Caso 8

Empresarios de la Industria de la Construcción son acusados de la muerte de un obrero, quien falleció al caer del piso 13 de un edificio donde trabajaba.

DELITO: Delito Contra la Vida y la Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo (artículo 132 del Código Penal).

TEMA: El abogado debe apuntar primero antes de disparar. La clave estaba en la raíz de los hechos. Los primeros abogados se peleaban en ver como cada uno salvaba a su cliente, pero nosotros descubrimos la píldora que los salvo a todos.

RESULTADO: Logramos anular la imputación por homicidio culposo para todos los imputados, y así terminó la acusación mutua entre los empresarios, ya que en el mismo expediente estaba la prueba que demostraba que la víctima y el victimario, era la misma persona.

ANTECEDENTES DEL CASO

En marzo de 2008, la Fiscalía Auxiliar de la República, autorizó una Diligencia de Reconocimiento y Levantamiento del cadáver de una persona que había caído del piso 13 de un edificio en construcción, en Calle 54, Obarrio, Corregimiento de Bellavista, Distrito de Panamá.

El fallecimiento de esta persona se debió a que, al ser trabajador de la obra, intentó levantar por sí solo, una mesa de volado, con un tornillo, por lo que, al hacer el esfuerzo para mover la estructura de metal, perdió el equilibrio, y cayó al vacío porque no se había amarrado a la soga de vida que protege a los obreros, en la eventualidad de una caída.

La Fiscalía Auxiliar de la República realizó de oficio una serie de diligencias preliminares tendientes a comprobar la verdadera causa de la muerte del trabajador.

En esta dirección, el funcionario de instrucción llevó a cabo diversas Inspecciones Oculares, en las que intervinieron ingenieros expertos en procesos de construcción y Seguridad de Estructuras, de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como, otros profesionales, peritos planimétricos, fotógrafos forenses, etc.,

Concluida la fase preliminar de la investigación, el fiscal determinó que se había comprobado que la muerte del obrero, se había producido por la inobservancia del deber de cuidado, de parte de los empresarios; de esta manera consideró que los hechos acaecidos constituían el delito de Homicidio Culposo, tipificado en el artículo 132 del Código Penal.

El fiscal motivó la imputación del cargo de Homicidio Culposo, sobre la base de la obligación de la empresa constructora, en velar por la seguridad de sus trabajadores, no solamente con la provisión de elementos de seguridad, sino también con la debida supervisión para asegurarse que los trabajadores utilizaran los sistemas de seguridad.

Así las cosas, el fiscal consideró que la empresa no había actuado con la misma diligencia de un buen padre de familia, para evitar el trágico deceso, y seguidamente dispuso recibirle declaración indagatoria al presidente de la compañía constructora, y al ingeniero responsable de la obra, ya que era la persona que estaba encargada de velar por el fiel cumplimiento de las normas de seguridad en el proyecto inmobiliario.

Cuando llegamos al caso descubrimos que los primeros abogados se habían enfocado en una defensa individual, intentando cada uno excluir a su cliente, bajo el argumento de que la seguridad de la obra no estaba bajo la responsabilidad de ellos.

De esa forma visualizamos que el debate presente y futuro, se centraría en demostrarle a la autoridad competente, quien de ellos, era el responsable de la muerte del obrero.

Así observamos que las pruebas aportadas estaban encaminadas en acreditar los aspectos formales de constitución de cada empresa participante, y en los contratos firmados entre ellos, que hablaban de los derechos y obligaciones de cada parte.

En fin, la pretensión de los colegas era diferenciar a título personal, el nivel de vínculo de cada empresa, con el proyecto, para demostrar quién era el responsable de proveer los implementos de seguridad, y de supervisar, y vigilar su uso. En palabras sencillas, era un proceso dónde había varios jugadores pasándose la bola, para ver finalmente a quien le quedaba.

En vista de lo anterior, le dijimos a nuestro cliente que nosotros podíamos solucionar el problema para todos.

