Caso 7

Un empresario, panameño, dedicado a la venta de autos de lujo por más de 27 años, fue investigado, acusado y juzgado de ser el brazo financiero de una supuesta organización criminal, dedicada, entre otros delitos, al narcotráfico, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y corrupción de servidores públicos.
En esta investigación, adicional al que la fiscalía consideró como el líder máximo de la estructura criminal, fueron acusados 26 personas, entre ellos, un alcalde y un representante de corregimiento.

DELITO: Blanqueo de Capitales (art. 254) y Asociación Ilícita para Delinquir (art. 329) del Código Penal.

TEMA: Los dos cargos, se basaron en que, mi cliente era la persona que proveía los autos que se utilizaban en las operaciones ilícitas, ya que, en alguno de ellos, se encontró droga, armas, dinero y alteraciones a la estructura física, los que se suponía eran para el ocultamiento de objetos ilícitos. Igualmente, los vehículos de lujo que usaba el considerado cabecilla, sus familiares y algunos amigos, eran adquiridos a través de la empresa de mi cliente.
El asunto fue que, la fiscalía había solicitado autorización para escuchar las comunicaciones de los investigados, y en la carpeta, existían decenas de audios, y un amplio listado de números telefónicos, entre los cuales, estaba el abonado de mi cliente. En los audios que supuestamente contenían las conversaciones, entre el presunto cabecilla y mi cliente, se escuchaban conversaciones de compra y venta de autos, precios, marcas, mantenimiento, custodia, y algunos favores relacionados a su actividad comercial.
La fiscalía comisionó a la Dirección de Blanqueo de Capitales, la elaboración de un informe patrimonial, en el que se estableció que mi cliente tenía un patrimonio que no podía justificar, superior a un cuarto de millón de dólares; y en el transcurso del Juicio Oral, se comprobó que, de una de sus cuentas bancarias, salió un cheque, por una suma considerable, hacía una cuenta que pertenecía al segundo en mando de la organización, según las consideraciones de la fiscalía.

RESULTADO: Mi cliente fue declarado no culpable de ambas acusaciones, porque el Tribunal se convenció que la fiscalía no pudo demostrar que el dinero que entró y salió de sus cuentas bancarias, y el que uso para la compra de sus propiedades provenía de alguno de los delitos acusados. Por lo tanto, al no existir el efecto, era porque no se había podido configurar la causa, toda vez que, el delito de blanqueo de capitales, entre otros requisitos, nace de la existencia de un delito previo, y en este proceso, la fiscalía no pudo acreditar los delitos de narcotráfico y asociación ilícita de donde suponía el fiscal salían los fondos para blanquearse.

ANTECEDENTES DEL CASO

En el año pre electoral, 2018, el país conoció en cadena nacional de todos los medios de comunicación social, una conferencia convocada por la señora procuradora, en la que anunció que, el Ministerio Público, tenía una investigación que estremecería a la sociedad panameña, en la que el narcotráfico y el crimen organizado habían penetrado la política. A los pocos días, nos enteramos de la captura simultanea de una serie de personas, en diferentes sectores del país, entre las cuales, estaban un alcalde y un represente de corregimiento ambos perteneciente a uno de los partidos políticos de oposición que competía por la presidencia de la República.

Luego de algunos meses de investigación, la fiscalía ordenó su captura, y dentro de las 48 horas, mi cliente estaba enfrentando audiencias públicas, en la que se discutían, la legalización de la aprehensión, la imputación y aplicación de medidas cautelares.

Los hechos relevantes que presentó la fiscalía fueron que, mi cliente colaboraba con la estructura criminal, no solamente, en proveerles los medios para transportar la droga, sino también, en asociarse, y colaborar en la ocultación de vehículos, la compra de propiedades, y ser el brazo económico de la organización.

Sustentó sus hechos, en que, tenía informes de vigilancia y seguimiento en los que se observaba a mi cliente, reunido con el líder de la organización, y otros investigados, en su empresa, entregando y recibiendo autos de lujo, pero que, además, contaba con las transcripciones de las conversaciones telefónicas, donde mi cliente hablaba con el principal investigado, sobre temas de autos y dinero, y un informe patrimonial en el que mi cliente no podía justificar los bienes que poseía en ese momento.

En esta audiencia combo, donde el Juez tenía que decir, sobre varias peticiones de la fiscalía y de la defensa, dejamos sentado, sin lugar a dudas, con argumentos no refutados por la fiscalía, que mi cliente era un empresario de 27 años de experiencia, que había heredado la cartera de su difunto padre, que su actividad principal era vender autos nuevos de lujo, pero también compraba y vendía autos usados, y que tenía arraigo empresarial, residencial y familiar.

