminó la investigación, así que, el mismo día de la audiencia ordinaria lo presenté para evitar que fuera declarado en rebeldía por toda la vida con orden de captura, y porque tenía preparada una muy buena defensa para lograr su inocencia, pero al inicio los abogados de los propietarios de la finca no quisieron conversar ni reunirse con nosotros. La explicación de esta falta de comunicación fue que, estos abogados tenían relación con altos funcionarios de la Procuraduría de la Nación y les ofrecieron a sus clientes una solución irregular a la luz de los trámites normales y legales que se aplica en los procesos judiciales, a cambio de una alta suma de dinero, pero además de manera subrepticia intentaron convencer a los familiares de mi cliente que participaran de esa solución con la condición que me sacaran de la defensa, intención frustrada debido a la confianza de mi cliente depositada en su defensa, así junto con la recomendación de rechazar de plano dicha propuesta, les advertí del peligro que para el proceso y los participantes podría significar semejantes acciones oscuras. El resultado fue que, el comportamiento de estos abogados en componenda con algunos funcionarios de la procuraduría llegó a conocimiento de la embajada de los Estados Unidos de Norte América, quien puso la información a disposición de las autoridades panameñas, y la conclusión fue que, la fiscal del caso terminó en la cárcel, igual suerte corrió los funcionarios involucrados, también los abogados, el Procurador General de la República tuvo que renunciar, lo que se convirtió en el más grande escándalo de corrupción en la historia reciente de Ministerio Público al permitir la ideación, preparación y ejecución de una plan para liberar a personas acusadas de crimen organizado relacionado con drogas y otros delitos.


• Por supuesto que una vez se conoció de la investigación y de la detención de la fiscal del caso, la autoridad competente procedió a anular la resolución de libertad que había firmado dicha funcionaria, se volvió a dictar captura en contra de los liberados, entre los cuales estaba mi cliente, ya que, a pesar de no haber participado en el plan, tuvieron que beneficiarlo porque de todos los investigados era el que más posibilidad tenía de demostrar su inocencia durante el proceso.


• El efecto negativo de ese escandalo ha sido evidente ya que a partir de ese momento, todas las acciones presentadas por la defensa previo al juicio aunque con carencia de motivación han sido negadas; durante el juicio oral fue casi notoria la presión ejercida por la fiscalía en sus argumentaciones para lograr la condena de todos los acusados, haciendo referencia a ese acto de corrupción, y aunque el Juez se vistió de carácter e independencia para declarar la inocencia de mi cliente y condenar al resto de los inculpados, la fiscalía apeló la decisión, por lo que en estos momentos este proceso después de casi 10 años, se encuentra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolviendo recursos extraordinarios.


• Entonces, la más importante recomendación es que, hay que evitar a toda costa que un proceso en donde participemos como defensa o querellante se tilde de actos de corrupción porque a partir de ese momento la situación jurídica de los acusados se complica, sobre todos para aquellos a los que no se les ha probado la responsabilidad penal.

 












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