Le recomendamos que se reuniera con los responsables de cada empresa, y presentara nuestra propuesta de solución integral del caso.

La respuesta fue un sí, pero con mucho recelo; entendimos por la calidad de los abogados, que pertenecían a grandes firmas.

Consideramos que el error en que incurrieron los colegas que nos precedieron fue que empezaron a disparar sin antes apuntar primero al objetivo, ya que cuando realizamos el estudio del caso, nos dimos cuenta que la solución no estaba en determinar qué empresa estaba más comprometida con la construcción del edificio, ni con la administración de la obra, sino en demostrar que la responsabilidad del accidente debía recaer directamente en la misma persona fallecida.

En derecho penal existe una eximente de responsabilidad denominada “inexigibilidad de otra conducta” que básicamente quiere decir que a una persona no se le puede exigir responsabilidad por un hecho, cuando cualquiera persona en la misma circunstancia hubiera actuado de la misma manera.

Es decir, si en la obra estaban los implementos de seguridad, si regularmente los trabajadores lo utilizaban, y si había declaraciones que hacían responsable al difunto por su falta de previsión, entonces, el tema central era que, la fiscalía no tenía una causa probable, y que cualquier empresario diligente en la misma circunstancia, hubiera actuado de la misma forma, como lo hicieron estos empresarios, por lo que la solución era atacar la raíz o el origen del proceso que comenzó con la imputación de cargo a través de la providencia que dispuso la indagatoria.

En el expediente estaban todas las pruebas que en su conjunto demostraban que, el hecho criminal no existía, lo cual constituía la base para presentar ante el Juez de la causa, un Incidente de Controversia contra la Providencia que dispuso la imputación de cargo.

Por un lado, la Fiscalía Auxiliar de la República, había levantado todos los elementos de seguridad, encontrados en el sitio de la obra, tales como: cascos, botas, arnés, sogas, entre otros.

También había tomado varias declaraciones juradas a los obreros que trabajaban en el mismo lugar. Uno de los testigos dijo que el difunto siempre se colocaba la soga de vida, y el arnés, pero que él no comprendía qué le había pasado que en ese momento, se lo había quitado; el testigo opinó que probablemente su compañero pensó que lo que iba a hacer, no era riesgoso como para asegurarse, o que simplemente se confió.

Esta declaración era muy valiosa porque abonada al criterio de buena diligencia de los empresarios, pero también respaldaba el razonamiento que el difunto había actuado negligente, y descuidadamente, ya que todos los obreros podían acceder a cada uno de los elementos de seguridad provistos por la empresa.

Así las cosas, la discusión se trasladaba al plano de “la supervisión”.

En este sentido, la fiscalía había recabado pruebas suficientes para demostrar, que estaban presentes los mínimos elementos utilizados para la seguridad de los obreros, pero no había ahondado lo suficiente para determinar el nivel de supervisión que había realizado la empresa, pero frente a la debilidad de la fiscalía para acreditar este evento, existía la declaración jurada del obrero que dijo que, él y sus compañeros habitualmente utilizaban los instrumentos de seguridad, por lo que la existencia de los elementos de protección, y la declaración del trabajador, eran elementos que debían contribuir para que cualquiera autoridad judicial le diera primacía al principio de presunción de inocencia, ya que, si los trabajadores eran celosos en la utilización de los instrumentos de seguridad, este hecho, se podía interpretar que ellos utilizaban los mismos, debido a la presión que sobre ellos, ejercía la empresa.

Sobre el tema de la supervisión relacionado con la debida diligencia de un buen padre de familia le hicimos al juez la comparación con el ADN de todo buen padre de familia, en cuanto a su satisfacción de proveer vivienda, alimentación y salud a sus hijos, así como ser el primer protector de seguridad.

Pero en cuanto a la supervisión, a pesar que, al inicio es completa, la misma empieza a descender, en la medida que los hijos van entrando a la edad de madurez.