Con respecto a la vinculación a los presuntos delitos investigados, encriptamos en la mente del Juez, sin recibir contra argumentos de la fiscalía, que esta vinculación presentada por la fiscalía, estaba ligada a la naturaleza de la actividad comercial de mi cliente, porque en 27 años de trabajo, había acumulado miles de clientes, que compran autos de lujo, entre los cuales, estaba el principal investigado en esta causa.

Que el hecho de recibir a personas en las instalaciones físicas en donde ejercía su actividad, estaba dentro de las prácticas recurrentes de sus funciones, por lo que ese hecho no tenía similitud a los que se producen cuando varias personas se asocian para cometer delitos.

Con relación a las escuchas telefónicas, en ese momento la fiscalía tenía un extracto de una transcripción, por lo que le solicité que me exhibiera la transcripción completa, después de varios minutos dijo que no la encontraba en su carpeta.

En cuanto al informe patrimonial, en el que sostenía que mi cliente aparecía con un patrimonio no justificado, de cerca de un cuarto de millón de dólares, ese no era el momento para debatir una prueba que requería de la participación de técnicos o expertos contables, pero que, existía un hecho irrefutable, que mi cliente por 27 años había reportado ingresos a la Caja de Seguro Social, a la Dirección General de Ingresos, obtenido ganancias por la compra y venta de propiedades, y que su patrimonio lo manejaba en conjunto con su esposa, que era una banquera conocida, por más de 25 años de trabajo, en bancos de primer orden en el país.

El Juez, decidió aplicarle una medida cautelar distinta a la detención provisional, con la obligación de no salir del país sin autorización judicial, reportarse los lunes de cada semana, y no cambiar de dirección residencial.

Pese a la satisfacción de haber evitado la prisión preventiva, de esa audiencia salí fortalecido porque el Juez argumentó que el deber de la fiscalía no era simplemente decir, que determinada persona formaba parte de un crimen organizado, sino que, tenía el deber de probar que eso fuera así, es decir, que no bastaba con decirlo, sino que tenía que probarlo. Este criterio fue revitalizado por el Tribunal de Apelación, cuando dijo en la apelación que anunció el fiscal que, hasta ese momento les parecía que el fiscal había emprendido una tarea muy difícil y arriesgada, porque lo que decía tenía que probarlo, y ellos no veían en ese momento que el fiscal estuviera en esa dirección.

Terminada la investigación, en la audiencia intermedia, se dio un debate interesante, ya que, la mayoría de los abogados reclamábamos la declaratoria de ilegalidad, empezando por las decenas de audios que contenían conversaciones de voces de varias personas, las transcripciones e informes producto de esa información, porque la fiscalía no le había corrido en traslado a la defensa las resoluciones con las que obtuvo la autorización para interceptar comunicaciones privadas.

La solución salomónica que dio el Juez de la fase intermedia, según él, fue indicarle al fiscal que en su despacho, le enseñara a los abogados dichas autorizaciones; pocos abogados comparecieron al Despacho del fiscal, y los que fueron, vieron unas resoluciones, en copia simple, con tachones, que cubrían una cantidad de números de teléfonos, y sin información relevante para identificar en las resoluciones a las personas que habían sido interceptadas en sus comunicaciones.

En cuanto a las transcripciones, descubrimos que, los agentes de la policía violaron la cadena de custodia, por lo que teníamos unas transcripciones, pero sin la persona responsable de los vacíos que había entre los distintos momentos en que se manipuló la evidencia.

También se exigió la ilegalidad de una serie de diligencias de vigilancia y seguimiento, porque las unidades de la policía encargadas, entraron a los residenciales privados, sin tener autorización de un Juez de Garantías o por lo menos del P.H. del residencial.

Finalmente, todo el esfuerzo de la defensa, quedó en vano, porque el Juez de Garantías, negó el 100% de las peticiones de ilegalidad, respaldado en el criterio que, el juicio oral, era el escenario o la oportunidad para debatir la configuración de los hechos a las normas penales, y de determinar la culpabilidad o no de cada uno de los acusados. Así que, todas las pruebas con la cantidad de defectos de forma, pasaron al juicio oral.

Debo admitir que este ha sido uno de los mejores juicios orales en los que he participado como defensa, un tribunal integrado por dos damas y un caballero, entregados totalmente a respetar el principio de inmediación, atentos a cada detalle, y manteniendo una evidente imparcialidad.

Ya en el juicio oral, los abogados nos pusimos de acuerdo en establecer un orden cronológico en la evacuación de las pruebas, empezando por poner en evidencia o al descubierto en cada testigo y perito que la fiscalía no había presentado en la audiencia intermedia, las resoluciones con las que los jueces de garantías habían autorizado las interceptaciones de conversaciones privadas. Así que, cada vez que teníamos la oportunidad, disparábamos en esa dirección, para que contestaran que no podían exhibir las resoluciones porque no las tenían; incluso, algunos dijeron que ellos en ningún momento habían visto esas resoluciones.

Sobre las transcripciones de los audios, de donde se extrajo las conversaciones, ninguno de los testigos y peritos de la fiscalía, se hizo responsable del vació que había entre distintos momentos en que abrieron y cerraron la evidencia, incluso, todos declararon que trabajaron con copia del dispositivo, porque nunca vieron el original, y que el fiscal sólo les había entregado una copia.

En ese mismo orden de idea, quedó evidenciado, que hubo violación al debido proceso, en la realización de algunas diligencias de vigilancia y seguimiento, en las que los agentes, acreditaron la presencia y aprehensión de bienes, en residenciales privados, en los que para ingresar se requiere autorización judicial, o por lo menos el aval de la Junta Directiva del P.H.

En este juicio, también hubo algo muy interesante, que valió mucho para la decisión que tomó el Tribunal de Juicio Oral, me refiero a que, la investigación se basaba en seis (6) eventos o hechos ocurridos en distintos tiempos, modo y lugar, en los que se capturaron personas con droga, armas, dinero, algunas que aún estaban pagando condenas, otros, habían sido declarados, no culpables, pero que la fiscalía a través de las conversaciones telefónicas atribuía todos esos hechos, al principal investigado y, obviamente, a todos los que se relacionaban con él.

En otras palabras, la fiscalía estaba apostando a que ocurrieran dos milagros procesales, uno, que el Tribunal aceptara que se volvieran a juzgar nuevamente hechos que ya habían sido juzgados, y dos, que el Tribunal diera por probado las interceptaciones telefónicas, sin la prueba que avalara el proceder de la fiscalía.

Justamente, en el tema de las conversaciones telefónicas, recuerdo que fui uno de los abogados más incisivos, porque quería que quedara claro para todos los intervinientes, que, además de ser ilegal las interceptaciones de las comunicaciones, la fiscalía no tenía como probar que las voces que se escuchaban pertenencia a los acusados, porque no contrató a peritos expertos en voces para hacer la comparación entre las voz dubitada que se suponía tenía la fiscalía con la voz indubitada que se debía obtener posteriormente mediante procedimiento autorizado. Esta era la única manera para tener certeza, más allá de toda duda razonable, que es la misma persona que habló en ambos momentos, tanto cuando se grabó la voz dubitada, como cuando se grabó la indubitada. Amén que la fiscalía tampoco tenía la prueba irrefutable que los abonados interceptados eran de los acusados, y que sólo ellos hablaron a través de estos, porque, salvo el teléfono de mi cliente, el resto eran abonados prepagos, en los que no aparecía persona responsable.

Este fue un juicio que duro cinco (5) meses, así que, la mayoría del tiempo se fue en la evacuación o práctica de pruebas. En mi turno, cuando entramos a las otras pruebas, sólo quería que la perito contable de la fiscalía reconociera delante del Tribunal de Juicio Oral que, la fiscalía le había ordenado hacerle a mi cliente un informe patrimonial, y que para ello, le había entregado la fuente de información, que ella no había realizado por su cuenta ninguna diligencia para confirmar o descartar información, y que de haber tenido la información contable que se le estaba exhibiendo, sus conclusiones hubieran sido diferentes.

Haber logrado lo anterior, fue importante porque le abrió el espacio a nuestro perito contable, para presentar conclusiones diferentes, sustentadas en las evidencias que entraron como prueba, y que no tenía el perito de la fiscalía al momento de confeccionar el informe, las que acreditaban, que mi cliente tenía un patrimonio familiar, que no solamente justificaba, sino que, quedaba dinero en exceso, producto de otras actividades comerciales realizadas por la pareja.

La decisión de no culpabilidad de mi cliente, y del resto de los acusados, obviamente, se basó en los errores procesales, cometidos por la fiscalía, que le impidieron al Tribunal de Juicio Oral, entrar a valorar las pruebas practicadas, porque las mismas se habían obtenido, violando garantías fundamentales, pero también en un error estratégico del fiscal, en pensar que podía revisar hechos del pasado, ya juzgados, para atribuírselos a otras personas, y lograr condena, cuando esa posibilidad está cerrada, por lo menos, en un país democrático y respetuoso de los derechos humanos.