No es lo mismo supervisar a un bebe 0 a 5 años que a un niño de 5 a 10, y así sucesivamente. Acierta edad, el padre se convierte en más proveedor y protector que en supervisor, porque cree que sus hijos van adquiriendo la capacidad para controlar sus propios actos.

Esta analogía con el obrero que sufrió el accidente, ilustra el hecho que él no necesitaba mucha supervisión, porque era un adulto con pleno conocimiento sobre el peligro que implicaba, no usar los elementos de seguridad y protección que le había suplido el empleador.

En el expediente estaba acreditado que el trabajador tenía a su disposición el equipo de seguridad, y no lo uso; no espero a sus compañeros para realizar la maniobra; no uso las herramientas adecuadas; la empresa cumplía con los requisitos mínimos de seguridad, exigidos para este tipo de construcciones; entonces, el único negligente fue el propio obrero en contra de sí mismo.

La ley exige que para formularle a una persona la presunta comisión de un hecho criminal, el funcionario de instrucción, primeramente, debe comprobar el delito y tener algún medio de convicción o indicio que relacione a la persona con el delito previamente comprobado.

En lo personal, siempre he creído que se debe indagar a quien ha cometido un delito, y no dictar imputaciones como para pescar en rio revuelto a ver que se encuentra.

En este caso, ni siquiera el hecho criminal se había establecido, entonces, el fiscal no debió imputar cargo por el delito de Homicidio Culposo, sino solicitar el archivo del expediente con solicitud de sobreseimiento provisional.

El Recurso de Incidente de Controversia, fue rechazado en primera instancia, sobre la base que, los investigados ya habían rendido declaración indagatoria, y el expediente, se había enviado al Tribunal competente con vista fiscal. Es decir, que habíamos accionado fuera de término.

En la apelación entre otros argumentos, explicamos que, la emisión de una vista fiscal, que le pone fin a la investigación, es un acto procesal, de obligatorio cumplimiento por parte el fiscal, pero ese hecho, tiene que rendirse ante una evidente violación de rango constitucional, ya que, imputar un cargo penal, sin comprobar el delito, es prohibido por la constitución, en el artículo 32, y el reconocimiento de las transgresiones constitucionales, no está sometida a términos, ni a actos procesales dentro de una investigación.

Es decir, el acto violatorio de una garantía constitucional, no desaparece con la llegada del expediente penal a los estrados del poder judicial, para los trámites de rigor.

El Tribunal de Apelaciones, compartió nuestros argumentos, y mediante Auto No. 14 de Segunda Instancia, del 13 de agosto de 2010, revocó el auto apelado, y en consecuencia, admitió el incidente de controversia, con el que dejó sin efecto la resolución que ordenó la declaración indagatoria a estos ejecutivos de la construcción.

De esta manera le pusimos fin a un proceso, que se encaminaba a generar una disputa legal, entre los accionistas de las distintas empresas que participaban en el proyecto de construcción.

RECOMENDACIONES


• Es recomendable que el abogado estudie el alcance en material civil, del concepto de un buen padre de familia, porque le ayudará en el análisis de procesos por delitos culposos.


• En una investigación en contra de varias personas, aunque su cliente sea uno, revise la situación jurídica de todos, porque la solución puede estar en una defensa conjunta.


• Así como el ADN de todo buen padre de familia, es proveer y proteger a su familia, el ADN de todo buen defensor, debe ser proteger y defender con ahínco a su cliente.


• Tenga un listado de los distintos recursos que se utilizan en los procesos penales, esto le ayuda a disparar con mayor seguridad.


• Si desea ser un buen abogado, debe invertir tiempo en leer fallos o sentencias sobre la materia deseada de los Tribunales Superiores, las salas y del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Este ejercicio le ayudará a crear un buen vocabulario jurídico, pero también ideas, argumentos, y a saber seleccionar el mejor recurso para su defensa. Recuerde que la rueda ya fue inventada, póngala a rodar.

 












marketing digital en panama OROBIO OROBIO OROBIO OROBIO
OROBIO