RECOMENDACIONES



• Cuando usted sea llamado a defender un caso, mantenga el equilibrio entre el problema, y lo que usted pueda lograr al inicio del proceso. Tenga presente, que un proceso se divide en etapas, así que, no ilusione a su cliente diciéndole que obtendrá un resultado que bien pueda ocurrir, pero en otra etapa del proceso, porque esa actitud, a corto plazo le restará credibilidad frente a su cliente. En este caso, la esposa de mi cliente llegó a mi Despacho con una cantidad de documentos relacionados a la evolución profesional y económica de la familia, diciéndome que con esa información, el fiscal iba a desechar la imputación porque el primer abogado que consultó le dijo que consiguiera las pruebas para presentarlas ante el Juez de Garantías en la audiencia de imputación, por supuesto que al escuchar que el mejor escenario para su esposo era logarle una medida cautelar distinta a la detención preventiva porque ese acto procesal no era para determinar culpabilidad o inocencia, ni para practicar pruebas, el primer abogado perdió total credibilidad frente al cliente, entonces, una sana recomendación es, de ninguna manera ilusione a su cliente ni créele falsa expectativa, es mucho mejor que éste con el transcurso de las etapas del proceso descubra a través de la evolución de su propio conocimiento que usted le ha dicho la verdad, a que compruebe que su abogado le ha mentido.


• Tengan siempre presente que, la intención del fiscal luego de presentar la imputación es lograr que su cliente quede en la cárcel, y frente a un escenario en donde no se puede aducir ni practicar pruebas, entonces, lo único válido que le queda al abogado es, dedicarse a demostrarle al Juez de Garantías que, su cliente tiene fuerte arraigo en la jurisdicción donde se lleva el proceso y que no representa un peligro para lo fines del proceso. En este caso yo les recomiendo reforzar esos argumentos con algunos indicios que se les puede correr en traslado al fiscal sobre los antecedentes conductuales del cliente y de su entorno familiar, ya que en ese acto lo que el Juez quiere escuchar, adicional a las pruebas que demuestran la comisión del delito y la vinculación en ese momento, es si el detenido puede o no puede hacerle frente al proceso sin necesidad de estar en prisión.


• En este caso, por ejemplo, la investigación era grande, de varios años de seguimiento, muchas personas aprehendidas, varios delitos imputados, pero la línea de vinculación de mi cliente, era sólo una, supuestamente, abastecer a la organización de los autos, así que, mi trabajo en ese momento, tenía que enfocarse, en ganarme la atención del Juez, para que entendiera que, vender autos, era a lo que mi cliente se ha dedicado por toda su vida; prueba de ello era que, mi cliente sólo aparecía en fotográficas tomadas en las instalaciones de su propia empresa, lo que aislaba la posibilidad que él tuviera otro contacto con el resto de los investigados. Creo que estos argumentos ayudaron mucho, más las evidencias de un fuerte arraigo de mi cliente en la ciudad de Panamá y de un entorno familiar de valores que en principio lo distanciaban de pertenecer a una organización criminal.


• Debo admitir que, en la audiencia intermedia, pese a algunas advertencias que les hicimos a los colegas de la defensa, se cometieron varios errores, el más significativo, fue que, la misma defensa hacía que el Juez mandara al fiscal a corregir sus errores, para admitir determinada prueba. Esta posición, además de favorecer al enemigo, iba en contra de la esencia o naturaleza de los juicios orales en el Sistema Penal Acusatorio, porque, el que más errores cometa, es el que estaría predestinado a perder. Debemos tener presente, que los jueces son meros árbitros, y no pueden, subsanar los errores de las partes. Bajo este concepto básico, a la defensa le servía que, las pruebas que se iban a evacuar o debatir en el juicio, fueran con todos los defectos, ya que, dentro del Juicio Oral, le sería muy difícil al fiscal corregirlas.


• Creo que, a pesar de toda la ayuda indirecta que se le dio al fiscal, por su arrogancia y pensamiento de sobreprotección, no presentó como prueba en la audiencia intermedia, las resoluciones con las que los jueces le habían ordenado escuchar las conversaciones privadas, es más, inclusive, presentó como testigos en lugar de aducirlos como peritos, a profesionales contables que tenían que sustentar en el juicio oral, trabajos periciales, Dos errores que impidieron que el Tribunal entrara al fondo de todas las pruebas, porque eran el fruto de un árbol envenenado, lo que le costó al fiscal la pérdida de un proceso de grandes dimensiones.

 












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